Durante los primeros nueve meses de este año, la administración Milei transfirió apenas 4,2 millones de dólares para los programas de integración sociourbana. Esto representó el 0,2% de la inversión anual requerida. Bajo el falaz argumento de la eficiencia económica y el orden macroeconómico, La Libertad Avanza exacerbó su pulsión de discriminación ideológica al dejar sin políticas públicas a 6467 barrios populares en los que viven 5,3 millones de personas.
De acuerdo a un informe de la organización Fundar, el 92% de los barrios populares de la Argentina carece de conexión formal al agua, más del 98% no cuenta con acceso formal a la red de gas natural, el 97% no tiene acceso formal a red cloacal y el 66% depende de conexiones eléctricas irregulares o informales. Es más: durante el segundo trimestre de este año, estos indicadores empeoraron, según un relevamiento realizado por el Indec. La administración Milei roza con el abandono sistemático de millones de personas. ¿No sería éste un causal justo de Juicio Político?
En lo que respecta a la integración socio urbana, desde Fundar elaboraron un posible mapa a seguir, con el eje puesto en la creación de las condiciones materiales para involucrar a la comunidad de cada barrio popular en la regularización de la tenencia de su vivienda bajo condiciones digas de vida.
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Milei discrimina
En mayo de este año, a través del Decreto 312/25, la administración Milei disolvió el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) en una clara acción de discriminación ideológica hacia vastos sectores populares que se habían beneficiado con la inversión pública financiada a través de este fondo, creado durante la administración del Frente de Todos.
La política de integración sociourbana fue una herramienta que trascendió diferentes gobiernos, hasta la llegada de Milei y sus ministros de la crueldad. Según la organización Fundar, entre 2016 y 2023 “se construyeron consensos e instituciones alrededor de este tema, lo que se plasmó en la Ley de Barrios Populares Nº 27.453/18, el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y mecanismos financieros especialmente diseñados para acelerar los procesos de integración (como el Fondo de Integración Sociourbana, FISU)”.
¿Cuál fue el daño impartido por la administración Milei al recortar casi en su totalidad los recursos económicos vinculados a la integración socio urbana? Según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), existen 6467 barrios que se distribuyen territorialmente en 1060 localidades y están presentes en todas las provincias. En ellos viven 1.237.795 familias (más de 5,3 millones de personas), lo que equivale al 11% de la población argentina.
La provincia de Buenos Aires concentra casi la mitad de la población en barrios populares (47,6%); entre los 10 municipios con más barrios populares, 6 son de Buenos Aires y uno de CABA (la Comuna 8, integrada por los barrios de Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano). En conjunto con Santa Fe, CABA, Misiones y Chaco, representan más del 70% del total de habitantes.
El diagnóstico es claro: el 92% de los barrios populares de la Argentina carece de conexión formal al agua, más del 98% no cuenta con acceso formal a la red de gas natural, el 97% no tiene acceso formal a red cloacal y el 66% depende de conexiones eléctricas irregulares o informales. El 70% de los barrios está expuesto al menos a un factor de riesgo ambiental (como inundaciones, basurales a cielo abierto o contaminación de cuerpos de agua). Durante el segundo trimestre de este año, varios de estos indicadores se agravaron en la comparación interanual.
El FISU se había creado en 2019, tras la asunción del Frente de Todos. Su principal fuente de financiamiento provino de impuestos de afectación específica como el “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” (Ley N° 27.605) y el “Impuesto PAÍS” (Ley N° 27.541). Hasta fines de 2023 un 15% del impuesto a las grandes fortunas y un 9% del Impuesto País se dirigió directamente a este programa.
Según el Monitor de Obras de Integración Socio Urbana, estos recursos permitieron realizar obras de infraestructura en más de 1300 barrios, incluyendo redes y conexiones eléctricas, agua, cloaca, gas, calles, veredas, alumbrado; equipamientos comunitarios, espacios verdes, entre otras; 109 obras de lotes con servicios y más de 250.000 mejoramientos de vivienda distribuidos en más de 5000 barrios. Obviamente, los fondos no fueron suficientes para resolver toda la problemática de infraestructura socio urbana. Milei directamente eliminó esos recursos.
De acuerdo al informe de la organización Fundar, la inversión necesaria estimada para resolver la brecha de infraestructura es de más de 27.000 millones de dólares. “La inversión anual requerida (en un plazo de 12 años) es de 2.250 millones de dólares. El financiamiento otorgado a la política de integración sociourbana en los últimos años ha sido insuficiente para cubrir el déficit estructural. Tomando en cuenta los 6467 barrios que existen en la actualidad (de acuerdo a la superficie ocupada informada por la SISU) la inversión necesaria para cerrar la brecha de infraestructura asciende a más de 27.000 millones de dólares”, puede leerse en el informe citado.
Con Milei, el abandono se apoderó de los más 6400 barrios populares. En lo que va de 2025, el gasto en programas de integración sociourbana fue de apenas 4,2 millones de dólares, el 0,2% de la inversión anual requerida.
Propuestas para la mejor integración socio urbana
La crueldad no podrá durar para siempre. ¿Cuál es el plan de infraestructura socio urbana que debería discutirse una vez que la administración Milei deje el Poder Ejecutivo?
“En el contexto actual, resulta urgente retomar, profundizar y acelerar la política de integración sociourbana con la implementación de un plan nacional de infraestructura en barrios populares, a partir de la definición de variables estratégicas y de criterios que orienten la intervención; mejorar los mecanismos que brinden seguridad en la tenencia para los residentes de los barrios; e innovar en materia de financiamiento para aumentar la escala y la velocidad de las intervenciones sociourbanas”, indicaron desde Fundar.
La tenencia de la tierra es clave. Allí juega un rol el Certificado de Vivienda Familiar. ¿Y por qué no pensar en la extensión de la posesión comunal de la tierra? Lo que se discute es el concepto de la propiedad privada.
La estadística indica que más del 99% de los barrios populares se encuentra en condiciones de inseguridad en la tenencia de la tierra. “Esta condición obstaculiza la inversión pública y privada en infraestructura, impide que las familias accedan a créditos y subsidios para mejorar sus viviendas y expone a los habitantes a riesgos de desalojo”, indicaron desde Fundar.
El proceso de regularización mediante entrega de escrituras traslativas de dominio es insuficiente para garantizar la integración social y urbana de las familias. En esta línea, ¿por qué no pensar en estrategias alternativas acorde a la escala de la problemática, que se apoyen en los instrumentos ya desarrollados (como el Certificado de Vivienda Familiar) pero amplíen su alcance?
Garantizado el acceso de la tierra, un proyecto de infraestructura socio urbana debería incluir diferentes fuentes de financiamiento. El documento de Fundar cita algunas posibilidades:
- Aprovechamiento de fondos existentes: explorar la posibilidad de inversión por parte del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) y Fondos Comunes de Inversión (FCI), incluyendo los Fondos Comunes de Inversión Verdes y Sustentables.
- Generación de ingresos por parte de gobiernos subnacionales y locales: impulsar la contribución de municipios y provincias a través de la captación de plusvalías urbanas y la mejora de la eficiencia en el cobro del impuesto a la propiedad.
“Resulta necesario fortalecer estrategias de regularización no centradas en la escritura, y adecuadas al contexto específico de los barrios populares. Los organismos internacionales refieren a la seguridad de la tenencia como un conjunto de relaciones con respecto a la vivienda y a la tierra, establecido en el derecho codificado o consuetudinario, o mediante acuerdos no oficiales o híbridos”, concluye el documento de Fundar.
MÁS INFO
Todo mal con Milei
En la Argentina de La Libertad Avanza se incrementó la cantidad de hogares que no acceden a la red de agua potable (toman agua de pozo), gas o cloacas. Al primer semestre de este año, los datos oficiales indican que miles de personas fueron empujadas a vivir en zonas cercanas a un basural o regiones inundables. Así se desprende del último informe Indicadores de Condiciones de Vida que publica el organismo oficial.
El dato oficial indica que al primer semestre de este año el 12,1% de los hogares poseía condiciones de saneamiento insuficiente; esta situación afectó al 14,5% de la población. Un año atrás, las malas condiciones de saneamiento afectaban al 12,6% de los hogares.
Una mirada rápida sobre este dato podría arrojar la (errónea) conclusión de una mejora en las condiciones materiales de vida de la población. Pero al desagregar la información del propio documento oficial, se evidencia todo lo contrario.
Por ejemplo, en cuanto a la disponibilidad de agua dentro de la vivienda, se registró que el 8,5% de los hogares accedía solamente al agua de pozo, extraída con una bomba motor. Esta situación afectaba al primer semestre del año a 2.865.000 personas en 867.000 hogares. Un año atrás, los hogares afectados eran 848.000 para 2.693.000 personas.
Cuando se habla de lo indicadores sobre las condiciones de vida, cada modificación en sus porcentajes denota un cambio social profundo. No son variables que se muevan con facilidad. Para sostener niveles de saneamiento óptimos resulta clave la presencia del Estado nacional, en su rol de planificador de la obra pública para brindar mejores condiciones de vida.
A través del concepto de “servicios públicos” se mide el nivel de acceso de los hogares a los servicios de suministro de agua corriente y gas a través de redes públicas, y a las redes de desagües cloacales.
Al primer semestre de este año, el Indec registró que había 960.000 hogares (9,4% del total) sin acceso al agua corriente cuando un año atrás eran 939.000 hogares (9,3%); en el caso del acceso a la red de gas, se detectaron 3.487.000 hogares sin acceso (34,3%) cuando un año atrás eran 3.456.000 casos.
El dato más sobresaliente tiene que ver con el acceso a las cloacas. Al primer semestre del año, el 26,9% de los hogares no tenía desagües cloacales (2,7 millones de hogares). Esta situación afectó a 9.140.000 personas. Un año atrás, los hogares sin cloaca eran 2,5 millones.
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