El Gobierno avanza con el desguace del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), a partir de la eliminación de servicios que, en este caso, impacta de lleno en un área sensible para la población: el control de alimentos y bebidas. La resolución oficial formaliza el retiro de una batería de ensayos y prestaciones técnicas que funcionaban como soporte para empresas, organismos de control y consumidores. Se trata de un conjunto de herramientas que, en muchos casos, operaban como instancia de verificación independiente de las empresas sobre calidad, composición y seguridad alimentaria.
El texto aprobado por el Consejo Directivo del organismo dispone "la cesación de la prestación por parte del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI) de los servicios sistematizados detallados en el Anexo I”. La medida, según detalló el documento, “se hará efectiva a partir de la publicación de la presente”.
El listado incluye desde análisis de aditivos, antioxidantes y edulcorantes hasta estudios de vida útil, perfil sensorial, contenido de cafeína o detección de contaminantes como micotoxinas. La amplitud de servicios alcanzados permite dimensionar el alcance de la decisión. Entre los ensayos que dejarán de prestarse figuran los vinculados a la medición de textura, color y propiedades funcionales de alimentos, así como el análisis de compuestos específicos en carnes, lácteos, aceites, bebidas y productos procesados.
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También se suspenden estudios de consumidores y evaluaciones sensoriales, herramientas utilizadas por la industria para validar productos antes de su salida al mercado. En paralelo, se descontinúan controles sobre sustancias como aspartamo, sucralosa o acesulfame K, además de determinaciones sobre antioxidantes y perfiles cromatográficos. En términos operativos, esto implica que una parte relevante del sistema de validación técnica queda fuera de la órbita estatal.
El artículo 3 establece un marco de transición, detallando que “los convenios, órdenes de trabajo y demás compromisos contractuales vigentes (…) serán íntegramente cumplidos hasta su finalización”. Sin embargo, el alcance es acotado a los acuerdos ya firmados. Por su parte, el artículo 5 plantea una “adecuación de la oferta tecnológica institucional”, en línea con una estrategia que, en los hechos, reduce la presencia del organismo en áreas históricas.
Una seguidilla de desmantelamiento
Desde 2024 se vienen registrando cierres o modificaciones de líneas de trabajo, incluyendo la pérdida de funciones en metrología legal y calibración. A eso se suma la paralización de convenios, la falta de financiamiento operativo y la imposibilidad de sostener actividades básicas como las visitas técnicas a empresas, afectadas por la falta de viáticos.
En el caso de alimentos y bebidas, el impacto trasciende lo productivo. El INTI funcionaba como un actor de referencia para garantizar estándares técnicos en un mercado donde la información asimétrica es la regla. La eliminación de estos servicios abre un escenario en el que la verificación queda más concentrada en actores privados o en capacidades dispersas del sistema público.
La resolución incluye una instrucción para diseñar un plan de transición que contemple “la finalización ordenada de los servicios”, el “resguardo documental” y la “preservación de los registros técnicos”. También menciona la necesidad de identificar “capacidades críticas que deban ser sostenidas”. Sin embargo, no especifica cuáles serán esas capacidades ni bajo qué esquema continuarán operando.
Empleo y denuncias de vaciamiento
El proceso de desarticulación del organismo tiene un correlato en el frente laboral. Desde la asamblea de trabajadores del INTI advierten sobre la aparición de ofertas de empleo por fuera del Estado, orientadas a captar a técnicos del Instituto para realizar tareas similares a las que se dejaron de prestar. Según el comunicado, “en las últimas semanas, comenzaron a llegar mails a trabajadores del INTI desde el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) y algunos laboratorios privados de calibración”. Esos contactos, señalan, incluyen pedidos para realizar “auditorías y ensayos que hasta hace unos meses formaban parte de la oferta tecnológica del Instituto”.
El punto central de la denuncia es el carácter de esas propuestas. “Esta oferta laboral ofrecida de manera clandestina implica facturación de manera individual de esos servicios; es decir, nos ofrecen infringir la Ley de Ética Pública, que nos impone a las y los trabajadores del Estado la exclusividad y confidencialidad”, señalan los trabajadores del organismo, quienes describen la situación como una “cacería de talentos” que expone la dependencia del sistema privado respecto de las capacidades técnicas formadas en el ámbito público.
“El INTI es el único organismo con capacidad técnica para garantizar la calidad y trazabilidad de las mediciones”, sostienen. En esa línea, remarcan que el atractivo no radica en el equipamiento sino en el capital humano: "No tienen lo fundamental: a nosotros, los trabajadores del INTI, nuestra capacidad y pericia técnica”. El diagnóstico apunta a un desplazamiento de funciones desde el Estado hacia un conjunto más reducido de actores privados.
El comunicado también vincula estas dinámicas con decisiones previas, como el cierre del Servicio Argentino de Calibración y de la Dirección de Metrología Legal. Ambas áreas cumplían funciones de control en actividades donde la medición es central, desde el comercio hasta la salud. Su eliminación, sostienen, forma parte de una “política de disolución del Instituto”. El recorrido que describen incluye aumentos de aranceles —del orden del 300%— que, según indican, contribuyeron a desalentar la demanda de servicios públicos. A esto se suma la habilitación de laboratorios privados para realizar tareas que antes estaban concentradas en el INTI.
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