“Mañana nos vamos a enterar cuál de los amigos de Santiago Caputo se queda con AySA”, advirtió el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, durante el picante debate de este miércoles en el plenario de comisiones sobre el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía, que abrió paso a otras discusiones. Este jueves, el Gobierno abrirá las ofertas de los dos consorcios que siguen en carrera para quedarse con el 90% de las acciones de la empresa prestataria de los servicios de agua potable, todavía en manos del Estado, sin un precio de base público. Desde la bancada peronista presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por las irregularidades que señalaron en el proceso, entre ellas, un cambio en el método de evaluación que dejó bajo secreto todas las tasaciones.
“Hay un oscurantismo absoluto a partir de la privatización de AySA”, continuó Martínez durante la ríspida presentación de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, atravesada por cruces entre las bancadas en torno a distintas iniciativas del Gobierno. En el caso de AySA, desde UP volvieron a cuestionar la falta de transparencia y la escasa información sobre el proceso por el que un grupo económico quedará, por un plazo de 30 años prorrogable por otros 10, al frente de una empresa que presta un servicio tan esencial como la provisión de agua potable. “Creo que la secretaría de Legal y Técnica tiene algo que ver”, deslizó el jefe de la bancada opositora. Ibarzábal Murphy es una de las funcionarias que responden directamente al asesor Caputo, a quien se le atribuyen vínculos con algunos de los interesados.
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Por eso, cuatro integrantes peronistas de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones -las diputadas Florencia Carignano y Ana María Ianni y los senadores Jorge Capitanich y Adán Bahl- presentaron una denuncia ante el titular de la PIA, el fiscal Sergio Rodríguez. La presentación apunta contra el titular de la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas (ATEP), Diego Chaer; el presidente del Tribunal de Tasaciones, Julio Villamonte, y las autoridades del BICE. “Cambiaron el método de evaluación y declararon secretas todas las tasaciones, desplazando al Tribunal de Tasaciones”, sostuvieron. Los legisladores calificaron la decisión como una maniobra ilegal y denunciaron que “están menospreciando al Congreso Nacional, que tiene derecho a acceder a esa información”.
Las propuestas se conocerán este jueves a las 10. De los 17 interesados iniciales, quedaron en competencia dos consorcios: uno cuyo principal accionista es el fondo holandés PHX Agua y que tiene como socio clave al dueño de Transclor, Mauricio Filiberti, histórico proveedor de AySA; y Roggio ROAS, del Grupo Roggio. AySA provee agua potable y servicios de saneamiento a 3,8 millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. La licitación no establece un precio base, aunque el Gobierno dejó trascender que espera recibir unos 500 millones de dólares. Sin embargo, la tasación de referencia elaborada por el BICE se mantendrá en reserva hasta la apertura de sobres y será el parámetro para evaluar las ofertas. Además del secreto sobre esa valuación, la oposición denunció que la unidad del BICE que desplazó al Tribunal de Tasaciones cuenta con muy poco personal y que se eliminó el control de calidad externo.
“Consideramos que estas acciones revisten una manifiesta ilegalidad y vulneran las facultades de control del Poder Legislativo”, sostuvieron los legisladores de la oposición. Recordaron que la lista de empresas públicas a privatizar -con este mismo mecanismo- incluye a Enarsa, Intercargo, Belgrano Cargas, SOFSE, Corredores Viales, Nucleoléctrica y Yacimientos Río Turbio. Con ese horizonte, reclamaron a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas que investigue con urgencia e informe a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones “el valor real de estas empresas públicas que quieren rematar en la más profunda oscuridad”.