El desmantelamiento educativo de Milei continúa con o sin Presupuesto 2026

El proyecto de Presupuesto 2026 continúa con motosierra y reduce a la mínima expresión, con recortes de hasta 93%, la Educación Superior, Técnica y la Ciencia y Tecnología. La iniciativa de la ley de leyes contempla una serie de recortes en términos reales en partidas vinculadas con Programas Sociales, jubilaciones, Educación, Salud y transferencias a las provincias. En el el caso del financiamiento estatal sobre el sistema educativo, se concentra en la educación técnico profesional, las universidades y el sistema de ciencia y tecnología. En estos casos, se está lejos del ajuste transitorio o de una readecuación coyuntural, los números muestran una estrategia de vaciamiento sostenido, con consecuencias directas sobre la estructura formativa y productiva del país.

El principal recorte es en el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FoNETP), que tiene como objetivo garantizar recursos para el funcionamiento, equipamiento y fortalecimiento de las instituciones de educación técnica. La norma establece un piso de financiamiento equivalente al 0,2% de los ingresos corrientes del Presupuesto Anual Consolidado del Sector Público Nacional. Sin embargo, desde 2023 esa obligación legal comenzó a incumplirse de manera sistemática.

En 2023 se ejecutó el 50,5% de lo que correspondía por ley. En 2024, el nivel de ejecución descendió al 9,4%. En 2025 se mantuvo en valores similares, con un 10,8%. Para 2026, el proyecto presupuestario reduce la asignación al 3,5% del monto que debería percibir el fondo. "En términos acumulados, el recorte proyectado implica una caída del 93% respecto de lo ejecutado en 2023, del 62% en relación con 2024 y del 67% frente a 2025", señala el informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

El artículo 30 del proyecto de Presupuesto 2026 propone directamente la eliminación del FoNETP. De aprobarse, se suprimiría un instrumento central del sistema educativo técnico, previsto por ley para asegurar financiamiento estable. Aun si el Congreso no convalidara esa derogación, la práctica presupuestaria ya cumple el mismo objetivo: el fondo continúa existiendo en el plano normativo, pero sin recursos que permitan su funcionamiento. En ese apartado, se deroga además la garantía del 6% del Producto Bruto Interno para educación establecida en la Ley de Educación Nacional. Anula la senda de inversión progresiva en ciencia y tecnología, que fijaba como meta el 1% del PBI.

También elimina el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), que asignaba un porcentaje de los ingresos corrientes a la planificación de capacidades estratégicas. La coincidencia temporal y normativa de estas decisiones no parece accidental. Por su parte, la Función Educación y Cultura registra en el Presupuesto 2026 una caída real del 47,3% respecto de lo efectivamente ejecutado en 2023. Se trata de una reducción que impacta sobre todos los niveles del sistema: educación inicial, primaria, secundaria, técnica, superior y universitaria. El ajuste no se concentra en un programa específico, sino que atraviesa el conjunto de las políticas educativas nacionales.

En el ámbito universitario, el 20 de octubre se dictó el Decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.795 de financiamiento universitario, sancionada por el Congreso tras un proceso de debate público. Sin embargo, el decreto establece que su ejecución queda suspendida hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional, invocando el artículo 5 de la Ley 24.629. "En los hechos, el Ejecutivo dispuso la suspensión de una ley vigente por vía administrativa. La decisión resulta significativa no solo por su impacto presupuestario, sino también por sus implicancias institucionales. La propia Ley 27.795, en su artículo 9, habilita al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para su implementación", señala el informe.

El efecto de esta medida se suma al deterioro de los programas que sostienen la permanencia estudiantil. Las becas y transferencias directas a estudiantes registran una caída real del 76,6% en comparación con 2023. En un contexto de retracción del ingreso familiar y aumento de los costos asociados a la cursada, la reducción de estos programas impacta de manera directa sobre el acceso y la continuidad en el sistema educativo. El ajuste también alcanza al sistema de ciencia, tecnología e innovación. La función correspondiente sufrió un recorte real del 48,8% respecto del presupuesto ejecutado en 2023. Esta reducción afecta el funcionamiento de organismos de investigación, universidades, institutos tecnológicos y programas de vinculación con el sector productivo. La interrupción de líneas de financiamiento compromete proyectos en curso, formación de recursos humanos y capacidades acumuladas durante años.

"La reducción del gasto educativo no se presenta como una consecuencia indeseada de restricciones fiscales, sino como una orientación explícita que busca limitar la intervención pública en áreas consideradas no prioritarias", agrega el documento. En ese esquema, la educación deja de concebirse como una política de desarrollo y pasa a ser tratada como una variable de ajuste.

El desfinanciamiento de la educación técnica resulta especialmente relevante en un país cuya estructura productiva depende de la formación de técnicos y trabajadores calificados. La supresión del FoNETP debilita a las escuelas técnicas, reduce la capacidad de actualización tecnológica y limita la articulación con sectores industriales. La falta de recursos no elimina la demanda de formación, pero sí traslada el costo a las provincias, las instituciones y las familias.

La convergencia de recortes en educación, universidades y ciencia configura un escenario de retracción estructural. No se trata solo de menos recursos en un año determinado, sino de la desarticulación de marcos legales que establecían pisos de inversión y previsibilidad. Al eliminar esos anclajes normativos, el presupuesto deja de ser una herramienta de planificación y se convierte en un instrumento de desmonte.

En este contexto, el debate presupuestario adquiere una dimensión que excede la discusión técnica. Lo que está en juego es el modelo de país que se construye a partir de las decisiones fiscales. La educación, la formación técnica, la universidad y la ciencia no aparecen como gastos prescindibles por azar. Su desfinanciamiento redefine las posibilidades de desarrollo, movilidad social y autonomía productiva en el mediano plazo.

"El impacto no se limita a las instituciones universitarias. Los programas de transferencias directas a estudiantes —como las Becas Estudiantiles— acumulan una caída real del 76,6% respecto de 2023. El ajuste también alcanzó a la función de Ciencia, Tecnología e Innovación, que sufrió un recorte del 48,8% en términos reales frente al presupuesto ejecutado en 2023", concluye el CEPA.