La movilización de la comunidad científica y el rechazo del Congreso obligaron al Gobierno a dar marcha atrás con los decretos que imponían la virtual disolución del INTI y el INTA (números 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25). Vuelven a funcionar sus consejos directivos y sus direcciones nacionales, y se anula lo resuelto en relación con la eliminación de diferentes estructuras.
La publicación en el Boletín Oficial de que “se restituye la plena vigencia de las disposiciones normativas que habían sido derogadas, sustituidas o modificadas” por los decretos concernientes a estos organismos no solo da un respiro a los integrantes de estas instituciones, sino un soplo de esperanza al resto del sistema científico al demostrar que “se puede frenar el proceso de destrucción de nuestras capacidades científicas y tecnológicas”, dijo en un comunicado la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt).
Medidas tomadas en los últimos meses incluían la intervención y degradación de varios organismos autárquicos; además de los nombrados, el Instituto Nacional del Agua (INA), el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) y el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar).
El nuevo decreto, (627/2025), publicado con la firma del presidente y todo su gabinete de ministros, restituyó lo que había sido modificado por la norma promovida por el ex ministro desregulador, Federico Sturzenegger, y que disponía la degradación institucional del INTA, del INTI, del Instituto de Vitivinicultura, del Instituto de Semillas y hasta del Instituto de Agricultura Familiar. Queda pendiente, sin embargo, la restitución de su autarquía al INA (transformado en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Obras Públicas de la cartera económica), el Inpres y el Segemar, que fueron fusionados. Ya hay en Diputados proyectos de Esteban Paulón y Mónica Fein, y Daniel Gollán, y en Senadores, uno de Wado de Pedro, para hacerlo.
El nuevo decreto también da marcha atrás con la eliminación de la Dirección Nacional del INTA, puesto elegido por concurso y que hasta antes de esa decisión intempestiva ocupaba Ariel Pereda, que se reincorpora a su función. Y restituye la composición del directorio colegiado, que integraban 10 personas. Allí estaban representadas las cuatro entidades del campo que conforman la Mesa de Enlace (Federación Agraria Argentina, FAA, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, Coninagro, las Confederaciones Rurales Argentinas, CRA, y la Sociedad Rural Argentina). Además, la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, AACREA. El presidente, el vicepresidente y el vocal eran nombrados por el gobierno de turno. Y los otros dos miembros eran representantes de las facultades de Veterinaria y de Agronomía, lo que arrojaba un balance público/privado de 50 y 50, pero en el que el gobierno siempre era una minoría. Gracias a eso, se pudieron mantener políticas de mediano y largo plazo, algo indispensable en ciencia y tecnología.
De acuerdo con lo publicado por Bichos de Campo, incluso Nicolás Bronzovich, presidente del INTA designado por esta administración, se había manifestado el viernes último a favor del regreso de la estructura colegiada. También hubo reuniones de los integrantes de la Mesa de Enlace con las autoridades.
La modificación que intentó introducir el Gobierno le asignaba la suma del poder a Bronzovich, lo que le haría mucho más sencillo ejecutar los planes anunciados públicamente de poner en venta miles de hectáreas de campos experimentales y despedir a 1500 personas de las 6200 que hoy integran el organismo. El mismo viernes 22 de agosto, después del rechazo del Senado al decreto que disponía reformas, disoluciones y reorganizaciones, se conoció el pase a disponibilidad de casi 300 agentes, pero esta medida nunca llegó a efectivizarse. El amparo judicial llegó justo, el presidente del INTA no llegó a firmarlos y con la caída del decreto quedaron sin efecto. Tampoco se habría concretado el cierre del área de Agricultura Familiar.
Además, ya no tendrán vigencia la fusión y eliminación de varios institutos históricos, como el Banco Nacional de Datos Genéticos y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
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