Ecuador plebiscita el gobierno de Noboa en un referéndum sobre bases militares y una Asamblea Constituyente

A seis meses de la elección presidencial que le dio un nuevo mandato a Daniel Noboa, Ecuador vuelve a las urnas para una votación tan decisiva como la anterior. Con una imagen en caída y en medio una nueva crisis carcelaria que dejó 31 muertos el fin de semana pasado, Noboa plebiscitará su gestión este domingo en un referédum de cuatro puntos con el que busca desahcerse de la herencia correísta y sentar las bases para que el modelo de estado neoliberal que impulsa perdure más allá de su gestión. Con este plebscito, un instrumento que también usaron los ex presidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso, los ecuatorianos decidirán si convocan una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, si autorizan la reinstalación de bases militares extranjeras, si reducen el número de asambleístas y si eliminan la financiación pública de los partidos políticos. En caso de que Noboa recibe luz verde, Ecuador entraría en una etapa de "bukelismo reforzado", opinó ante El Destape el sociológo de FLACSO, Franklin Ramírez. 

Las preguntas que generan más discusión, y en las que el Gobierno invirtó mayores esfuerzos, son la convocatoria a una Asablea Constituyente y la posibilidad de resintalar bases militares extranjeras, una acción que fue prohibida en la reforma constitucional que sancionó el correísmo en 2008 y que forzó a que Estados Unidos abandonara su posición estratégica en Manta. Este punto es de vital interés para la administración de Donald Trump que ya mandó al país a su secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dos veces en los últimos 90 días. 

La descontrolada crisis de seguridad que vive Ecuador ofrece el marco perfecto. Entre enero y octubre de este año se registraron más de 7.400 muertes violentas, lo que equivale a un asesinato por hora. De mantenerse esta tendencia, este año se convertirá en el más violento de la historia de Ecuador, superando al 2023. A pesar de que en los últimos tres meses declaró el estado de excepción en 21 de las 24 provincias a causa de la inseguridad, Noboa logra resolver la crisis de seguridad. 

En cuanto a convocatoria a una Asamblea, el Gobierno se cuidó mucho de no adelantar propuestas pero es vox pópuli que buscará reforzar el modelo de un estado neoliberal. "Noboa dio a entender que va a quitar la gratuidad de la educación, que va a retirar el brazo de salud pública del Instituto de Seguridad Social, que a avanzar en una flexibilización laboral, y que irá en contra de principios ecologistas y ambientalistas y buscará la privatización de recursos estratégicos", sumó Ramírez. 

Una oposición presente pero desarticulada

Después de la derrota que significó el balotaje entre Noboa y la correísta Luisa González, la unión que había logrado la oposición al sumar el apoyo de gran parte del movimiento indígena, encolumnado en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), se volvió gaseosa. El Congreso está trabado para la oposición, al haber perdido el control por primera vez desde 2013 a manos del oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), y tampoco logra una acción coordinada en las calles. Una muestra de esa debilidad fue el paro y la movilización de un mes que impulsó la CONAIE en contra de la eliminación de los subsidios al diésel, como también lo hicieron en 2019 y 2022. A diferencia de aquellas, esta vez no lograron que Noboa diera marcha atrás. Al contrario, reprimió, detuvo a más de 100 personas y produjo dos muertes a manos de miembros del Ejército. 

La eliminación de los subsidios al diésel es una política muy poco popular porque tiene un impacto directo en la suba de precios de sectores clave de la economía el industrial y el transporte. A pesar de ese costo, Noboa lo hizo para responder a las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) y así cumplir con el último programa crediticio (2024-2028) por 5.000 millones de dólares.

Pero la convocatoria al referendum hizo mella en el fracaso de la movilización por la quita de subsidios y parece haber avivado cierto fervor opositor. Esta semana hubo movilizaciones convocadas por la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut); por dos de las organizaciones sindicales más importantes del país; el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la mayor central sindical del país; y la Unión Nacional de Educadores (UNE), el principal sindicato de profesores; por miembros de Revolución Ciudadana (correísmo) y la CONAIE.

"De cara a la consulta hubo una activación muy fuerte del NO de distintos sectores. No hay una oposición unificada como tal sino distintas oposiciones. Esta fue una consulta muy guiada por los pronunciamientos de movimientos sociales, de sindicatos y muchos colectivos ciudadanos y movimientos no organizados. La Revolución Ciudadana quedó en segundo plano, intervino pero no lideró la campaña por el NO y esta es una carta que el Gobierno no esperaba porque no pudo polarizar directamente con el correismo", analizó el sociológo de FLACSO. 

Sin embargo, en conversación con este portal Apawki Castro, el coordinador del movimiento indigenista Pachakutik reconoció que todavía no hay una oposición "rígida" ni con posiciones "firmes".  "Hay una oposición que está preocupada por cuidar sus parcelas y eso le da facilidad al oficialismo para avanzar con sus reformas", opinó. 

Una Constitución neoliberal 

Para el dirigente de Pachakutik lo que más preocupa es el llamado a una Asamblea Constituyente. Si bien dice que el rechazo se hace escuchar en la calle también reconoce que Noboa puso en funcionamiento toda la maquinaria electoral y económica para militar el SI. Un relevamiento que hizo el Centro para la Investigación Económica y sobre Políticas (CEPR por sus siglas en inglés) afirma que la campaña digital por el SI invirtió hasta USD 150.000 en Meta en el último mes. Además, instituciones públicas como el Ministerio de Defensa hicieron campaña pública a favor del referéndum, a pesar de estar imposibilitadas por ley. Tras las denuncias de la oposición, el Consejo Nacional Electoral (CNE), alineado a Noboa, dijo que no tiene "autoridad" para revisar los gastos de campaña, aunque está obligado a hacerlo, según apuntó el informe de CEPR. Mientras que el mismo CNE le prohibió a Revolución Ciudadana hacer campaña en contra de la instalación de bases militares y la financiación de partidos políticos, al argumentar "problemas de procedimiento" en su solicitud de registro. 

El referéndum para avanzar en una Asamblea Constituyente llega después de varios meses de dardos cruzados entre la Corte y el Presidente, después de que el máximo órgano judicial del país vetara leyes como las de Seguridad Nacional e Integridad Pública que había aprobado el Congreso. Esto llevó a que el propio Noboa se pusiera al frente de movilizaciones en repudio de la Corte. Si bien Noboa no dio mayores precisiones sobre las modificaciones que impulsaría, en la reforma se descarta que podrían estar las que quería incluir como preguntas en el referéndum: castración para culpables de delitos sexuales; legalización del juego en hoteles de cinco estrellas; la flexibilización laboral; habiltación para que el Poder Legislativo pueda destituir magistrados de la Corte Constitucional y la prohibición del uso de imágenes y nombres de personas declaradas culpables de corrupción durante las campañas electorales (un consigna hecha a la medida del ex presidente Rafael Correa). 

Otra vez las bases 

La posibilidad de que Ecuador vuelva a tener bases militares norteamericanas en su territorio genera casi la misma preocupación que la posibilidad de redactar una nueva Carta Magna y encierra una trampa: si esa consulta resulta negativa pero si se habilita el llamado a Asamblea, la futura Constitución podría incluir ese punto hoy prohibido. En caso de que se habilite la instalación de bases extranjeras, Estados Unidos podría volver a tener presencia en el Pacífio, como lo tuvo durante la Segunda Guerra Mundial y entre 1999 y 2009, antes de ser desalojados en el gobierno de Correa. 

Tanto el secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio como la secretaria de Seguridad Nacional manifestaron el interés de volver a operar una posición militar en el Pacífico. En una visita a Quito, Rubio aseguró que, si los "invitan a regresar", lo estudiarían. "Es un punto muy estratégico para enfrentar delitos como el narcoterrorismo y la pesca ilegal", argumentó. 

Quizás por la catarata de críticas que recibió, Noboa terminó haciendo una campaña muy errática sobre este tema. Después de promoverlas, el Presidente se corrigió y dijo que "no necesariamente" tienen que ser bases militares sino que puede ser "bases de control de pesca ilegal" o de "control de drogas" para uso del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense. "Nadie va a regalar la soberanía del Ecuador. Yo prefiero morirme antes de regalar a mi país. Eso jamás va a pasar, pero sí se necesita cooperación de otros países porque la criminalidad es trasnacional", se justificó Noboa en un intento por calmar la campaña por el NO que enfatizó en la defensa de la soberanía nacional. 

El que dio más precisiones esta semana fue el ministro del Interior, John Reimberg, quien afirmó que Estados Unidos tendrá dos bases: una de "militar" y otra de "seguridad". Una estará en Manta y la otra en Salinas. "Queremos atacar con todas las fuerzas a los grupos criminales (...) Trabajar en conjunto en dos bases donde nuestro personal pueda intervenir en el manejo de información es lo que necesitamos", afirmó Reimberg. 

La pregunta por la reinstalación de las bases tiene, además, un enorme peso simbólico. Junto a la redacción de una nueva Constitución, sería una forma de desarmar una de las insignias del correísmo e implicaría un nuevo estadío en la relación con Estados Unidos que no para de sumar aliados y despliegue en el Caribe en su supuesta guerra contra el narco, en verdad una cortina para someter a gobiernos opositores. Si Noboa sale airoso el domingo, va a tener vía libre para profundizar la deriva autoritaria y seguir los pasos de Bukele.