La presidenta de la CPI dice que sanciones de EEUU no cambiarán la gestión de los casos

La presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI) dijo el lunes que las sanciones de Estados Unidos a altos funcionarios del tribunal perturban su vida personal, pero prometió que la institución no cedería a la presión externa.

El Gobierno del presidente Donald Trump impuso sanciones selectivas a nueve funcionarios de la CPI, incluidos fiscales y jueces, a principios de este año en represalia por las investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra israelíes.

Algunas fuentes han afirmado que Washington también está considerando sanciones contra todo el tribunal.

"Nunca aceptamos ningún tipo de presión por parte de nadie en cuestiones de interpretación del marco estatutario y resolución de casos", dijo la jueza Tomoko Akane el primer día de la reunión anual en La Haya del órgano de gobierno del tribunal, formado por representantes de sus 125 Estados miembros.

Akane afirmó que las sanciones habían trastocado la vida familiar de los funcionarios sancionados y perturbado sus transacciones financieras, incluso en Estados miembros de la CPI en Europa.

Las sanciones congelan los activos estadounidenses que puedan tener las personas en cuestión y, en esencia, las aíslan del sistema financiero estadounidense, con el que casi todos los bancos que operan a escala internacional mantienen estrechos vínculos.

La CPI ha dictado órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, así como contra figuras del grupo militante palestino Hamás, por presuntos crímenes cometidos durante la guerra de Gaza.

Todos ellos han negado los cargos mencionados en las órdenes.

La CPI se fundó en 2002 en virtud de un tratado que le otorgaba jurisdicción para enjuiciar casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por ciudadanos de un Estado miembro o que hubieran tenido lugar en el territorio de un Estado miembro.

Con información de Reuters