La Armada Argentina radicó una denuncia penal ante el Juzgado Federal N° 2 tras detectar un presunto esquema sistemático de corrupción interna en el proceso de liquidación de haberes que involucra 645 acreditaciones indebidas por un monto de $981.148.567,88. La maniobra ilegal, registrada entre julio de 2022 y enero de 2026, benefició a 23 personas mediante la alteración de registros bancarios antes del envío de los lotes de pago al Banco de la Nación Argentina.
En las primeras instancias de la investigación, fuentes oficiales consultadas por El Destape admitieron la existencia de una investigación interna dentro de la fuerza militar, aunque se negaron a brindar mayores precisiones sobre si el perjuicio económico en análisis podría ser de mayor envergadura.
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De acuerdo con la presentación judicial firmada por el jefe de Administración Financiera de la fuerza, Capitán de Navío Contador Carlos Alberto Castro Maggio, la maniobra se ejecutaba en un tramo crítico del circuito de pagos. El mecanismo consistía en modificar manualmente los archivos destinados a las transferencias bancarias para inflar montos o incorporar beneficiarios sin liquidaciones legítimas.
"Se verificaron alteraciones efectuadas con posterioridad al proceso ordinario de liquidación cuyo efecto fue incrementar transitoriamente determinados importes", consta en la presentación realizada por la Armada a la que tuvo acceso este medio.
Posterior a la generación del archivo para la entidad bancaria, los registros digitales se restauraban a sus valores originales para evitar que las inconsistencias quedaran expuestas en los recibos de sueldo publicados en la plataforma Haberes-Web. Estas acreditaciones irregulares se camuflaban mensualmente dentro del proceso masivo de acreditación salarial que abarca a más de 24.000 agentes de la institución.
El rol del principal acusado y el desvío a familiares
La auditoría interna determinó que un grupo de cuatro personas ajenas a la Armada Argentina recibió 184 acreditaciones indebidas por un total de $434.200.718,04, cifra que representa el 44,25 % del monto desviado. La mayor beneficiaria individual fue María del Carmen Prieto, quien percibió $152.259.495,86 a través de 46 transferencias. Prieto es la cónyuge del entonces jefe del Departamento Revista, Capitán de Navío Contador Ariel Baltasar Atanasoff, señalado en la denuncia como el organizador del esquema.
Tras confirmarse en agosto de 2026 el vínculo matrimonial con una de las principales receptoras de los fondos, el oficial fue relevado preventivamente de sus funciones y se resguardaron sus equipos informáticos. Además, la causa investiga cobros irregulares a personal militar, transferencias en el país a favor de un capitán de corbeta destinado en el exterior y pagos a su cónyuge mientras se encontraba con licencia sin goce de haberes.
"Conocí las acreditaciones. El mecanismo era manual. Era para favorecer a las personas investigadas. Yo decidía las operaciones, los beneficios y los importes. Todo el mecanismo lo ejecutaba yo. Nadie participaba en las decisiones", dijo Atanasoff en una declaración interna en la Armada, según informaron fuentes judiciales a El Destape.
Hasta la radicación de la acción penal, diversos involucrados realizaron restituciones por un total de $42.574.267,63, lo que deja un saldo remanente pendiente de devolución por $938.574.300,25. Las autoridades precisaron en el expediente que los reintegros efectuados no modifican la cuantificación del monto histórico denunciado, exponiéndose separadamente en el reporte contable.
La Armada Argentina emitió un comunicado de prensa en la que confirmó el inicio de las actuaciones administrativas internas y la radicación de la denuncia en el Juzgado N° 2 a fin de esclarecer las responsabilidades penales.
En el parte oficial, la fuerza remarcó: “La correcta administración de los recursos públicos constituye un compromiso indeclinable para el Ministerio de Defensa, del cual depende la Armada Argentina. Existe tolerancia cero frente a cualquier irregularidad en su manejo y se adoptarán todas las medidas que correspondan para determinar responsabilidades y garantizar el cumplimiento de la ley”.