El consorcio integrado por Rowing S.A., Transclor, Arcos Saneamento e Participações y PHX Aqua quedó primero en la licitación para quedarse con el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), luego de presentar una oferta de US$ 340,2 millones frente a los US$ 285 millones del grupo encabezado por Roggio, según confirmó el Ministerio de Economía. La operación devuelve el servicio de agua potable y cloacas del Área Metropolitana de Buenos Aires a manos privadas veinte años después de la salida de la concesionaria Aguas Argentinas, y coloca al frente de la compañía a un grupo empresario con presencia previa en infraestructura, energía, productos químicos, servicios públicos y negocios vinculados al Estado.
La propuesta ganadora quedó además por debajo de la expectativa de ingresos que había manejado el Gobierno durante el proceso, ubicada entre US$450 millones y US$500 millones según distintas estimaciones oficiales y periodísticas. La diferencia entre las dos ofertas fue de US$55,2 millones, mientras que el nuevo operador deberá asumir un programa de inversiones de US$1.940 millones durante los primeros cinco años y de hasta US$15.040 millones a lo largo de los 30 años iniciales de la concesión.
Uno por uno, quiénes son los nuevos dueños de AySA
El grupo que quedó primero tiene una composición que combina capitales argentinos, una empresa brasileña especializada en saneamiento y un vehículo financiero radicado en los Países Bajos. La estructura formal presentada ante el proceso licitatorio está integrada por Rowing S.A., Arcos Saneamento e Participações S.A., Transclor S.A. y PHX Aqua AR B.V., según consta en la resolución 1722/2026 del Ministerio de Economía que habilitó a ambos consorcios a avanzar a la apertura de las ofertas económicas.
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La participación de cada integrante no surge de la resolución oficial que habilitó las ofertas, pero información publicada después de la apertura económica ubica a PHX Aqua como el principal aportante de capital, con una participación del 55%, seguida por Rowing con el 20%, Arcos con el 15% y Transclor con el 10%. Esa composición deberá ser contrastada con la documentación societaria definitiva que se presente para completar la operación.
La estructura muestra, de ese modo, una combinación entre quienes aportan financiamiento, quienes tienen experiencia técnica en la operación del servicio y quienes ya mantienen relaciones comerciales con AySA o con empresas que dependen de la actividad de la compañía.
Walter Román, el empresario de Rowing
La cara local del consorcio es Walter Román, propietario de Rowing, una compañía argentina dedicada a la ingeniería, construcción y servicios industriales. Su actividad abarca infraestructura energética, obras civiles, telecomunicaciones, proyectos ferroviarios y saneamiento urbano, además de trabajos para empresas de servicios públicos. El propio consorcio presentó a Rowing como una compañía con más de tres décadas de experiencia en infraestructura a gran escala y con más de 3.000 trabajadores.
Román llega a la licitación de AySA con una trayectoria empresarial vinculada a contratos y servicios para el Estado. Uno de los antecedentes que cobró relevancia durante el proceso fue la participación de empresas relacionadas con él en el financiamiento de La Libertad Avanza. Según información publicada durante la licitación, firmas vinculadas al empresario realizaron aportes por $40 millones a la campaña del espacio que llevó a Milei a la Presidencia.
El vínculo entre los negocios de Román y el Estado también aparece en Urbano Express, una empresa de servicios logísticos y postales de la que es accionista mayoritario. La firma ganó en 2025 una licitación del PAMI para la provisión y distribución de pañales para adultos mayores. El procedimiento fue posteriormente cuestionado y dio lugar a denuncias por presunto direccionamiento y sobreprecios, mientras que la documentación sobre la composición accionaria mostró además una participación del Grupo Clarín en la compañía.
Otro integrante de la familia, Leandro Román, aparece vinculado al negocio de la Hidrovía a través de Servimagnus, tal como consta en la resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos. Se trata de otro sector de infraestructura estratégica en el que participan empresas privadas a partir de concesiones o contratos otorgados por el Estado. La llegada de Rowing a AySA extiende entonces hacia el servicio de agua potable y saneamiento una trayectoria empresarial que ya tenía presencia en distintos segmentos de infraestructura y servicios públicos.
Mauricio Filiberti: del cloro al control de AySA
El segundo nombre central es Mauricio Filiberti, dueño de Transclor y uno de los empresarios que más directamente conocen el funcionamiento de AySA desde antes de la privatización. La compañía química es proveedora de insumos utilizados para la potabilización del agua y, desde 2009, comercializa el policloruro de aluminio, un producto utilizado en el proceso de tratamiento. El dato adquiere relevancia porque Filiberti pasa de ocupar el lugar de proveedor de la empresa estatal a integrar el consorcio que busca controlar su operación.
El empresario comparte con José Luis Manzano y Daniel Vila el control de Edenor, la principal distribuidora eléctrica del AMBA. AySA, a su vez, se encuentra entre los grandes consumidores de electricidad de la región. Sin embargo, en esta licitación, Filiberti se presentó separado de Manzano y Vila.
Si, tal como se espera, la operación termina de formalizarse, el mismo grupo empresario tendrá participación en una compañía que provee electricidad a AySA y, simultáneamente, en la empresa que utiliza esa energía para prestar el servicio de agua y cloacas. La regulación y los mecanismos de control previstos en el contrato adquieren por eso una importancia particular en la supervisión de las operaciones entre compañías vinculadas.
Arcos, la pata brasileña
El tercer integrante es Arcos Saneamento e Participações, una empresa brasileña vinculada al Grupo Equipav. Su función dentro del consorcio será la de operador técnico, un componente central de la propuesta porque aporta experiencia específica en la prestación de servicios de agua y saneamiento. Arcos opera Águas do Rio, una de las principales concesionarias de saneamiento de Brasil. Según información publicada durante el proceso de AySA, la compañía tiene experiencia en la atención de más de 39 millones de usuarios distribuidos en numerosos municipios y estados brasileños.
La participación brasileña marca una diferencia respecto de Rowing y Transclor. Mientras las dos empresas argentinas tienen una trayectoria previa en infraestructura, proveedores y servicios públicos dentro del país, Arcos aporta experiencia internacional específica en el negocio sanitario. En el diseño de la privatización, esa experiencia fue presentada como respaldo técnico para la operación de la concesión. Aguas Argentinas estuvo controlada desde 1993 por un consorcio encabezado por la francesa Suez hasta la rescisión del contrato en 2006 y el regreso de la empresa al control estatal durante el gobierno de Néstor Kirchner.
PHX Aqua y el capital financiero: de Curaçao al AMBA
El cuarto integrante es PHX Aqua AR B.V., un vehículo de inversión constituido en los Países Bajos. A diferencia de Rowing, Transclor y Arcos, no se presenta como una empresa operativa dedicada al servicio de agua, sino como el componente financiero de la alianza.
La información publicada después de la apertura de los sobres señala que PHX Aqua tendría la mayor participación dentro de la estructura, con el 55% del capital. Según esa reconstrucción, el vehículo fue constituido en Londres en agosto de 2026, poco antes de la presentación de las ofertas, y estaría controlado por Phoenix Global Investment Fund, un fondo constituido en Curaçao, según se puede confirmar en Open Corporates.
Ese origen financiero explica una de las características centrales del modelo elegido por el Gobierno: el Estado vende el 90% de las acciones de AySA, mientras que el consorcio privado debe conseguir el capital necesario no sólo para pagar la adquisición sino también para afrontar el programa de obras comprometido durante las próximas décadas.
El control de la empresa no queda únicamente en manos de empresarios argentinos con actividad previa en el sector, sino que incorpora capital financiero internacional cuya estructura final deberá conocerse con precisión a medida que avance la formalización de la concesión.