Correo: los Macri buscan unificar demandas contra el Estado por $14.500 millones

Son juicios con los que Mauricio Macri y su familia buscan obtener una ganancia multimillonaria, mucho mayor a lo que quieren pagar por su deuda.

05 de septiembre, 2021 | 00.05

Mientras Mauricio Macri y su familia logran por ahora mantener suspendida la quiebra de Correo Argentino buscan por otro lado unificar demandas que tienen contra el Estado vinculadas a la concesión del servicio postal por más de 14.500 millones de pesos. La jugada tuvo movimiento en estos días y ya está en manos del fiscal Fabián Canda para que opine si juntan una causa iniciada en 2004 con otra del 2016. Luego definirá el juez Enrique Alonso Regueira, cercano al sector más conservador de la política judicial.

La jugada es evidente y si los Macri la logran ejecutar saldrán con una ganancia extraordinaria. Queda a la vista con las curiosas cuentas que hacen: dicen que ellos le deben al Estado un total de 1.011 millones de pesos pero que el Estado les debe a ellos 14.585 millones. La cuenta da 13.574 millones de diferencia a favor de los Macri.

¿De donde salen los números? En su última propuesta del pago de su deuda por el Correo los Macri ofrecieron pagar 1.011 millones de pesos en una cuota a pesar de que siempre alegaron que no contaban con fondos. Por otro lado, cuando valuaron la empresa Correo Argentino, contaron los 4 juicios que tienen contra el Estado como ganados por un total de 14.585 millones de pesos. Por lo tanto esa es la cifra que pretenden arrancarle a las arcas públicas. Y están moviendo las piezas.

Los Macri tienen 4 causas vigentes contra el Estado vinculadas al Correo:

  1. La más antigua data del año 2000, donde demandaron al Estado por daños y perjuicios y reclaman 2.288 millones de pesos. Es incluso más antigua que la del concurso de acreedores que culminó en la quiebra de Correo.
  2. Otra es del 2004, donde pidieron la nulidad de los decretos 1074 y 1075 del 2003. El primero rechazaba una serie de reclamos de los Macri contra el Estado; el segundo rescindió la concesión del servicio de correo “por culpa del Concesionario”. Llevaban las firmas de Néstor Kirchner y Alberto Fernández. Ese expediente es clave y tuvo movimientos en la últimas horas. Está en el juzgado Contencioso Administrativo N 1, a cargo de Alonso Regueira.
  3. En 2006 pidieron la inconstitucionalidad del decreto 721 del 2004, que constituyó el Correo Oficial de la República Argentina que continuó con el servicio postal tras las quita de la concesión.
  4. En 2016 demandaron al Estado por 2.365 millones de pesos. Lo hicieron en simultáneo a la maniobra donde Macri buscó condonarle la deuda a su familia. Para la fiscala Gabriela Boquin se trató de una jugada “de mala fe procesal”. Se condonaban la deuda ellos mismos y decían que el Estado les debía. Es el otro expediente clave, que quieren unificar con el de 2004.

El 27 de agosto pasado el juez Alonso Regueira reunió los expedientes del 2004 y de 2016 y se los envió al fiscal Canda para que “se expida respecto de la acumulación de procesos allí solicitada”. Esa acumulación la pidieron los Macri. El 1 de septiembre el fiscal Canda recibió los expedientes. Ahora le toca dictaminar. Luego definirá el juez.

Desde 2019 los Macri intentan unificar esos juicios millonarios contra el Estado. El 17 de julio de ese año presentaron un escrito en la causa iniciada en 2004 donde reclamaron que se unifique con la de 2016. El escrito no figura en el sistema de consulta de causas. El Destape lo descubrió de todas formas y encontró una posible explicación: los Macri pidieron que esta cuestión se resolviera sin notificar al Estado. La existencia de este pedido quedó expuesta cuando en la causa del 2016 pidieron suspender todo hasta que esa unificación se resuelva. Ahora ese pedido llegó al despacho del fiscal Canda y luego definirá el juez Alonso Regueira.

En la demanda que iniciaron en 2016 hay un elemento central: fue una maniobra a dos bandas en la cuál por un lado el entonces presidente Macri le condonaba la deuda a su familia mientras su familia demandaba al Estado.

La cronología es clara. El 13 de junio Correo Argentino demandó al Estado Nacional por daños y perjuicios, sin poner aún un monto para ahorrarse la tasa de Justicia del 3%. Quince días más tarde, el 28 de junio, el Gobierno de Macri aceptó la propuesta de la familia Macri de pagar su deuda con una quita del 98,82%, una condonación de más de 70.000 millones de pesos. El 12 de agosto los Macri ampliaron su denuncia por daños y perjuicios y establecieron el monto: 1.794 millones por la apropiación de instalaciones de Correo Argentino más 570 millones por otros rubros. Total: 2.365 millones que la familia Macri quiere que el Estado le pague.

Sobre los 1.794 millones que reclaman donde incluyen inmuebles y supuestas inversiones pusieron que “esta suma deberá ser actualizada hasta la fecha de su efectivo pago, mediante la adición de los intereses correspondientes sobre el capital adeudado”. Dentro de los 570 millones restantes incluyeron un ítem insólito: aseguran que pagaron 110 millones de pesos de más por el canon (que en realidad dejaron de pagar, de ahí su deuda con el Estado) y “ajustados y repotenciados” les da un total de 200 millones de pesos. Real: los Macri dicen que pagaron de más.

Todos estos expedientes están en el fuero Contencioso Administrativo, donde se litiga contra el Estado. La causa iniciada en 2004 está en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1, a cargo de Alonso Regueira; la del 2016 en el Nº 12 a cargo de Macarena Marra Giménez.

En 2019, cuando los Macri quisieron que una absorbiera la otra, ambos juzgados carecían de juez titular. El Nº 1 era subrogado por Enrique Lavié Pico, uno de los magistrados más alineados con el macrismo. El Nº 12 por la propia Marra Giménez, también alineada con el PRO. En 2020 fueron designados Alonso Regueira en el 1 y confirmada Marra Giménez en el 12.

Los pliegos de ambos fueron enviados al Senado por Macri pero finalmente los designó el actual gobierno. De Alonso Regueira se sabe de su cercanía con la lista Bordó de la Asociación de Magistrados, el sector más conservador de la política judicial, y vínculos con Sergio Fernández, el hombre fuerte del fuero Contencioso Administrativo donde oficia de camarista. Alonso Regueira asumió en lugar de Lavié Pico, uno de los jueces que se alineó con los intereses del Gobierno de Macri y fue correspondido con el cierre de una denuncia en su contra promovida por Elisa Carrió.

El caso de Marra Giménez también es interesante. Jugó un rol importante en el intento de Macri de convertir a la ciudad de Buenos Aires en una guarida fiscal, maniobra que publicó El Destape prácticamente en soledad y que aún tiene un final abierto en tribunales. El caso tiene puntos en común con Correo. Uno, por ejemplo, es su larga data, ya que Macri quiso convertir Buenos Aires en una guarida fiscal apenas asumió como jefe de Gobierno, en 2008. Lo frenó la por entonces fiscal ante la Cámara Comercial Alejandra Gils Carbó, que logró una medida cautelar. En 2016, apenas Macri asumió la presidencia, la jueza subrogante Marra Giménez levantó la cautelar. Ya no estaba Gils Carbó pero en su lugar había asumido la fiscala Boquin, que apeló y el caso quedó en la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo.

Macri nunca olvidó el rol de Gils Carbó y de Boquin y la ferocidad de sus ataques contra la luego procuradoray la actual fiscala tuvieron esa historia como trasfondo. Boquin, de hecho, denunció la complicidad entre Macri, Horacio Rodríguez Larreta y el ex ministro de Justicia Germán Garavano para ejecutar ese plan.

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