La decisión comunicada por el vocero presidencial y candidato a legislador por la La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, Manuel Adorni, de avanzar con una reforma migratoria en Argentina pone en serio riesgo uno de los pilares centrales del Mercorsur: la libre circulación de personas. No se trata sólo de un principio simbólico, sino de un derecho consagrado por el Tratado de Asunción de 1991 —que dio origen al bloque regional— y reafirmado por el Estatuto de Ciudadanía del año 2010. Este conjunto normativo, que fue ratificado por ley, tiene rango constitucional y sólo puede ser modificado por el Congreso de la Nación. Pretender avanzar por decreto no solo sería ilegal, sino profundamente irresponsable.
Lamentablemente, este anuncio no es un hecho aislado. Se suma a una serie de gestos y acciones que revelan el profundo desprecio del presidente Milei por la integración regional. Este no es primer el intento de erosionar y tensionar al Mercosur: Milei faltó a la cumbre de presidentes , luego intentó sin éxito promover un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, quitó apoyo económico al Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del Mercosur e intentó paralizar al Parlasur desfinanciando a la delegación Argentina.
Pero además, lo que el gobierno está planteando tiene un claro sesgo regresivo desde el punto de vista de los derechos humanos. El establecimiento de un régimen de expulsión automática para extranjeros condenados o procesados —sin importar la gravedad de la pena ni las circunstancias individuales— vulnera el principio del debido proceso y puede derivar en situaciones de expulsión arbitraria, especialmente para personas con lazos familiares o arraigo en el país. La historia reciente de América Latina nos recuerda lo peligroso que es despojar a los migrantes de sus garantías legales.
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A esto se suma la intención de restringir el acceso a la salud y la educación pública para ciudadanos extranjeros no residentes, lo cual representa una grave discriminación contraria a los compromisos asumidos en el marco del Mercorsur. La exigencia de seguros médicos obligatorios, el cobro por servicios públicos esenciales y la posibilidad de establecer aranceles diferenciados en universidades nacionales son medidas que no sólo estigmatizan a los migrantes, sino que excluyen a miles de personas que hoy acceden a derechos básicos en condiciones de igualdad.
Como si eso no fuera suficiente, el Gobierno también plantea endurecer los requisitos para acceder a la residencia y la ciudadanía, imponiendo condiciones económicas y antecedentes penales como filtros, lo cual contradice los principios de inclusión, equidad y libre movilidad que rigen el bloque regional. De concretarse, se estaría cerrando la puerta a quienes vienen a la Argentina a trabajar, estudiar o construir un proyecto de vida digno, en plena sintonía con el espíritu de integración que nuestros países abrazaron desde hace más de tres décadas y que ha sido desde los inicios de nuestra nación en el motor del crecimiento.
Desde el Parlamento del Mercorsur debemos advertir que esta serie de anuncios pone en tela de juicio el compromiso de la Argentina con los tratados internacionales vigentes y con los principios fundantes del bloque regional. Debemos reiterar que cualquier intento de modificación del Acuerdo de Libre Circulación deberá pasar necesariamente por el Congreso Nacional, tal como lo establece la ley. Y señalamos que el uso electoralista de un tema tan delicado como la política migratoria —a solo días de una elección en la Ciudad de Buenos Aires— demuestra el nivel de irresponsabilidad institucional del gobierno, que utiliza el miedo y la mentira para sumar votos.
En este contexto, la próxima reunión del Foro Especializado Migratorio del Mercorsur, que se celebrará el 21 de mayo en Buenos Aires, será una oportunidad clave para reafirmar el rumbo de la integración. La voz del Parlamento del Mercorsur debe expresar con claridad su preocupación por estos posibles retrocesos y convocar a los Estados Parte a defender los acuerdos vigentes. Lo que está en juego no es una cuestión técnica ni coyuntural: es la continuidad de un proyecto de unidad regional basado en la justicia social, la cooperación y el respeto por la dignidad humana.
La Argentina no puede permitirse romper con sus vecinos. Mucho menos puede hacerlo a costa de los derechos de quienes vienen a este país en busca de oportunidades. La integración regional no es un eslogan: es una política de Estado que defendimos durante décadas y que hoy está siendo atacada por un gobierno que desprecia todo lo que tenga que ver con lo colectivo.
No hay integración sin solidaridad, no hay desarrollo sin inclusión, no hay Mercorsur sin derechos.
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