Es lo que en la literatura económica se denomina “transferencia de recursos”. Las resoluciones tomadas por el Gobierno son el ejemplo que mejor ilustra el concepto: suspendió la implementación de la ley de discapacidad al mismo tiempo que eliminó las retenciones a las exportaciones del agro hasta octubre. En total, se trata de 2,6 billones de pesos que se dejará de percibir (reduce ingresos tributarios) en concepto de derechos de exportación, un monto equivalente al ajuste (recorta el gasto) que aplica –porque él asegura que el Ejecutivo no tiene plata- en financiamiento educativo, en emergencia pediátrica y más de la mitad del costo fiscal de ley de Discapacidad.
Quitarle el dinero a los discapacitados y al Garrahan para dárselo en quita de impuestos a las grandes exportadoras de granos es de una crueldad sin precedentes. Pero hacerlo sólo para llegar a octubre con alguna chance electoral roza lo sádico. Especialmente, por los tiempos en que se aplican el recorte y la baja de impuestos. No sólo son equivalentes los montos entre lo que le quita a los sectores más postergados para dárselo a los grupos concentrados, sino que el costo en el primer caso es el resultado de su aplicación anual, mientras que la pérdida de recaudación por la eliminación de retenciones es en un mes.
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Guiados por la desesperación
En las últimas semanas la presión sobre el tipo de cambio se intensificó y los “campeones” inundaron la plaza financiera aspirando cuanto dólar estuviera disponible. La cotización de la divisa superó el techo de la banda de intervención y el Banco Central debió intervenir para evitar una mayor disparada. En tres días vendió 1.110 millones de dólares, de los casi 6.000 millones que tiene disponibles para operar en el mercado. El ritmo de ventas fue exponencial. El miércoles pasado vendió 53 millones de dólares; el jueves, 379 millones y el viernes, 678 millones. De mantenerse esta tendencia, en dos semanas el Central se quedaba sin reservas disponibles, quedándole otras dos para las elecciones.
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Este lunes buscó un golpe de efecto en el mercado. Por un lado, asegurando que no movería de la supuesta disciplina fiscal -aunque la disciplina también implica mejorar la recaudación; algo que obvia este gobierno anarco capitalista- y otra vinculada a generar una mayor oferta de dólares. En medio, mensajes por redes desde Estados Unidos (tanto desde el Tesoro como desde el FMI) asegurando que “todo está bien” y, contradictoriamente, que habría “auxilio” de parte de ellos para equilibrar la economía.
Como a la dupla que integran el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, le urgen los dólares fueron al único reducto donde quedan divisas por ingresar: el agro. El Gobierno confirmó que vuelven las retenciones cero para los granos hasta el 31 de octubre o hasta alcanzar un monto de 7.000 millones de toneladas para todos los cereales y oleaginosas. "La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos", expresó el vocero Manuel Adorni en su cuenta de X (ex Twitter).
El Decreto 526, de julio pasado, dispuesto una reducción de retenciones del 20 por ciento para la cadena de granos y del 26 por ciento para la cárnica. Así, las alícuotas de maíz y sorgo bajaban del 12 al 9,5 por ciento, mientras que para el complejo girasol los derechos de exportación quedaban en 5,5 por ciento para el grano (frente al 7 por ciento anterior) y en 4 por ciento para sus subproductos. En el caso de la soja, la tasa sobre el grano pasaba del 33 al 26 por ciento y la de los derivados, del 31 al 24,5 por ciento. En tanto, el trigo y la cebada mantenían una alícuota del 9,5 por ciento. Todas estas quedarán en cero durante un mes.
En el sector estiman que restan por liquidar de la campaña anterior hasta fin de año 9.950 millones de dólares, de las cuales el Gobierno espera que 7.000 las ingresen en este mes que resta hasta las legislativas. Sólo tomando el caso de la soja, principal cultivo exportable, con una retención actual de 26 por ciento, el Gobierno dejaría de recaudada 1.820 millones de dólares. En pesos, a un tipo de cambio actual de 1.466 pesos, es equivalente a 2,6 billones de pesos en un mes, que dejarán de pagar los grandes grupos exportadores: Cargill, Bunge, COFCO, AGD, ACA, Molinos, Viterra, entre otras.
Lo pagan los más vulnerables
El mismo día que benefició a las exportadoras, el Gobierno suspendió la aplicación de la ley de Discapacidad, cuyo costó fiscal anual es cercano al regalo a los sojeros, inferior a los 3 billones de pesos. De acuerdo con las estimaciones realizadas por la Oficina de Presupuesto de Congreso (OPC), la posibilidad de aumentar el número de beneficiarios por nuevas altas entre 493.000 y 946.000 personas, según distintos escenarios. Esto implicaría un refuerzo fiscal que parte de los 2,4 billones de pesos, ampliable a 4,3 billones.
La iniciativa busca asegurar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de jerarquía constitucional, a través de una serie de medidas de alcance normativo, institucional y presupuestario y en el marco de una emergencia dispuesta hasta fin del 2027. Entre otras condiciones con impacto económico inmediato, el proyecto propone una modificación de las condiciones para acceder al beneficio y sostenerlo y el incremento de aranceles a prestadores.
El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, tras el rechazo del veto presidencial por parte del Congreso. La norma fue publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 681/2025, pero su ejecución quedó suspendida hasta que se definan las fuentes de financiamiento y se incorporen las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional, algo que estaba previsto en la normativa pero el Ejecutivo lo esgrime para pausar su ejecución.
Otras leyes que veta o no cumple, y que podrían financiarse con la eliminación de retenciones, se suman la Emergencia Sanitaria Pediátrica y el de Financiamiento Educativo. El proyecto de ley en revisión dispone la emergencia en la asistencia sanitaria pediátrica por dos años como marco legal para la inmediata asignación de recursos vía reasignación de fondos y uso de reservas, incluida la recomposición salarial del personal público afectado a esta prestación y la eximición del Impuesto a las Ganancias para ciertos rubros remunerativos.
El proyecto de ley dispone la emergencia en la asistencia sanitaria pediátrica por dos años como marco legal para la inmediata asignación de recursos vía reasignación de fondos y uso de reservas, incluida la recomposición salarial del personal público afectado a esta prestación y la eximición del Impuesto a las Ganancias para ciertos rubros remunerativos. Equiparar las remuneraciones de personal destinado a la asistencia pediátrica (asistencial y no asistencial) y residentes al nivel salarial de noviembre de 2023 implicaría un gasto adicional de la Nación entre julio y diciembre de 65.573 millones de pesos. Anualizada esa erogación alcanzaría 133.433 millones, según la OPC.
En el caso de la proyecto de Financiamiento Universitario, el impacto presupuestario para este año sería de 1,9 billones de pesos, equivalentes a 0,23 por ciento del PIB. Entre los puntos cuantificables, la propuesta parlamentaria prevé una recomposición presupuestaria para gastos de funcionamiento y actualizaciones periódicas en base al índice precios al consumidor, la recomposición de salarios docentes y no docentes y la actualización automática de becas estudiantiles. El ajuste de becas según lo sugerido implicaría un mayor gasto en el ejercicio por 1,1 billones de pesos, la mayor de las erogaciones calculadas, según el mandato de la iniciativa.
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