Los gobernadores y el Congreso redoblan la presión sobre la Casa Rosada para que la emergencia ígnea sea incorporada al temario de sesiones extraordinarias. Los mandatarios patagónicos ya anunciaron el envío de un proyecto con la expectativa de que se discuta durante febrero, una iniciativa que cosechó respaldos inmediatos en diversos espacios políticos.
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Desde el PRO, el partido del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, exigieron que el Congreso declare la Emergencia Nacional de forma urgente. Según sostuvo el partido presidido por Mauricio Macri, “la situación es grave, afecta a miles de argentinos y requiere decisiones urgentes para contener el daño y asistir a las zonas afectadas”.
El propio Macri expresó su “apoyo el pedido” de Torres y el resto de los mandatarios “para que, en las sesiones extraordinarias, se sancione la Ley de Emergencia Ígnea, que permitirá coordinar los esfuerzos provinciales con el Estado nacional”. El dirigente se hizo eco de los datos proporcionados por los gobernadores, con una cifra dramática: en los últimos meses ya se perdieron más de 230.000 hectáreas en una región que atraviesa la sequía más prolongada desde 1965. “Se necesitan más recursos y herramientas para combatir el fuego y proteger la vida y las propiedades de los argentinos”, sostuvo el ex presidente.
También se sumó al pedido la UCR. Su presidente, Leonel Chiarella, mantuvo una comunicación con el gobernador de Chubut, para expresar el acompañamiento del radicalismo a la iniciativa y respaldar el reclamo de las provincias patagónicas para que el Congreso trate de manera urgente la emergencia en el marco de las sesiones extraordinarias.
En la misma línea, el diputado y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, solicitó que el Ejecutivo incorpore el asunto “de manera urgente” al debate parlamentario. Ferraro detalló que es imprescindible garantizar el financiamiento del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, recomponer los ingresos de los brigadistas y avanzar en una discusión de fondo: la incorporación del ecocidio al Código Penal para terminar con la impunidad ambiental.
Hasta ahora, la única ampliación del temario de extraordinarias ocurrió para permitir el ingreso de la baja de la edad de imputabilidad. Desde el bloque PRO en Diputados, la ligazón con este tema es de larga data: Cristian Ritondo trabaja en el asunto hace años y fue autor de uno de los primeros proyectos. Sin embargo, el acompañamiento amarillo tiene un límite claro: avalan la baja hasta los 14 años, pero rechazan los 13 que pretendía el Gobierno.
Para el PRO, no hay consenso médico ni psicológico que asegure que un niño de 12 o 13 años comprende plenamente la criminalidad de sus actos. El bloque se apoya en la observación 24 de Naciones Unidas y en estudios de neurociencias que advierten que, a esa edad, el pensamiento abstracto aún está en desarrollo.
A la objeción científica se le suma la de gestión. Desde el espacio reconocen las dificultades del Estado para alojar y tratar a los menores que ya están en el sistema, una crisis de infraestructura sobre la que incluso alertó la Corte Suprema. Bajar la edad a 13 años profundizaría el colapso de un sistema sin espacios adecuados.
Para el PRO, la Argentina debe alinearse con países como Alemania, España, Italia, Chile, Uruguay o Colombia, que fijan el límite en los 14 años. Pero el aval llega con una advertencia política directa hacia la Casa Rosada: “Bajar la edad sin invertir en infraestructura es populismo penal”. En las filas amarillas alertan que, sin centros de alta seguridad especializados y un modelo socioeducativo real, la ley será "letra muerta" al día siguiente de su sanción.
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