El Gobierno socialista español presentó el martes un proyecto de decreto para agilizar la regularización de cientos de miles de inmigrantes indocumentados, en su más reciente iniciativa para integrar a los trabajadores extranjeros, mientras otros países europeos frenan la inmigración.
El crecimiento económico de España ha superado con creces el de la mayoría de sus homólogos europeos en los dos últimos años, impulsado al menos en parte por una apertura a la inmigración que ha dinamizado sectores clave como la hostelería y la asistencia y ha reforzado el estado de bienestar.
La ministra de Migraciones, Elma Saiz, explicó en rueda de prensa que los inmigrantes irregulares que lleven al menos cinco meses viviendo en España a finales de 2025 y no tengan antecedentes penales, así como los que hayan solicitado asilo antes de que acabe el año, podrán optar al permiso de residencia acelerado.
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Unas 500.000 personas, en su mayoría latinoamericanas, podrían beneficiarse de la medida, según estimaciones del Gobierno.
El permiso será válido durante un año —o cinco en el caso de los niños— y renovable. Al cabo de 10 años, los inmigrantes podrán convertirse en ciudadanos, o incluso antes si proceden de países latinoamericanos o son refugiados.
"Estamos reforzando un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración, en convivencia y compatible con el crecimiento económico y con la cohesión social", dijo Saiz a la prensa, y señaló que los economistas de toda la región atribuyen en parte el descenso del desempleo y el fuerte crecimiento de España a su apertura a los inmigrantes.
Un estudio del grupo de reflexión Funcas sugiere que unas 840.000 personas, un tercio de todos los inmigrantes extracomunitarios en España, estaban indocumentadas a principios del año pasado, lo que supone un fuerte aumento con respecto a hace ocho años, cuando la cifra era de aproximadamente 100.000 personas.
Hace más de un año se presentó una propuesta ciudadana para legalizar a los inmigrantes en situación irregular, firmada por 700.000 personas y respaldada por 900 grupos de derechos humanos y la Iglesia católica, pero se estancó en el Congreso de los Diputados, donde las disputas con los distintos partidos del espectro político han mermado la capacidad del Gobierno para aprobar la legislación.
En su forma actual, el decreto puede ser promulgado por el gabinete en el plazo de unas semanas sin necesidad de aprobación parlamentaria. El líder de la oposición conservadora, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido revocar la política migratoria del Gobierno si su partido gana las próximas elecciones, que tendrán lugar como muy tarde el año que viene.
Con información de Reuters
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