El administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de Formosa, Javier Caffa, expresó su profunda preocupación ante la inminente firma de un decreto por parte del Gobierno nacional que disolvería Vialidad Nacional y otros organismos vinculados a la movilidad y el transporte.
El funcionario explicó que el decreto, cuya redacción estaría avanzada, contempla también la eliminación de la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. “Todos organismos esenciales para planificar, ejecutar y fiscalizar el sistema vial argentino”, lamentó en comunicación con el portal Agenfor.
En este marco, Caffa señaló que desde el Consejo Vial Federal, los administradores provinciales están en estado de alerta. “Medios afines al Gobierno como La Nación ya detallan lo que contendría el decreto. Sabemos que tiene vigencia hasta el 8 de julio, cuando expiran las facultades delegadas del Ejecutivo para firmar este tipo de medidas unilaterales que anulan entes creados por ley”, precisó.
La Dirección Nacional de Vialidad fue creada por ley en 1932, recordó Caffa, “como una herramienta estratégica del Estado para promover la integración territorial, la conectividad entre provincias y el desarrollo productivo”. En ese sentido, lamentó que el organismo, con una historia de más de 90 años, “esté en riesgo por una decisión que responde a una lógica de achicar el Estado a la mínima expresión, quitándole capacidad de acción y responsabilidad sobre cuestiones vitales como la infraestructura vial”.
En paralelo, el funcionario apuntó al deterioro progresivo de la red vial nacional en todo el país, agravado por la paralización de obras y el cese total del mantenimiento. “En Formosa, un fallo de la Justicia Federal obligó a Vialidad Nacional a reparar rutas en 90 días. No hay bacheo, ni corte de pasto, ni sellado de fisuras. Es un abandono total”, denunció.
Además, Caffa hizo hincapié en la contradicción entre el ajuste en obras y el sostenimiento de la carga impositiva. “La Ley de Combustibles establece porcentajes específicos del impuesto que deben destinarse a obras viales. Sin embargo, hoy el Estado sigue recaudando, pero no invierte. Eso también es desfinanciar al país”, subrayó.
Desde su mirada, el cierre de Vialidad Nacional es parte de una política deliberada del Ejecutivo nacional para retirarse de funciones estratégicas. “No se trata solo de desconectarnos socialmente, sino de limitar la producción. Si no hay caminos, no hay salida para la cosecha del campo, ni circulación para los servicios, ni comercio”, sostuvo.
Caffa recordó que la red vial nacional es clave para garantizar la soberanía territorial, la integración y la equidad entre regiones. “No podemos tener provincias de primera y provincias de segunda según el interés que representen para el mercado. El NEA, históricamente relegado, necesita más Estado, no menos”, aseveró.
Para cerrar, advirtió que de concretarse el cierre de Vialidad Nacional, se pondrá en riesgo la posibilidad de crecimiento sostenido para el país. “Una Argentina sin rutas no solo frena su desarrollo, sino que se vuelve cada vez más dependiente de intereses externos. Y eso, como formoseños y como argentinos, no lo podemos permitir”, concluyó.
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