El Gobierno presentó el proyecto de ley de glaciares: los puntos más polémicos de la reforma

El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares N.º 26.639, sancionada en 2010. La iniciativa fue anunciada mediante un comunicado oficial de la Oficina de la Presidencia en el que se asegura que la norma vigente presenta “graves falencias” y que “bajo pretextos ideológicos, se obstaculizó el desarrollo del país”. Entre sus argumentos, las organizaciones sostienen que “la Ley de Glaciares fue resultado de un amplio debate social, parlamentario y jurídico, y constituye un hito en materia de desarrollo sostenible”.

En el texto oficial, el Gobierno plantea que la reforma busca “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”. Entre los puntos destacados, el comunicado afirma que “esta reforma propone reglas claras: protege los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalece los estándares ambientales vigentes y elimina la discrecionalidad que, bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país”.

Lo más controversial de la reforma a la Ley de Glaciares

El punto más controvertido de la iniciativa es la redefinición de los espacios protegidos. Mientras la ley actual considera glaciar a toda masa de hielo perenne y extiende la protección al ambiente periglacial en alta, media y baja montaña, el proyecto oficial limita el alcance a aquellos glaciares que cumplen una “función hídrica efectiva” y a zonas con suelos congelados que actúen como reguladores hídricos comprobables.

Con ello, se mantiene la prohibición de actividades mineras en glaciares y ambientes periglaciares, pero se acota qué áreas entran en esa categoría, otorgando a las provincias un rol central en la delimitación y evaluación de impacto ambiental.

Organizaciones ambientales como Greenpeace y más de 25 entidades de la sociedad civil alertaron que esta redefinición implica un retroceso en la protección de reservas estratégicas de agua dulce y contradice el principio de no regresión ambiental del Acuerdo de Escazú. Señalan que muchos glaciares pequeños y ambientes periglaciares quedarían fuera del resguardo legal, habilitando proyectos mineros de gran escala en zonas críticas. En un contexto de crisis climática y retroceso global de los glaciares, advierten que reducir los niveles de protección tendría consecuencias irreversibles para ecosistemas frágiles y comunidades que dependen de ellos.

Según el Ejecutivo, responde a los reclamos de las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (Mendoza y San Juan), aunque no menciona a las provincias patagónicas, donde se concentran los principales glaciares del país.

Qué establece la Ley de Glaciares

La Ley N.º 26.639 define como glaciar a “toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formada por la recristalización de nieve, ubicada en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación”. También protege el ambiente periglacial, que actúa como regulador del recurso hídrico. El artículo 6 de la norma vigente prohíbe la exploración y explotación minera en glaciares y ambientes periglaciares, así como cualquier actividad que pueda alterar la dinámica natural del hielo o la calidad del agua.

Las críticas de las organizaciones a la propuesta de reforma de ley de glaciares

En este marco, la propuesta generó un inmediato rechazo de organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil que manifestaron su “profunda preocupación” ante lo que considera un nuevo intento de flexibilizar la protección de los glaciares. Más de 25 organizaciones de todo el país difundieron un documento conjunto en el que advierten que modificar la ley implicaría habilitar actividades económicas -especialmente la minería de gran escala- con alto impacto ambiental y la pérdida de reservas estratégicas de agua dulce.

Entre sus argumentos, las organizaciones sostienen que “la Ley de Glaciares fue resultado de un amplio debate social, parlamentario y jurídico, y constituye un hito en materia de desarrollo sostenible. Apuntaron que “los glaciares y el ambiente periglacial conforman un sistema único que almacena, regula y sostiene el agua que alimenta cuencas completas, humedales de altura y comunidades enteras”.

“En un contexto de crisis climática y retroceso global de los glaciares, cualquier reforma que reduzca los niveles de protección sería 'un retroceso ilegal e inconstitucional', contrario al principio de no regresión ambiental establecido en el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566)”, detallaron. Remarcaron que la norma vigente “no bloquea el desarrollo, sino que lo ordena”, garantizando que ninguna actividad avance sobre zonas donde el daño sería permanente. Por último, las organizaciones también subrayaron el rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) en la implementación de la ley y reclamaron reforzar sus competencias y presupuesto.