Sigue la guerra entre el PRO y LLA por los tres auditores de la AGN

Pese a que ambos reconocen una larga y buena relación personal, el vínculo político entre Cristian Ritondo y Martín Menem se resintió por la jura, en la madrugada del jueves, de tres auditores nacionales en la Cámara de Diputados. El jefe de la bancada PRO impugnó ese acto ante el Poder Judicial, pero el libertario lo avaló y los auditores asumieron formalmente este lunes. El presidente del partido amarillo bonaerense reiteró su postura y presentó un nuevo escrito, esta vez ante la Auditoría General de la Nación, para retrotraer la situación.

En diálogo con El Observador, Menem afirmó que Ritondo “está en todo su derecho” de recurrir a la Justicia. Sin embargo, desde la óptica libertaria, “se hizo todo como corresponde”, porque hubo un apartamento en reglamento - votado por las tres cuartas partes de la Cámara - para introducir el tema. Precisamente, este es uno de los puntos que el PRO cuestiona: entiende que el apartamiento nunca fue solicitado formalmente por el diputado Gabriel Bornoroni y que, además, no podía abordarse la cuestión por tratarse de un asunto excluido del temario de sesiones extraordinarias.

Menem también rechazó que la jura de los tres auditores haya sido “entre gallos y medianoche”, como apuntó el PRO. Para él, el horario - cercano a las tres de la mañana - se debió a la prioridad de otros proyectos. Además, negó un acuerdo previo con el peronismo, tal como señaló Ritondo en su amparo por inconstitucionalidad: “No había ningún tipo de dudas que a La Libertad Avanza le corresponde un lugar, que si no nos lo daban, lo íbamos a judicializar, porque tenemos más de noventa diputados. No hay ninguna duda que, guste o no, al peronismo, le correspondía ese lugar, porque tiene más de noventa legisladores también”.

Con esta disputa de fondo, los auditores asumieron formalmente este lunes: Mónica Almada (propuesta por LLA y cuestionada por haber desarmado un plazo fijo poco antes del Corralito del 2001, aprovechando su posición de poder como directora del Banco Ciudad); Pamela Caletti y Juan Ignacio Forlón.

Según fuentes oficiales, con estas designaciones, el Colegio de Auditores Generales alcanzó el quórum necesario para funcionar y ejercer la tarea de control externo del Sector Público Nacional. Sin embargo, aún resta la designación de tres representantes por parte de la Cámara de Senadores para poder completar la integración.

Frente a esto, Ritondo elevó una nota de dos páginas a Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación. En ella, formuló la “impugnación expresa respecto de las designaciones (...) en razón de la manifiesta inconstitucionalidad e ilegitimidad que las vicia”.

Según relató el diputado, las designaciones nacidas de la “Resolución 7018-D-2025 dictada el 17 de diciembre del 2025, se encuentran actualmente cuestionadas judicialmente, habiéndose promovido acción de amparo en trámite ante la Justicia Federal”, presentado este fin de semana. Allí se mencionan la violación al temario de sesiones extraordinarias y la ausencia de un apartamiento formal del reglamento.

En el escrito a Olmos, Ritondo agregó otro punto que, a su entender, abona a la irregularidad a la jura de auditores. “La resolución impugnada tiene fecha del 17 de diciembre, cuando es de público conocimiento que la votación se realizó a las 02:55hs en la madrugada del día 18 de diciembre, un motivo más que demuestra, la ilegalidad que rodeó todo el procedimiento”.

Para Ritondo - en línea con la preocupación de Mauricio Macri -, “la convalidación de las designaciones realizadas al margen de tales exigencias no solo compromete la legalidad del acto en sí, sino que lesiona gravemente el equilibrio institucional, desnaturaliza el rol de los órganos de control y afecta el normal funcionamiento del sistema republicano de gobierno, basado en la división de poderes y en el respeto estricto de los procedimientos constitucionales”.

Por ello, el dirigente solicitó que la Auditoría General de la Nación “se abstenga de convalidar o consolidar los efectos de las designaciones cuestionadas y adopte las medidas necesarias a fin de preservar la legalidad institucional y el orden constitucional vigente, sin perjuicio de lo que oportunamente resuelva el Poder Judicial en la causa mencionada”.