De Spagnuolo al exsocio de Fred Machado: dictan 24 nuevos procesamientos en el caso ANDIS y detectan sobreprecios por casi $8.000 millones

El juez Ariel Lijo dictó el último viernes 24 nuevos procesamientos en el marco del Coimagate, el caso en el que se investiga una enorme trama de corrupción que funcionó en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante el gobierno de Javier Milei, según la resolución de 553 páginas a la que accedió El Destape. La investigación, a cargo del fiscal Franco Picardi, apuntó por un lado a los desmanejos en la agencia, donde se detectaron compras direccionadas y sobreprecios por casi $8.000 millones en la adquisición de medicamentos e insumos (la cifra es parcial y se estima que será superior); y, por otro, a maniobras de lavado posteriores para blanquear el dinero obtenido de forma ilegal. Estos nuevos procesamientos se suman a otros 19 que había dictado el primer juez de la causa, Sebastián Casanello.

La trama de corrupción descubierta en el Coimagate por Picardi y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, da cuenta del “funcionamiento de una organización delictiva integrada por funcionarios y agentes de la ANDIS —principalmente (Diego) Spagnuolo y (Daniel) Garbellini—, que habrían facilitado y ejecutado las maniobras; operadores externos, como (Miguel Ángel) Calvete y (Pablo) Atchabahian, quienes habrían ejercido una influencia decisiva sobre las contrataciones y los pagos; empresarios y responsables de firmas proveedoras, beneficiadas con adjudicaciones millonarias, en muchos casos direccionadas y con sobreprecios; y otras personas encargadas de recibir, trasladar y canalizar los fondos obtenidos, tanto para distribuir retornos indebidos entre sus integrantes como para procurar conferirles apariencia de legalidad”, según precisó Lijo en la resolución.

Diego Spagnuolo, íntimo amigo de Milei y su abogado hasta que estalló este escándalo, era el titular de la ANDIS desde el 28 de diciembre de 2023. Terminó eyectado el 21 de agosto de 2025, luego de que se filtraran audios que se le adjudican y en los que se le escucha decir que en la agencia funcionaba una red de corrupción que recaudaba un 3% de coimas para Karina Milei, la hermana del Presidente. Este viernes, el juez Lijo amplió su procesamiento en esta causa. Es que Spagnuolo ya había sido procesado en febrero en el primer tramo del expediente donde se analizó el direccionamiento y la adquisición de medicamentos en la ANDIS. Entonces quedó acreditado que comandó la asociación ilícita que funcionó en la agencia y que cobró sobornos.

¿Qué resolvió Lijo y qué cambia respecto del primer tramo?

La tanda de procesamientos de este viernes se dio en un segundo tramo de esta pesquisa, que hizo foco en:

• Cómo fue la adquisición de insumos en la ANDIS. “Se fueron reuniendo nuevas evidencias probatorias, las cuales permitieron determinar que el accionar delictivo desplegado desde la órbita de la ANDIS no se habría detenido exclusivamente en los procesos de compra de medicamentos, sino que el esquema ilegal de contratación se habría replicado en otro rubro relacionado a la adquisición de ´insumos´, en sus diferentes segmentos (´amputaciones´; ´cardio´; implantes auditivos y audífonos´; ´neuro´; ´sillas andadores´ y ´traumatología´); en cuyo entramado habrían participado, en general y bajo la misma modalidad, otras personas y empresas”, señaló el juez Lijo, quien se hizo eco de lo investigado por Picardi.
  
   
• En el blanqueo del dinero obtenido ilegalmente en la ANDIS. En este apartado entran en escena el empresario Sergio Mastropietro, exsocio de Federico “Fred” Machado, el financista de José Luis Espert, que se encuentra detenido en los Estados Unidos por lavado de activos y fraude electrónico; y Alan Pocovi, vinculado a la familia Menem. En este capítulo del Coimagate se investigan facturas truchas, transferencias millonarias e inversiones en criptoactivos de los protagonistas de la trama de corrupción.

Entre los 24 procesamientos hubo 5 ampliaciones, es decir, cinco personas que ya habían sido procesadas en el primer tramo de la causa que tuvo Casanello y que ahora suman nuevos cargos en su contra. El resto se trata de personas que no habían sido imputadas con anterioridad.

Los cinco acusados a los que se les amplió el procesamiento por nuevos hechos fueron Spagnuolo, Garbellini (importante directivo de ANDIS), el empresario multifacético Miguel Ángel Calvete, Andrés Arnaudo y Federico Santich.

A la vez, Lijo dictó 11 faltas de mérito. Es que en total hubo 35 personas indagadas en este segundo tramo por pedido del fiscal Picardi y cuya situación procesal resolvió el juez este viernes, después de una demora de meses. Es que es tan grande el escándalo detrás del caso ANDIS que ni Lijo, que fue el candidato del gobierno a la Corte, pudo hacerse el distraído.

Sobreprecios por casi $8.000 millones

Según se desprende de la investigación, Spagnuolo y Garbellini, desde su rol en la ANDIS, “estructuraron la empresa criminal y pusieron en marcha este sistema de contratación ilegal, generando así las condiciones que permitieron el direccionamiento en las contrataciones, en claro perjuicio al erario público y en favor de empresarios ligados a las firmas” investigadas. Por su parte, “Calvete habría sido un operador externo de la agencia, ya que, sin tener un cargo formal en el organismo y con una evidente injerencia sobre los funcionarios de la agencia -entre ellos, Spagnuolo y Garbellini-, intermediaba entre estos y las empresas beneficiarias -tanto de las suyas como de otras vinculadas a él- a cambio de retornos que rondarían entre un 12% y 20% de las cotizaciones”.

En ese marco, los investigadores pusieron la mira en cómo se realizaron las adquisiciones de insumos en la ANDIS. “Los procedimientos examinados en seis segmentos de insumos —amputaciones, cardio, implantes auditivos y audífonos, neuro, sillas y andadores y traumatología— involucraron, en los períodos allí individualizados, órdenes de compra y contrataciones por una suma superior a $82.881.754.989”, precisó Lijo.

Y ese total se repartió entre un grupo de empresas que fueron parte de la maniobra delictiva: “Los datos obtenidos muestran concentraciones relevantes en varios de aquellos segmentos. En amputaciones, las empresas vinculadas a la familia Sagues recibieron, en las veintiocho compulsas examinadas, aproximadamente el 53% de las adjudicaciones; en cardio, Farma Salud S.R.L. reunió alrededor del 90% de los importes adjudicados; en neuro, desde abril de 2025, Neurosalud S.A. y Farma Salud S.R.L. concentraron conjuntamente cerca del 90% de las sumas del período; y en sillas y andadores, cuatro proveedores reunieron alrededor del 70% del monto analizado”.

Del análisis judicial surgieron importantes sobreprecios. “El relevamiento permite tener por acreditada, con el grado de provisionalidad propio de esta etapa, la existencia de sobreprecios en las contrataciones de insumos examinadas, cuyas diferencias económicas ascienden, hasta el momento, a un total de $1.849.277.963”, indicó el juez Lijo. E inmediatamente el magistrado aclaró que esa cifra “representa únicamente el resultado de las operaciones relevadas y constituye un piso de las diferencias detectadas, pues la auditoría no comprendió la totalidad de las compulsas y adjudicaciones realizadas durante el período investigado, por lo que no puede descartarse que la magnitud económica de la maniobra haya sido considerablemente mayor”.

Entre los sobreprecios detectados por la Justicia en la adquisición de medicamentos (primer tramo de la causa) y la contratación de insumos (este segundo tramo) el total desviado asciende a casi $8.000 millones y podría ser mucho mayor. Así lo dejó expuesto Lijo en su resolución de este viernes: “Las diferencias de precios verificadas hasta el momento en los rubros medicamentos ($5.984.594.394,24) e insumos ($1.849.277.963) permiten establecer, con el grado de provisionalidad propio de esta etapa, una afectación económica estimada en $7.833.872.357,24. Se trata de una cuantificación parcial, limitada a las operaciones que pudieron ser objeto de comparación, por lo que su magnitud podría incrementarse a medida que avance el examen de las restantes contrataciones”.

Al expediente se incorporó un informe técnico realizado el 10 de abril de este año por la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud del Ministerio de Salud que confrontó operaciones de ANDIS “con antecedentes de compras de otros organismos públicos o con alternativas nacionales tomadas como equivalentes en sus prestaciones”. Según el juez, “las comparaciones permiten visualizar la maniobra ilícita”. Por ejemplo, “en operaciones atribuidas a Farma Salud S.R.L., el Ministerio de Salud confrontó el precio de $425.000.000 facturado por un sistema de válvulas bicaval con una compra del PAMI por $124.200.000, y el de $369.800.000 correspondiente a una endoprótesis aortobílica junto con una endoprótesis ilíaca bifurcada con una referencia de $17.850.000”, señaló Lijo en la resolución de este viernes. “Por su parte, respecto de Ortopedia Bernat S.R.L. se analizaron prestaciones de equipamiento ortopédico cuyas diferencias, en algunos casos, superaron ampliamente el precio de referencia; mientras que, respecto de Imnova S.A., se examinó una silla de traslado postural facturada en $18.000.000 frente a una alternativa nacional tomada como comparable por $945.000”, añadió el magistrado.

El rol de Spagnuolo

Con este marco, y haciéndose eco de lo señalado por Picardi, el juez Lijo dispuso ampliar el procesamiento sin prisión preventiva de Spagnuolo, como jefe de la asociación ilícita que funcionó en la ANDIS. El íntimo amigo de Milei ya había sido procesado por otros hechos el 9 de febrero pasado por Casanello (direccionamiento de compras y sobreprecios en medicamentos, además de recibir sobornos). Ahora le achacaron “los hechos vinculados con las contrataciones del rubro ‘insumos’ de la ANDIS, en orden a los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada”. El juez le trabó un embargo de $47.100.829.143,44.

Para el magistrado, “Spagnuolo habría ocupado una posición jerárquica que resultó esencial para el armado y el funcionamiento del esquema ilícito y habría generado las condiciones en el marco de la ANDIS que permitieron el direccionamiento de contrataciones en favor de determinados proveedores del rubro ´insumos´ y la intervención de personas ajenas al organismo -Calvete y Atchabahian- con claros intereses en el resultado de los procesos; todo ello en perjuicio del erario público a partir de los sobreprecios abonados por la agencia en tales conceptos”.

Los otros jefes de la asociación ilícita: Garbellini y Calvete

Además de Spagnuolo, los investigadores sindican a otros dos jefes de la asociación ilícita que funcionó en ANDIS, tal como surge de los procesamientos de febrero pasado. Uno es Daniel Garbellini, quien fue Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud entre junio de 2024 y agosto del 2025 y estuvo a cargo del Programa Incluir Salud de la agencia estatal. “Su intervención operativa en los procedimientos de contratación, la selección y administración de proveedores a través del sistema SIIPFIS, el vínculo directo con Calvete y, especialmente, la remisión de información relativa a empresas y pagos correspondientes al rubro insumos, permiten sostener provisoriamente que habría continuado desempeñando dentro de este nuevo tramo una función sustancialmente coincidente con aquella por la cual fue responsabilizado en el pronunciamiento anterior”, señaló Lijo.

Por tal razón, el juez también amplió su procesamiento este viernes por “los hechos vinculados con las contrataciones del rubro ‘insumos’ de la ANDIS”. Le achacó los delitos de “negociaciones incompatibles” y “administración fraudulenta agravada”. Le trabó un embargo de $47.004.734.143.

El otro jefe de la organización criminal que detectaron los investigadores es Miguel Ángel Calvete, quien a diferencia de Spagnuolo y Garbellini, no tenía un cargo en la agencia. No obstante, “habría actuado como un operador externo del organismo dirigiendo las contrataciones, tanto en beneficio de sus empresas (Indecomm SRL) como de otras a él vinculadas; además de haber ejercido influencia sobre funcionarios de la ANDIS”.

En su caso, la ampliación del procesamiento fue por “negociaciones incompatibles”, “defraudación por administración fraudulenta” y “lavado de activos de origen ilícito”. Es que según Lijo y Picardi fue él quien blanqueaba el dinero obtenido ilegalmente de la ANDIS a través de Mastropietro y Pocovi. El juez le trabó un embargo de $47.139.549.551.

Los empresarios procesados

Ademas de las 5 personas a las que Lijo les amplió el procesamiento y al caso de Pocovi y Mastropietro hubo otros 17 procesados. Tres eran integrantes de la ANDIS: Fabian Parlakian, Matias Bertola y Alberto Denholm de ANDIS. También figura Lautaro Britez. hijo de Guadalupe Muñoz, pareja de Calvete. Según los investigadores, “el rol de Britez en este entramado (era) la movilización de dinero producido como consecuencia de las maniobras delictivas desplegadas por esta asociación”.

Los otros 13 son representantes de “las empresas beneficiarias de numerosas adjudicaciones dispuestas por la ANDIS en los distintos segmentos examinados, por montos millonarios y, en muchos casos, a través de procedimientos de contratación que habrían sido direccionados para favorecer sus intereses”. Se trata de los siguientes:

• Mariano Sagues, Christian Sagues y Vicente Sagues , vinculados con Laboratorio Ortopédico Sagues S.R.L., Probock S.R.L. y Prolite Orthopedics S.R.L.
  
   
• Patricio Acosta relacionado con Profarma S.A., Bymax Medical S.R.L. y Sistemas Médicos Globales S.R.L.
  
   
• Emilio Olguin, presidente de Expo Trauma S.A.
  
   
• Evangelina García, presidenta de Artrobone Ortopedia S.A.
  
   
• Claudio Kahn, vinculado con Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A.
  
   
• Martin Armella,  vinculado simultáneamente con Artrobone Ortopedia S.A. y Cirugía y Ortopedia Imnova S.A.
  
   
• Osmar Caballi, socio de Farma Salud S.R.L.
  
   
• Humberto Maone, gerente titular de Med-El Latinoamérica S.R.L.
  
   
• Nicolás Luna, Nicolás Luna, quien ejerció funciones de dirección y control en Meridius S.A
  
   
• Fabián Piedimonte, presidente de Neurosalud S.A.
  
   
• Gustavo Bernat, apoderado de Ortopedia Bernat S.R.L. y vicepresidente de Medical Implants S.A.
  
   

A su vez, Lijo dictó 11 faltas de mérito que alcanzaron a: Hernán Rasmussen, Máximo Perdiechizi, Pablo Rivero, Diego Acosta, Javier Bernat, Fernando Bernat, Vicente Vázquez, Gerardo Angarami, Oscar Capello, Guido Capello y Lucas Sagues.

El lavado: el rol del exsocio de Fred Machado y de Pocovi

Para Lijo “las pruebas reunidas en el curso de la investigación permitieron acreditar que parte del dinero obtenido ilícitamente y, con el objeto de disimular su origen, Miguel Ángel Calvete lo habría destinado a Alan Pocovi y Sergio Daniel Mastropietro y a la firma vinculada a este último -Baires Fly SA-”.  Según el juez, tanto Pocovi como Mastropietro “habrían estado a cargo de la recaudación del dinero y de las maniobras dirigidas al blanqueo de los fondos ilícitamente obtenidos por Calvete como consecuencia de las maniobras delictivas bajo análisis”.

Los investigadores cuentan con el análisis de uno de los teléfonos celulares secuestrados a Calvete donde constan diálogos que dan cuenta de la participación de ambos en las maniobras analizadas en la causa. Por ejemplo, en el expediente surge que “parte del dinero obtenido por Pocovi habría sido invertido en criptomonedas a través de la aplicación Neblockchain”.

Además de chats que dan cuenta de trasnferencias millonarias de los protagonistas de esta trama, lo investigadores también resaltan “las reiteradas visitas de Kevin Pocovi -hermano de Alan- al domicilio de Spagnuolo”, en el barrio Altos de Campo Grande. Según consta en el expediente, concurrió al menos durante 2024 5 veces: el 21 y 22 de enero; el 4 de febrero; el 9 de marzo; y el 26 de mayo.

Mastropietro –ex socio de Fred Machado- también visitó a Spagnuolo en su casa. “Se registran ingresos de Mastropietro los días 30 de marzo y 3 de mayo de 2025 al lote 180 del barrio ´Altos de Campo Grande´ donde reside Spagnuolo; fechas en las que también concurrieron Calvete y Muñoz”, mencionó el juez en su resolución. A eso se suma que “Mastropietro mantuvo una relación previa con Calvete; constituyó junto con Lorena Di Giorno (también envuelta en la trama ANDIS) la sociedad Megastática S.A.S., cuyo domicilio coincidía con el de Indecomm S.R.L.”, firma de Calvete.

Como si fuera poco, tanto Mastropietro como Pocovi aparecen referenciados en los cuadernos secuestrados a Calvete  como parte de si círculo cercano.

No obstante, lo que más compromete a Mastropietro son los chats que surgen del teléfono celular secuestrado a Calvete. De allí se desprende que este empresario, “a través de la firma ´Baires Fly SA´ a la que se encuentra vinculado, habría intervenido en la recepción de fondos provenientes de empresas proveedoras de la ANDIS, a cambio de la emisión de facturaciones por supuestos servicios, en operaciones intermediadas por Calvete”.

Por ejemplo, “las pruebas reunidas han permitido advertir un circuito de facturaciones cruzadas entre empresas de Calvete, la familia Sagues y Mastropietro mediante transferencias de dinero de dicho grupo familiar a la empresa ´Baires Fly SA´, con la intermediación del indicado Calvete”, afirmó Lijo. Mastropietro le envió a Calvete facturas emitidas por la firma ´Baires Fly S.A.´ a ´Prolite Orthopedics S.R.L.´, ´Probock S.R.L.´ y ´Profarma S.A.´ por el concepto “compra de kilómetros nacionales para ser utilizado en aeronaves de la empresa”. Todo indica que para blanquear el dinero obtenido ilegalmente en ANDIS.

Acaso el dato contundente que da cuenta de esto lo aporta la exAFIP: “La información proporcionada por ARCA permite observar facturaciones de Baires Fly S.A. a Indecomm S.R.L., Probock S.R.L., Prolite Orthopedics S.R.L., Profarma S.A. y Resposane Salud S.A., todas empresas vinculadas de distinto modo con el núcleo de contrataciones investigado. El proyecto contabiliza esas operaciones en $1.097.248.516 durante el período analizado”, indicó Lijo.

Respecto de Pocovi, el magistrado sostuvo que “no estamos frente a la mera recepción ocasional de dinero de un tercero, sino ante una sucesión de actos de recepción, administración, transferencia y distribución de fondos pertenecientes al circuito manejado por Calvete. Su repetición, las sumas involucradas, la diversidad de destinatarios y la circunstancia de que distintas personas integrantes del entramado conocieran que los fondos podían ser entregados en sus oficinas permiten sostener, con el grado de probabilidad propio de esta etapa, que conocía la naturaleza irregular de las operaciones en las que intervenía y que su actuación estaba destinada a separar aquellos activos de su fuente inmediata y facilitar su posterior disposición”. Sobre Mastropietro dijo: “Intervino personalmente en el direccionamiento de transferencias hacia Baires Fly y en la producción y circulación de la documentación comercial utilizada para respaldarlas”.

Por eso a ambos los procesó por integrar la asociación ilícita que funcionó en ANDIS y lavado de activos junto a Calvete. A Pocovi le trabó un embargo de $889.518.368. A Mastorpietro, de $4.010.254.064.

Con estos procesamientos, la pesquisa no termina. Al contrario, continuará con novedades. Se esperan apelaciones de las partes y la intervención de la Cámara Federal porteña, que deberá ratificar o rectificar lo resuelto por el juez de primera instancia.