En el marco de las protestas contra del gobernador Raúl Jalil, una movilización docente en Catamarca derivó en una causa judicial contra uno de los referentes de los trabajadores autoconvocados. “Es un intento claro de amedrentar y generar un clima adverso entre los docentes, en un período en que están emergiendo los reclamos por las políticas de desmantelamiento educativo del gobierno provincial y nacional”, reflexionó el docente Bruno Corzo a Tiempo Argentino, quien rechazó la acusación, presentó un pedido de sobreseimiento y denunció que la causa busca generar temor entre los trabajadores de la educación.
Bruno Corzo fue imputado por la Justicia Federal por “entorpecimiento del tránsito”, luego de una manifestación realizada el 7 de marzo sobre la Ruta Nacional 38. Esto se produjo en medio de una serie de reclamos protagonizados por docentes autoconvocados de Catamarca, que cuestionan las condiciones salariales y las políticas educativas de la provincia y del Gobierno nacional.
La acusación fue impulsada de oficio por el fiscal federal Santos Reinoso, quien imputó al docente bajo el artículo 194 del Código Penal. La causa se inició a partir de un acta confeccionada por Gendarmería durante la jornada de protesta realizada en el Valle Central. Corzo cuestionó la reconstrucción de los hechos realizada por los efectivos y sostuvo que durante la manifestación no se interrumpió completamente la circulación vehicular y que mismo no fue alertado por la fuerza federal.
Uno de los antecedentes recientes fue la movilización del 2 de marzo de 2025, durante un paro nacional de 48 horas. En aquella oportunidad, trabajadores de la educación marcharon hacia la Casa de Gobierno para reclamar contra un decreto que modificaba el sistema de otorgamiento de cargos y cuestionaban sus efectos sobre la estabilidad docente. Tras aquella protesta, el gobernador Raúl Jalil derogó el decreto cuestionado por los trabajadores de la educación.
Para Corzo, su situación judicial debe ser entendida como parte de la respuesta frente a los reclamos que vienen creciendo entre los docentes. “Mi caso genera una sensibilidad y hace evidente que el gobierno quiere restringir el derecho a la protesta por vía judicial. Esto tiene que servir para que quede claro que la protesta es un derecho fundamental y una conquista de los trabajadores para enfrentar los atropellos del poder político; un derecho que debe ser defendido por encima de las divergencias en las conducciones gremiales o políticas”, detalló Corzo.
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“El fiscal actuó de oficio apoyado en un acta que labró Gendarmería el 7 de marzo durante la protesta. En esa jornada se hicieron dos cortes de ruta simbólicos, no se detuvo el tránsito en ningún momento. Ni los efectivos de Gendarmería ni los de la policía provincial nos llamaron la atención, ni nos informaron sobre algún delito, incluso, ellos mismo pusieron conos y ordenaron el tránsito”, explica.
El docente también negó haber sido señalado como responsable de organizar la protesta. “A priori, Gendarmería tergiversó los hechos porque dice que me identifiqué con nombre y apellido y como ideólogo del corte de ruta, lo que absolutamente falso”, afirmó.
El pedido de sobreseimiento
El 26 de agosto, Corzo se presentó ante el Juzgado Federal N° 1 de Catamarca. En esa instancia formalizó un pedido para que se dicte su sobreseimiento y se archive la causa. La situación generó además una reacción de organizaciones sociales, políticas y gremiales, que impulsaron una campaña y un petitorio para reclamar el “sobreseimiento, el archivo de la causa y el cese de la persecución a la docencia autoconvocada de Catamarca”.
Corzo tiene 37 años, y se desempeña en el dictado de clases en escuelas rurales. Durante la última década trabajó como docente de nivel secundario y terciario en las materias Filosofía y Ética. “Tengo actividad pública más allá de lo gremial; formo parte de Política Obrera y soy candidato a legislador provincial. No tengo dudas de que hubo un seguimiento por parte de la cúpula policial y del poder político”, sostiene.