Un grupo de vecinos originarios de Bartolomé de las Casas mantiene este viernes un corte total sobre la Ruta Nacional Nº 81, a la altura de la localidad, en rechazo a la eliminación de pensiones nacionales dispuesta por el gobierno de Javier Milei. La medida interrumpe el tránsito en ambos sentidos y refleja el creciente malestar en comunidades del interior formoseño ante el retroceso en materia de derechos sociales.
Los manifestantes denunciaron que la suspensión de las pensiones se aplicó de manera repentina y sin auditorías previas, en la que dejó a numerosas familias sin su principal sustento económico. “Nos sacaron el beneficio de un día para otro y no tenemos ninguna respuesta”, señalaron en comunicación con medios locales, visiblemente preocupados por el impacto que la pérdida de ingresos genera en hogares vulnerables.
El reclamo también apuntó contra el intendente de Las Lomitas y candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Atilio Basualdo, a quien los vecinos acusan de incumplir las promesas de campaña. Recordaron que, meses atrás, recorrió la zona asegurando que intercedería para evitar recortes indiscriminados, pero hasta el momento no regresó ni brindó explicaciones sobre gestiones concretas. “Nos prometió soluciones, pero seguimos esperando y sin respuestas”, cuestionaron durante la protesta.
La continuidad del corte dependerá de las respuestas oficiales. Mientras tanto, la comunidad exige que se restituya el beneficio y se brinden garantías de estabilidad para quienes dependen exclusivamente de estas pensiones.
La lucha formoseña contra el ajuste
La Justicia Federal de Formosa resolvió aplicar una sanción ejemplificadora contra la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), al imponerle una multa diaria de $100.000 hasta que cumpla con la sentencia que ordena restituir las pensiones por invalidez suspendidas en la provincia. La medida fue dictada por el juez federal Pablo Fernando Morán, quien constató que el organismo nacional no acató lo dispuesto en agosto pasado.
El Defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, explicó en comunicación con medios locales que la Fiscalía Federal deberá ahora analizar si corresponde imputar a la ANDIS por desobediencia judicial, lo que podría derivar en sanciones aún más severas contra el organismo.
En paralelo, equipos legales del Instituto de Previsión Social (IPS) y del área de Discapacidad de la provincia continúan acompañando a los cientos de afectados por la suspensión. Los operativos se llevan adelante en distintos barrios de la capital, como Venezuela, Fray Salvador Gurrieri (ex Lote 111), Lote 4 y Eva Perón, donde se brinda asesoramiento y apoyo a las familias perjudicadas.
La Defensoría del Pueblo recordó que en 2024 el entonces director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, impulsó una auditoría sobre casi un millón de pensiones no contributivas. Los resultados revelaron que más de la mitad de las cartas enviadas no llegaron a destino, pero que el 91,6% de los citados asistió a la revisión. Además, solo se detectaron 7.211 fallecidos y 9.027 renuncias en el padrón.
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