El intento del Gobierno nacional de recortar pensiones por discapacidad encontró en La Rioja un muro de contención político y judicial que terminó sentando un precedente a nivel federal: el Juzgado Federal de la provincia dictó una medida cautelar que obliga a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a restituir la pensión no contributiva por invalidez a una mujer riojana. La presentación de un amparo por parte de la provincia no sólo frenó el recorte en el territorio riojano, sino que además impulsó a otras jurisdicciones, como Catamarca, a seguir el mismo camino.
El impacto de esta decisión no quedó solo en el marco de la gestión provincial, sino que se vio reflejado incluso en el discurso del presidente Javier Milei durante la presentación del proyecto de Presupuesto 2026. En la cadena nacional, el mandatario anunció un incremento en las partidas destinadas a los beneficiarios y dio por cerrada la judicialización vinculada a la Ley de Discapacidad, que el Congreso había ratificado tras rechazar su veto presidencial.
Para el Gobierno riojano, la acción judicial fue mucho más que un trámite legal: significó una definición política frente a la lógica de ajuste que impulsa la Nación. “La Rioja eligió no mirar para otro lado”, señalaron fuentes provinciales al subrayar que la defensa de los sectores vulnerables no puede reducirse a una variable fiscal.
El fallo favorable de la Justicia tuvo, además, un efecto multiplicador: el juez federal de Catamarca Guillermo Díaz Martínez dictó una resolución tras el reclamo de una asociación de padres de personas con discapacidad motriz, un fallo similar y de tratamiento parecido al que se vivió en La Rioja.
Cabe destacar que esta decisión judicial responde al reclamo de la Asociación de Padres y Familiares de Discapacitados Motores (Apyfadim), respaldado por la Defensoría del Pueblo catamarqueña encabezada por Dalmacio Mera. La misma plantea que las decisiones del Gobierno alrededor de las pensiones de la ANDIS van “en contra de la Constitución” y se realizan de “forma irregular”.
Cómo se vivió el fallo en La Rioja
Tras conocerse el fallo en favor de la paciente oncológica riojana, el gobernador Ricardo Quintela celebró la medida a través de sus redes sociales y aseguró que la provincia dispuso de “todos los mecanismos legales para defender a las personas con discapacidad y sus familias”.
“El Gobierno de Milei no tiene reparos en dañar a los más vulnerables. Su prédica violenta y estigmatizante empieza a ser rechazada por un pueblo que pone límites”, expresó el mandatario provincial en su cuenta personal de X (ex Twitter). En ese sentido, subrayó que la dignidad de las personas con discapacidad “es un ejemplo de resistencia” y reafirmó que la provincia seguirá reclamando en los ámbitos judiciales y administrativos para garantizar la continuidad de estas pensiones.
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