En una condena clave que marcará un antes y un después en los casos de maltrato animal, la provincia de Jujuy fue el escenario principal de una sentencia judicial sin precedentes. Esto se debe a que los dos acusados por torturar y matar a "Gringo", un perro de la ciudad de San Salvador de Jujuy, deberán cumplir con una pena de ejecución condicional y resguardos especiales, como no poder acercarse a animales. El fallo se dio tras un acuerdo de juicio abreviado homologado por el fuero ambiental de la provincia.
El Ministerio Público de la Acusación de Jujuy informó que obtuvo esta sentencia clave este martes en una audiencia en la que el fiscal especializado, Javier Sánchez Serantes, presentó un acuerdo el cual contenía que los acusados aceptaran los hechos realizados. La audiencia contó con la intervención de Laura Flores, jueza con funciones de control ambiental, quien homologó el acuerdo y dictó la condena impuesta.
Gracias al acuerdo se estableció que los acusados fueron coautores penalmente responsables por el delito de crueldad animal. En ese orden, se les asignó a los responsables una pena de seis meses de prisión condicional, lo cual anula la posibilidad de que cumplan con detención efectiva, sin embargo, esta condicional está sujeta a que los penados cumplan con una serie de medidas de resguardo que fueron fijadas por el tribunal.
Las medidas impuestas por el Tribunal
Entre las medidas impuestas por la Justicia, se dispuso la firma periódica de un libro de cauciones, la realización obligatoria de un curso de sensibilización y concientización animal de 40 horas y la prohibición a acercarse y tener contacto con animales hasta completar la capacitación.
Como parte del acuerdo también se fijó que los condenados deberían realizar actos de reparación, los cuales incluyen efectuar en el plazo de quince días el depósito de 50 kilos de alimento para perros de calidad media en la Sociedad Protectora de Animales de la provincia. El acuerdo también fijó de forma preventiva la prohibición de cualquier acto de perturbación u hostigamiento hacia la denunciante y los testigos.
Por último, se contempló la excarcelación de los acusados, sobre esta cuestión el fiscal Sánchez Serantes explicó: "El procedimiento culmina con todos los requisitos de ley y condiciones para promover la reinserción y evitar la reiteración de conductas lesivas". Por este motivo, la jueza Flores dispuso el cese de la prisión preventiva y ordenó la libertad inmediata de los acusados.
En esta línea, el MPA intentó remarcar lo relevante de su actuación para la investigación de delitos de maltrato animal y otros delitos ambientales. Teniendo como objetivo reforzar la protección del patrimonio natural y el respeto y responsabilidad hacia los seres vivos.
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