Juntos por el Cambio pactó blindar a Casal

El martes el oficialismo buscará dictaminar para llevar al recinto la ley de la reforma del Ministerio Público Fiscal.

17 de mayo, 2021 | 05.00

En estado de alerta, Juntos por el Cambio se reunió de urgencia el domingo a la noche para pactar el blindaje al procurador interino del macrismo, Eduardo Casal. Después de que el oficialismo decidiera avanzar el viernes con el tratamiento de la ley del Ministerio Público Fiscal en la Cámara de Diputados, la mesa nacional opositora volvió a abroquelarse contra cualquier reforma vinculada al Poder Judicial y en un comunicado aseguró que el debate del proyecto no es urgente ni responde a las necesidades de la ciudadanía y lo describió como "un intento más de quedarse con la Justicia". De todos modos, dieron por perdida la batalla porque también dialogaron estrategias para ayudar a que el Senado avance con el pliego de Daniel Rafecas, el candidato del Poder Ejecutivo.

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La reunión de urgencia fue solicitada por los jefes de los bloques que integran Cambiemos, el radical Mario Negri, el PRO Cristian Ritondo y Juan López de la Coalición Cívica. El encuentro previsto para el martes se adelantó al domingo a la noche ante el avance del oficialismo para tratar un proyecto que, en caso de prosperar, se convertirá en una victoria importante para el Gobierno. El zoom contó con la presencia de los titulares de bloque del Senado, los presidentes de los partidos Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich y Maximiliano Ferraro; también estuvieron Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y el ex senador peronista, Miguel Ángel Pichetto.

En un comunicado escueto, Juntos por el Cambio manifestó "su total rechazo al intento del oficialismo de aprobar la reforma de la ley de Ministerio Público Fiscal" porque "su tratamiento no es urgente y no responde a las verdaderas necesidades de los argentinos que sufren la inflación, la falta de vacunas, la pobreza y el desempleo". Además, lo rechazaron "porque es un intento más de quedarse con la Justicia. Sin fiscales independientes sólo se puede esperar falta de libertad y persecución a cualquiera que piense distinto" y "porque una vez más quieren manejar la Justicia para garantizar la impunidad en causas que nunca pudieron explicar".

Tras el encuentro, Negri aseguró que van a "hacer lo imposible para evitar que esta ley salga" y llamó a la sociedad civil a expresarse. "Estamos hablando con todos los bloques opositores. Los medios deben preguntar a todos quién va a acompañar esta ley, quiénes serán cómplices dando incluso el quórum", señaló contra quienes decidieron acordar. Luego, en redes sociales lanzó una dura advertencia: "Si esta ley para quedarse con el control de los fiscales avanza, estará absolutamente quebrado el mínimo diálogo institucional que debe primar en un país que está en la más profunda de las crisis".

Del encuentro virtual también participaron Rodolfo Suárez, Gerardo Morales; los senadores Luis Naidenoff, Humberto Schiavoni y Martín Lousteau; también estuvieron Omar De Marchi y Maricel Etchecoin. Los opositores debatieron estrategias para impulsar el tratamiento del pliego de Daniel Rafecas, el candidato del Ejecutivo, para evitar el nombramiento de un interino que no les guste. Con esta postura, la oposición ya dio por perdida la batalla por la ley.

El martes a las 19 habrá una nueva reunión conjunta de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, esta vez de forma presencial, para dictaminar la modificación de la ley bajo la cual se elegirá al nuevo jefe de los fiscales. El texto que tiene media sanción del Senado volverá a la Cámara Alta, en caso de aprobarse en la Baja, porque saldrá con modificaciones. De este modo, el de Procurador dejará de ser un cargo vitalicio y sólo necesitará la mayoría absoluta de 37 senadores para su designación.

El viernes, el oficialismo definió acelerar el tratamiento del proyecto enviado en 2020 al Congreso por Alberto Fernández y la semana que viene ya estaría en condiciones de tratarse en el recinto. Según los datos del Frente de Todos, estarían asegurados los votos para su aprobación y negocian para lograr el quórum necesario para habilitar el debate y la votación.

Cual un partido de ajedrez, Juntos por el Cambio perdió en la estrategia. El viernes decidieron levantarse y no participar de la reunión conjunta de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, perdiendo toda posibilidad de dilatar el debate con la invitación de nuevos especialistas. Al ver que el Frente de Todos iba a avanzar, se declararon en estado de alerta y anunciaron una posible convocatoria a audiencia pública pero el oficialismo fue más rápido y convocó a un plenario para firmar el dictamen.

"¿Qué quiere hacer el oficialismo? Busca que el acuerdo del Senado para el Procurador General sea prestado por la mayoría simple de sus miembros, en lugar de los dos tercios que exige la ley", dijo Bullrich en redes sociales antes de la reunión convocada de urgencia y se plegó al discurso opositor: "¿Cuál es el objetivo? El oficialismo quiere reformar el Ministerio Público Fiscal con un sólo fin: otorgarle impunidad a Cristina Fernández de Kirchner y a todos sus funcionarios en sus causas judiciales".

El viernes, el interbloque de Juntos por el Cambio denunció que "esta reforma al Ministerio Público Fiscal pretende debilitar la figura del Procurador General y nombrar a una persona dependiente del poder kirchnerista al frente de la persecución penal en todo el país". En un comunicado, dijeron que "de avanzar esta ley no habrá fiscales independientes que puedan investigar en la Argentina".

El Poder Judicial es uno de los tópicos que aglutina a toda la alianza opositora. Con diferencias internas en torno al manejo de la pandemia y enojos por los acuerdos con el Gobierno por parte de los dirigentes cambiemitas con responsabilidad de gestión, la reforma de la Justicia, las clases presenciales y la lucha por la autonomía de las provincias fueron los ejes bajo los cuales todos coincidieron.

La lucha de Larreta

Sin expectativas, Horacio Rodríguez Larreta se verá cara a cara con el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, y el de Economía, Martín Guzmán, para intentar llegar a un punto de acuerdo por el traspaso de la policía al territorio porteño. Básicamente, debatirán la coparticipación y la devolución de puntos extra por parte de la Ciudad. El conflicto se desató en septiembre del año pasado, cuando Alberto Fernández anunció la quita de poco más de un punto en la repartición de recursos federales que le llegan a la Capital Federal para trasladarlos a la provincia y el jefe de Gobierno recurrió a una Corte Suprema que, por ahora, no pareciera querer meter las manos en el barro. Por eso, el martes se encontrarán los funcionarios a las 11 de la mañana.

Tanto Nación como Ciudad se mantendrán en la misma postura. Los primeros defenderán el incremento recibido discrecionalmente durante el Gobierno de Mauricio Macri y, si hay voluntad de diálogo, llevarán a la mesa de negociación sus argumentos para mantener los fondos extra. Por su parte, el Gobierno nacional insistirá en que se cumpla con la ley sancionada por el Congreso para que la Ciudad devuelva el excedente recibido durante la gestión anterior porque la coparticipación secundaria les garantiza todo lo necesario para su funcionamiento.

Desde Casa Rosada remarcaron que antes de la pandemia Horacio Rodríguez Larreta le había pedido a De Pedro un tiempo para efectivizar la quita de los puntos extra. Ese tiempo tenía como límite abril del 2020, fecha solicitada por la Ciudad porque sabía que no iba a poder hacer nada. Los plazos se dilataron y el anuncio llegó en septiembre del año pasado. En ese momento, el jefe de Gobierno acusó que si bien hubo un diálogo, éste se cortó por el coronavirus, no volvieron a tocar el tema y jamás lo consultaron a la hora de avanzar.

Fue el primer cruce fuerte que Larreta tuvo con un Gobierno nacional con el que venía trabajando en conjunto. Para Juntos por el Cambio, ese hito marcó un antes y un después en la relación interna con el jefe de Gobierno. Concentrados en mantener al núcleo duro, no encontraban en el porteño un pliegue discursivo y tras ese episodio pudieron alinearse.

Con un comunicado, la mesa nacional de la alianza opositora dijo en septiembre del año pasado: “La grave crisis policial en la Provincia de Buenos Aires, es el resultado de la imprevisión y desatención por parte del actual gobierno provincial y no puede pretender ser resuelta echando culpas infundadas a la gestión anterior sin asumir las propias y, mucho menos, aprovecharse de ella para despojar arbitrariamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de recursos coparticipables que oportunamente le fueron asignados por la Nación resignando parte de recursos que le correspondían y transfiriendo parte importante de la PFA, sin afectar a ninguna otra jurisdicción federal, aprobada por una ley del Congreso Nacional y refrendada por los gobernadores de todas las provincias” .

El debate por la coparticipación.

A fines del año pasado, el Congreso sancionó el Convenio de transferencia progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en ese distrito, celebrado entre el Estado Nacional y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 5 de enero de 2016.

La norma fija unos 24.500 millones de pesos para financiar los gastos de la Policía Federal traspasada a la Capital y establece una fórmula compuesta en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina, y en un 20% por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), ambos correspondientes al año anterior. De esta manera, el Presupuesto Nacional de cada año contemplará el financiamiento de los gastos, se dividirá en cuotas mensuales que se transferirán desde el Tesoro Nacional hacia la Ciudad con actualización trimestral.

Desde el oficialismo, la senadora María de los Ángeles Sacnun explicó que con el macrismo “se ha banalizado la palabra federalismo y su concepto, porque ni bien asumió Macri, tomó la determinación mediante un decreto, de avanzar en ese acuerdo entre la CABA y el Gobierno Nacional ampliándole la participación en los recursos del 1,40 al 3,75 por ciento, sin tener en cuenta el principio de razonabilidad que debe fundar a todos los actos de gobierno y en detrimento de las provincias argentinas”.

Por supuesto, la oposición rechazó la iniciativa. El diputado Gustavo Menna, de la UCR, ratificó que el texto “tiene una concepción de patoterismo unitario, arbitrario, es manifiestamente inconstitucional y es un precedente gravísimo para el resto de las provincias”. Pablo Tonelli, del PRO, afirmó que la norma tiene “un objetivo perverso para perjudicar, dañar y discriminar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que casualmente está gobernada por un dirigente opositor”. En el Senado, Martín Lousteau agregó que el Gobierno "modificó la ley de coparticipación sacándole recursos a un distrito para dárselos a otro".


 

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