La Corte Suprema tiene 65 causas de lesa humanidad sin resolver hace años

El dato revela las prioridades del máximo tribunal, en especial desde 2016, que no prioriza los casos vinculados al terrorismo de Estado y abonan a la impunidad biológica de los genocidas que siguen sin sentencia firme.

09 de octubre, 2020 | 07.29

La Corte Suprema tiene al menos 65 causas por delitos de lesa humanidad sin resolver, la mayoría desde 2016 pero hay casos que llevan hasta 9 años en sus cajones. Involucran desde genocidas como Santiago Omar Riveros hasta empresarios como Carlos Blaquier, desde casos emblemáticos como la Masacre de Trelew hasta un ex juez tres veces condenado. La demora en estos casos, denunciada durante años por los organismos de Derechos Humanos, indica que la estrategia es la de la impunidad biológica, que la avanzada edad de los genocidas juegue en tándem con la demora judicial.

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Los datos surgen de un primer mapeo que realizó la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, a cargo de la fiscala Ángeles Ramos. No es un dato fácil de rastrear: la propia Corte no lo informa y el sistema de consulta judicial para seguir el derrotero de los expedientes es de todo menos práctico. El tiempo que lleva cada caso en la Corte se calcula desde que tiene sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal del país, previa en esos casos al máximo tribunal. Sin fallo de la Corte los genocidas siguen sin sentencia firme.

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La mayoría de las demoras coincide temporalmente con los años de Mauricio Macri en la presidencia y la Corte que completó con Carlos Rosenkrantz, el actual presidente del máximo tribunal, y Horacio Rosatti. De las 65 causas, 55 están esperando respuesta de la Corte desde 2016. El resto desde antes.

Este dato es el trasfondo de la fallida reunión de la Comisión Interpoderes convocada por Rosenkrantz. Ese espacio ya podría decirse que no existe. De Interpoderes le quedó solo el nombre, ya que no asistieron ni el Ejecutivo ni el Legislativo, el propio Rosenkrantz no fue acompañado siquiera por el resto de los cortesanos y la mayoría de los organismos de Derechos Humanos declinaron la invitación ante el evidente oportunismo del presidente de la Corte.

La existencia de al menos 65 causas sobre delitos de lesa humanidad que esperan Justicia desde hace décadas y el fracaso de la convocatoria de Rosenkrantz abren una discusión que es tiempo de saldar. La Corte no tiene tiempos ni plazos, queda en evidencia, pero puede a su vez ordenar sus prioridades. A la vista de este listado de casos en los que no solo benefician a los genocidas sino que se violenta de nuevo a las víctimas, aparece como imperativo que la propia Corte deje por escrito que deben priorizarse. El terrorismo de Estado si tiene gravedad institucional, no los casos de 3 jueces y su pretendido derecho adquirido de ser nombrados a dedo.

Genocidas

Uno de los casos de impunidad biológica es a su vez uno de los que más tiempo lleva en los cajones de la Corte Suprema e implica a uno de los jerarcas de la última dictadura militar. Se trata de la causa que involucraba al general Jorge Olivera Rovere, el temible segundo al mando de Carlos Suárez Mason en el I Cuerpo del Ejército. El caso lleva más de 8 años en la Corte. Olivera Rovere fue condenado a prisión perpetua en 2009 y en 2013 la Cámara de Casación ratificó la pena por 116 privaciones ilegitimas de libertad y 4 asesinatos con alevosía. Pero Olivera Róvere murió el 14 de febrero de 2015, con esta y otras causas sin resolver.

Hay un caso aún mas antiguo en la Corte, que lleva 9 años sin resolución. Se trata de la condena a prisión perpetua al general Pedro Pablo Mansilla por el secuestro, tortura y asesinato de Carlos Labolita en Mar del Plata. Labolita era amigo y compañero de militancia de Néstor Kirchner y CFK.

El poderoso general Santiago Omar Riveros, que acumula condenas por delitos de lesa humanidad, tiene varios expedientes sin resolver en la Corte Suprema.  Uno leva más 8 años en la Corte: es el caso de Floreal “Negrito” Avellaneda, una de las víctimas más jóvenes de la dictadura cívico-militar. Militante de la Federación Juvenil Comunista, el “Negrito” tenía 15 años cuando fue secuestrado, torturado y su cuerpo mutilado apareció en la costa uruguaya en 1976. Su caso tardó 33 años en llegar a juicio oral, el doble de su edad cuando fue asesinado.

Por el caso del "Negrito" Avellaneda en 2009 el Tribunal Oral Federal de San Martín condenó a Riveros, ex jefe del Campo de Mayo, a prisión perpetua y a otros 5 militares a penas entre 8 y 25 años. La Cámara de Casación confirmó la sentencia en 2012, pero desde entonces el expediente está en la Corte. Riveros también fue condenado en 2017 por los delitos de lesa humanidad, incluidos delitos sexuales, cometidos durante la última dictadura en la comisaria de Villa Ballester. La sentencia fue confirmada por Casación el 16 de mayo de 2018. Desde entonces la Corte tampoco la resuelve.

Riveros junto al dictador Reynaldo Bignone también fueron condenados en otra causa por torturas y asesinatos en Campo de Mayo en 2013, sentencia confirmada por la Cámara de Casación en 2017. La Corte tampoco la trató aun. Lo mismo con las condenas que recibieron Riveros y Bignone por el plan sistemático de robo de bebés en Campo de Mayo, que desde 2017 tiene confirmación de la Cámara de Casación.

Entre tanto, el genocida Riveros fue uno de los que pidió (y le rechazaron) el beneficio del 2x1 luego de que la Corte se lo otorgara a Luis Muiña. Y Bignone murió el 7 de marzo de 2018: impunidad biológica.

Luciano Benjamín Menéndez, el genocida con el record de 7 condenas a cadena perpetua, también gozó de las demoras de la Corte. En su caso, hace 7 años que el máximo tribunal no resuelve sobre su condena a perpetua por las desapariciones de 12 personas en Mendoza.

Otro de los represores más sangrientos fue el capitán Héctor Vergez, que llegó incluso a publicar un libro titulado “Yo fui Vargas” donde relató detalles de sus crímenes en tiempos de la impunidad menemista. En 2012 fue condenado a 23 años de prisión, la Cámara de Casación confirmó la sentencia en noviembre de 2016 y desde entonces está en el limbo cortesano.

El caso de la Masacre de Trelew lleva 6 años sin respuesta de la Corte. Se trata del fusilamiento de 16 presos políticos ocurrido el 22 de agosto de 1972 en la Base Almirante Zar. El 19 de marzo de 2014 la Sala III de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Liliana Catucci, Mariano Borinsky y  Alejandro Slokar, confirmó las condenas a prisión perpetua contra Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino. Desde entonces, el caso está en la Corte.

Civiles

La Corte no solo demora casos de militares, también de empresarios e incluso uno de la corporación judicial ligados al terrorismo de Estado.

El más paradigmático en los civiles es el de Carlos Blaquier, uno de los ideólogos del terrorismo de Estado y del reformateo económico a punta de pistola y picana. Blaquier fue juzgado por el operativo conocido como Apagón de Ledesma, cuando un grupo de tareas ingresó la planta de Ledesma con vehículos de la propia empresa para secuestrar a varios trabajadores. Pero en este caso Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, con las firmas de Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi, dijo que Blaquier no sabía para qué iban a usar los vehículos. El ideólogo dictatorial que no sabía de los métodos que había planificado. Desde la agrupación HIJOS plantearon un recurso que llegó a la Corte en 2015 y sigue sin resolverse, por el peso de Blaquier y por las relaciones familiares que tiene con la esposa de Carlos Rosenkrantz.

Otro caso de civiles cómplices del terrorismo de Estado es el de Marcos Levin, quien fue el primer empresario condenado por delitos de lesa humanidad cometidos contra trabajadores de su empresa La Veloz del Norte. En una de las causas contra Levin la Corte resolvió en 2018 que se siguiera investigando. Pero en otra, donde fue condenado en 2016, la Corte aún tiene que resolver respecto a la resolución de la Cámara de Casación que dijo que los delitos cometidos por Levin y 3 ex policías no eran de lesa humanidad y habían prescripto. Dos de los jueces que dijeron eso fueron Riggi y Gemigniani, los mismos que beneficiaron a Blaquier. El tercero fue Carlos Mahiques, puesto a dedo por Macri.

La corporación judicial se cuida a sí misma y en los delitos de lesa humanidad parece no haber excepción. El ex juez santaffecino Víctor Hermes Brusa tuvo tres condenas por delitos de lesa humanidad. En una de ellas, donde fue condenado en 2009 a 21 años por apremios ilegales de 8 personas, la Corte le confirmó la sentencia en 2013. Pero en otra, condenado a 7 años en 2014, la Corte aún no resolvió.

Los expedientes que llevan años en el máximo tribunal también remiten al Plan Cóndor, a los delitos cometidos en Monte Peloni, en los Centros Clandestinos de Detención Vesubio, Mansión Seré, Base Naval de Mar del Plata, el Arsenal Azcuénaga de Tucumán, La Escuelita de General Roca y Automotores Orletti. Hay expedientes de todo el país.

El espiral recursivo

En el último informe del estado general de las causas de lesa humanidad que realizó la Procuraduría que comanda la fiscala Ramos, que es de diciembre de 2019, hay varios datos para complementar este cuello de botella que genera la Corte. Lo que denominan el "espiral recursivo", las idas y vueltas de los expedientes en las instancias superiores del Poder Judicial.

Al 1 de diciembre de 2019 había 589 causas por delitos de lesa humanidad en trámite. De esas, 238 tienen sentencia pero el 67% está en alguna instancia recursiva, sea en la Cámara de Casación o en la Corte. Pero lo notable es que en esas instancias es donde más se demora. Según el informe, el tiempo promedio en la instrucción de los juicios es de 7 mesas. Entre la elevación a juicio y el veredicto el promedio son 2,4 años. Pero el promedio entre la sentencia y el fallo del último recurso ante la Corte llega a 3,6 años.

Si se considera que más del 90% de las sentencias se recurren ante la CSJN, lo cierto es que a los tiempos de tramitación se le suma en todos los casos casi 4 años más, sólo para confirmar o no lo dispuesto por el Tribunal Oral”, plantea el informe de la Procuraduría. Y evidencia, una vez más, que debería sentarse una prioridad para resolver de una vez por todas los casos pendientes del terrorismo de Estado.

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