La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) publicó este jueves un edicto en el Boletín Oficial mediante el cual resolvió dar de baja a 13 empresas de medicina prepaga que formaban parte del registro de prestadoras.
El texto del acto administrativo señala que las empresas afectadas tenían inscripciones provisorias o trámites pendientes, y que no presentaron la documentación requerida en tiempo y forma para completar su registro según las exigencias de la Ley 26.682. Con ese argumento, la Superintendencia rechazó las inscripciones definitivas y dispuso la baja de los registros provisionales.
La medida fue firmada por Silvia Noemí Viazzi, secretaria general del organismo, quien rubricó la resolución que formaliza el rechazo de las inscripciones definitivas de esas empresas. La publicación constituida en el Boletín Oficial representa una notificación formal para los usuarios de los servicios de salud que estuvieran afiliados o vinculados a esas compañías.
Según el listado oficial, las trece prepagas afectadas incluyen a Codime S.A., Mapfre Salud S.A., Sociedad Médica Universitaria S.A., Carra Salud S.A., Huinca Salud, Rescate Centro S.A., Emergencia Río Cuarto (Aspurc), Emergencias Médicas Punilla S.A., Grupo Gerenciador G4 S.A., Emergencia Cardio Asistencial S.A., Pangea S.A., la Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra) y Armiento S.A. (Grupo A Mano).
Más de una en irregularidad
El pasado 20 de enero, el Gobierno había informado la baja de cuatro empresas de medicina prepaga, lo que elevó a 27 el total de compañías excluidas en 2026 hasta ese momento. Las entidades dadas de baja en aquella oportunidad fueron la Mutual del Sanatorio Garay, la Mutual de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba, Plan Odontológico Integral y Cámara de Tabaco de Misiones.
De acuerdo con la documentación oficial, desde el inicio de la revisión de registros en 2024, y durante la gestión actual, ya se han dado de baja 152 empresas de medicina prepaga que figuraban como irregulares o que no cumplían con los requisitos de habilitación. La lista completa de las empresas excluidas incluye desde entidades de menor escala hasta cooperativas y mutuales con presencia en varias provincias del país.
La nómina total de prestadoras dadas de baja desde que se implementó el proceso de revisión comprende desde Prepasa S.A. Prestadora para la Salud y Grupo Proyectar S.R.L. hasta entidades como Sancor Medicina Privada S.A. y Obra Social del Personal Aeronáutico, entre muchas otras. El plan de actualización del padrón, según los comunicados oficiales, tiene por finalidad asegurar que el registro de prestadores esté integrado por agentes que puedan competir libremente en el mercado y que cuenten con la documentación que respalde su actividad, sus datos financieros y su base de afiliados, conforme a la normativa vigente.
En los considerandos del edicto se detalla que las auditorías realizadas por la SSS identificaron que parte de las firmas contenidas en el registro no contaban con actividad operativa efectiva, no tenían afiliados registrados o no aportaron la información mínima exigida por la ley para acreditar el cumplimiento de los requisitos regulatorios.
La exclusión de estas empresas constituye, en términos administrativos, la culminación del procedimiento de rechazo a la inscripción definitiva y de eliminación de los registros provisionales correspondientes. La SSS enfatiza que estas medidas se consolidan como parte de un esquema de control sobre el sistema de medicina prepaga que busca garantizar transparencia y cumplimiento de las normas que rigen el funcionamiento de esas organizaciones de salud.
En el Gobierno, a través de fuentes vinculadas a la Superintendencia, se subrayó que el proceso de revisión continúa en curso y que no se descarta que en los próximos meses se oficialicen otras bajas a medida que se completen nuevas auditorías y análisis de los registros provisionales que aún permanecen abiertos. La publicación del edicto en el Boletín Oficial representa un paso más en ese camino de depuración del padrón de prestadores privados de salud, que el Ejecutivo ha descrito en sus comunicaciones públicas como un ejercicio de actualización del sistema de medicina prepaga en el país, intentando alinear la regulación sectorial con los parámetros establecidos por la legislación sanitaria vigente.
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