La brutal devaluación de diciembre de 2023, que duplicó el precio del dólar en 24 horas y marcó el inicio de este Gobierno, provocó una gran pérdida inicial. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, el salario mínimo, vital y móvil acumula una caída del 35,2 por ciento en su poder adquisitivo, según el informe del Centro de Investigación y Formación de la Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Argentina (Cifra-CTA). Para tener el mismo poder adquisitivo de fines de 2015, el salario mínimo actual debería ser de, al menos, 760.000 pesos. El salario mínimos en octubre se mantuvo en 322.200 pesos para quienes cumplen la jornada completa de 48 horas semanales y en 1.610 pesos la hora para trabajadores jornalizados.
Con el gestión de La Libertad Avanza llegó la paralización de las negociaciones libres paritarias. Desde que asumió la administración libertaria, las cinco reuniones del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo que tuvieron lugar finalizaron sin acuerdo entre el sector empresario y los representantes de los trabajadores. Como resultado, fue la Secretaría de Trabajo la que determinó los aumentos nominales –prácticamente equivalentes a la propuesta empresarial–, los cuales no sólo no buscaron recuperar el poder de compra perdido tras la devaluación, sino que incluso continuaron erosionándolo.
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"La pérdida sufrida durante este Gobierno se acumula con retrocesos previos, por lo que el salario mínimo se ubicó en octubre de 2025 en un nivel real que resulta 45,6 por ciento más bajo que en noviembre de 2019, al final del gobierno de Cambiemos y 58,4 por ciento menor que noviembre de 2015. Si el salario mínimo no hubiese perdido poder de adquisitivo a lo largo de esta década, se acercaría actualmente los 760.000 pesos", señala el informe de Cifra.
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Entre mínimo y promedio
La fuerte reducción del piso de ingresos afecto la relación entre el salario mínimo y los salarios efectivamente pagados, lo que amplía la brecha de ingresos. En la actualidad, el ingreso mínimo representa en la actualidad menos de una quinta parte del salario promedio de los trabajadores registrados del sector privado. "Tras este retroceso histórico, el valor real del salario mínimo es inferior al que rigió durante la mayor parte de la década del 90 y en la crisis final del régimen de Convertibilidad, cuando, como ocurre hoy, esta política había sido deliberadamente abandonada como herramienta para determinar pisos salariales e impulsar una menor desigualdad en los ingresos", destaca el informe de la central obrera.
De acuerdo con estimaciones del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), el salario mínimo en Argentina es el más bajo de toda la región. El gobierno de Milei utilizó el sueldo de los trabajadores como ancla del ajuste y la desaceleración de la inflación. Quien encabeza el ranking actualizado a noviembre es Costa Rica, con 729 dólares. Le siguen Uruguay (593 dólares), Chile (567 dólares) y Ecuador (470 dólares). En el furgón de cola se encuentra Argentina, con apenas 225 dólares, por debajo de Bolivia (395 dólares) o Paraguay (411 dólares), entre otros.
Si la comparación del salario mínimo se realiza con las líneas de pobreza y de indigencia revela una situación incluso peor que la del 2001. En octubre, una familia tipo (compuesta por dos adultos y dos niños) necesitó casi cuatro salarios mínimos para cubrir el costo de la canasta básica que determina la línea de pobreza, que ronda los 1,2 millones de pesos.
Menos salario y empleo
Lejos de generar el empleo formal prometido, la desregulación mileista sólo generó mayor informalidad laboral, el cual trepó a su nivel más alto en los últimos 17 años, marcando un retroceso en la calidad del empleo y la protección social de los trabajadores argentinos. Mientras que las grandes concentraciones urbanas como el AMBA intentan resistir el embate, las provincias del Noroeste Argentino (NOA), el Noreste (NEA) y Cuyo se han convertido en el epicentro de esta crisis laboral. En estas regiones, la proporción de trabajadores sin ningún tipo de registro formal supera consistentemente el 50%, una cifra alarmante que habla de una precarización sistémica, según un informe del Instituto Argentina Grande.
Desde el inicio de las reformas libertarias la economía exhibe la pérdida de más de 220.000 puestos de trabajo asalariados privados y el cierre de casi 20.000 empresas. Este éxodo del empleo registrado hacia la esfera informal es la manifestación directa de un marco regulatorio percibido como hostil para la inversión y la formalización.
La desregulación, supuestamente diseñada para flexibilizar y dinamizar, incentiva la evasión de costos laborales y previsionales, trasladando el peso de la crisis directamente sobre el trabajador. La formalidad se vuelve, para muchos empleadores, un lujo inalcanzable o innecesario ante la falta de incentivos y la contracción general de la actividad económica.
El informe revela que la disparidad salarial preexistente entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior del país se exacerbó como motor de la informalidad. En provincias donde los salarios promedio ya eran significativamente más bajos que en la Capital, la presión para reducir costos se canalizó directamente hacia la informalización masiva. Los empleadores en el Interior, enfrentados a una demanda interna débil y a la necesidad de competitividad, encuentran en la falta de registro una vía rápida para equiparar sus costos laborales con los de economías con menor protección social. Esto genera un círculo vicioso: la informalidad frena el desarrollo de mercados internos sólidos, ya que el trabajador precarizado carece de poder adquisitivo estable.
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