Este miércoles, la Cámara de Diputados tratará los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Salud Pediátrica. En este marco, distintas instituciones educativas a lo largo del país se pronunciaron contra el ajuste libertario, en la que Formosa es parte destaca a nivel federal.
La Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), a través de sus redes sociales, publicó un comunicado: "La Universidad Provincial de Laguna Blanca se adhiere a las declaraciones del Consejo Interuniversitario Nacional y suma su voz en rechazo al ajuste que lleva adelante el Gobierno Nacional en perjuicio de la sociedad toda y, en especial, al grave daño que ocasiona en el sistema universitario y científico de la República Argentina".
"Manifestamos nuestra solidaridad con las hermanas Universidades Nacionales que ven afectadas sus posibilidades de continuar con su labor en pos de formar los profesionales y generar los conocimientos que requiere cada punto de nuestra nación", continúa la publicación.
Por último, desde la institución educativa señalaron que "la Universidad Pública, Gratuita y de Calidad constituye un derecho del Pueblo Argentino, una herramienta de movilidad social ascendente y un emblema que Argentina ha mantenido en alto a través del tiempo desde que el Presidente Juan Domingo Perón decretara su gratuidad en 1949". "No podemos más que mantener la lucha por garantizar el pleno funcionamiento del sistema universitario y el sistema cientifico-tecnológico", concluyó.
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El veto presidencial y la Ley de Financiamiento Universitario
El veto presidencial es una facultad constitucional que permite al jefe de Estado rechazar total o parcialmente una ley aprobada por el Congreso. En este caso, la Ley de Financiamiento Universitario planteaba un aumento en el presupuesto destinado a las universidades nacionales, lo que incluía mejoras salariales para los docentes y mayor inversión en infraestructura.
Sin embargo, Javier Milei argumentó que este incremento "era irresponsable desde el punto de vista fiscal" y pondría en peligro el objetivo de reducir el déficit público, una de las principales promesas de su gobierno.
El veto de Milei generó un fuerte debate tanto en el ámbito político como en la sociedad en general. Para los defensores de la ley, esta era una medida crucial para garantizar el correcto funcionamiento de las universidades públicas y mejorar las condiciones laborales de los docentes, que enfrentan un contexto de alta inflación.
Por otro lado, los partidarios del veto insisten en que es necesario priorizar el equilibrio fiscal y que las universidades deberían buscar fuentes alternativas de financiamiento para no depender exclusivamente del Estado.
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