Un informe reciente de la consultora Politiké posicionó a Formosa como la provincia con la factura eléctrica más baja del país, en un contexto nacional marcado por la reducción de subsidios y el fuerte ajuste del gasto público impulsado por el Gobierno nacional. El relevamiento se basó en datos del Reporte del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-CONICET) y analizó el costo final de las facturas eléctricas, con impuestos y sin descuentos, para un consumo promedio de 265 kWh mensuales.
El estudio contempló hogares de ingresos bajos (N2) e ingresos medios (N3) y mostró que, a nivel nacional, un hogar N2 paga en promedio $45.912, mientras que uno N3 abona $53.420. Sin embargo, al desagregar los datos por jurisdicción, Formosa se destacó ampliamente por debajo de esos valores: $15.389 para los hogares N2 y $20.153 para los N3, cifras correspondientes a diciembre de 2025. Estos montos ubican a la provincia en el primer lugar del ranking de tarifas eléctricas más bajas de la Argentina para ambos segmentos de ingresos.
Desde Politiké explicaron que este diferencial se explica, en gran medida, por la aplicación del subsidio provincial “Esfuerzo Formoseño”, que alcanza al 90% de los usuarios de las categorías N2 y N3. Este esquema cubre el Valor Agregado de Distribución (VAD) de la electricidad, uno de los componentes centrales de la factura y que es fijado por el Estado nacional. En el caso de los hogares de ingresos bajos, el VAD representa alrededor del 29% del total de la factura, por lo que, con el subsidio provincial, el usuario termina pagando aproximadamente $10.926. De este modo, el programa permite amortiguar el impacto de los incrementos en los costos de distribución definidos a nivel nacional.
El informe subrayó que el esquema de subsidios provinciales cobra especial relevancia en un escenario donde el Gobierno nacional avanzó con una política de reducción del gasto público para sostener el superávit fiscal. Según datos de la Oficina Nacional de Presupuesto y del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), durante noviembre de 2025 el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit fiscal primario de $2,13 billones. Al descontar los intereses de la deuda, que alcanzaron los $1,53 billones, el resultado financiero fue positivo en $0,60 billones.
En ese mismo período, los ingresos del Estado nacional totalizaron $11,4 billones, mientras que las erogaciones sumaron $9,27 billones. De acuerdo con el análisis de Politiké, este resultado se explica por un ajuste del gasto público del 18,9% mensual en términos reales y una caída del 14,2% interanual, en línea con la estrategia fiscal del Gobierno libertario.
Al desagregar los rubros más afectados por la reducción del gasto, el informe señaló que las prestaciones sociales registraron una baja del 10,6% interanual, impactando sobre partidas vinculadas a jubilaciones y pensiones no contributivas, así como programas de asistencia a sectores vulnerables como Becas Progresar, Tarjeta Alimentar y Potenciar Trabajo. A esto se sumó un fuerte ajuste en el área educativa: las transferencias a las Universidades Nacionales cayeron un 95,5% en comparación con noviembre de 2024.
En la misma línea, Politiké advirtió sobre el desfinanciamiento de la educación técnico-profesional, tras el recorte aplicado por el Gobierno del presidente Javier Milei para el año 2026. Según el relevamiento, el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FoNETP) registra una caída acumulada del 93% respecto de lo ejecutado en 2023. Este ajuste se inscribe en un recorte más amplio, ya que en el Presupuesto 2026 la Función Educación y Cultura presenta una reducción del 47,3% en relación con el nivel de ejecución de 2023.
Desde la consultora concluyeron que “estas decisiones de la gestión nacional muestran un panorama ya conocido: el ajuste en áreas sensibles como educación y programas de contención social, con el objetivo de mantener un superávit que no se traduce en mejoras para la vida diaria de los argentinos”. En ese contexto, el caso de Formosa aparece como una excepción, donde la política de subsidios provinciales permite sostener tarifas eléctricas significativamente más bajas que el promedio nacional.
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