Las dificultades de las empresas argentinas comenzaron a trasladarse con mayor intensidad a los tribunales comerciales, con un fuerte aumento de los concursos preventivos y un avance de las situaciones de cesación de pagos. Es el resultado de una caída de la actividad industrial, menor consumo y una cadena de pagos que perdió velocidad, mientras el crédito al sector privado crece y alcanza, al sumar préstamos en pesos y moneda extranjera, el equivalente al 12,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). El dato más significativo no es solamente el aumento del financiamiento, sino la cantidad de empresas que necesitan recurrir a mecanismos judiciales para intentar reordenar sus deudas y evitar una quiebra.
En la Ciudad de Buenos Aires se abrieron 190 concursos preventivos durante 2025, frente a 82 registrados en 2023, un incremento de 131,71 por ciento. Durante el primer trimestre judicial de 2026 se contabilizaron otros 92 procesos, según un relevamiento de Industriales Pymes Argentinos (IPA) elaborado sobre datos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.
Cuando una firma ya no puede afrontar regularmente sus obligaciones, pero todavía busca preservar su actividad, puede recurrir al concurso para negociar con sus acreedores y reorganizar sus pasivos. Por eso, el aumento de estos procedimientos constituye una señal previa del deterioro de la capacidad de pago del entramado productivo. La situación fue advertida públicamente por el periodista y empresario Daniel Hadad, quien relató que un amigo dedicado a desarrollos empresariales le transmitió que las consultas habían aumentado al punto de no poder atenderlas todas. "El miércoles pasado me llamó, me dice: 'Che, te suspendo el almuerzo'. ¿Qué pasó? 'Te juro no doy abasto'", contó el periodista.
Hadad agregó sobre la explicación de su amigo: "Cada vez tengo más consultas de gente que me viene a consultar sobre si se concursa o no". Y vinculó esa situación con un nivel de crisis que, según el testimonio que recibió, no observaba desde hacía años. "Para mí me tengo que ir lamentablemente, no sé, a 20 años atrás. Hace tiempo que no se veía ese nivel de crisis", afirmó.
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El relato de Hadad coincide con un proceso que ya tiene una expresión concreta en los tribunales comerciales. No se trata solamente de empresarios que manifiestan preocupación por sus ventas o por los costos: cada vez más compañías están recurriendo a herramientas judiciales para intentar evitar que las dificultades financieras terminen en una liquidación.
Un informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos había advertido en junio que entre noviembre de 2023 y los primeros meses de 2026 cerraron 24.437 pequeñas y medianas empresas en todo el país. Esos cierres dejaron a 327.813 trabajadores sin la cobertura del sistema de riesgos del trabajo, según el relevamiento. El mismo estudio vinculó el deterioro con la baja de la producción y del consumo, además de las dificultades de la cadena de pagos.
El abogado Germán Pizzano, del Departamento Legal de IPA, resumió el cambio en el lugar donde empieza a observarse la crisis. "Lo que antes se veía en la fábrica, en el comercio o en la cadena de pagos, hoy también aparece en los tribunales comerciales", sostuvo. La judicialización de los problemas empresarios representa una etapa posterior a otras señales de deterioro. Una compañía puede comenzar enfrentando una caída de ventas, después tener dificultades para pagar a sus proveedores, recurrir a crédito para cubrir el capital de trabajo y finalmente acumular obligaciones que ya no puede refinanciar. Cuando esa situación se vuelve permanente, el concurso preventivo aparece como una alternativa para intentar ordenar el pasivo.
El proceso no implica que todas las empresas que se presentan a concurso terminen quebrando. Por el contrario, el objetivo del mecanismo es precisamente evitar la liquidación y permitir la continuidad de la actividad bajo un acuerdo con los acreedores. Pero un incremento tan pronunciado de los concursos sí muestra que una cantidad creciente de firmas llegó a un punto en el que las herramientas financieras habituales dejaron de resultar suficientes.
La diferencia entre una cadena de pagos funcionando normalmente y una cadena ralentizada es fundamental para las pequeñas y medianas empresas. Una fábrica puede vender sus productos y, sin embargo, quedarse sin dinero disponible si debe esperar varios meses para cobrar. Mientras tanto, tiene que pagar salarios, proveedores, impuestos, alquileres, servicios y otros gastos vinculados con la producción.
En ese escenario, el crédito puede actuar como un puente entre el momento de la venta y el momento del cobro. El problema aparece cuando el puente se extiende durante demasiado tiempo y la empresa comienza a acumular deuda para sostener una actividad que no genera suficiente liquidez. El BCRA informó que durante junio los préstamos en pesos al sector privado aumentaron 0,3 por ciento en términos reales y sin estacionalidad, impulsados por los préstamos comerciales. El crédito bancario en pesos representó el 9,2 por ciento del PIB y, al incorporar los préstamos en moneda extranjera, el ratio alcanzó 12,3 por ciento. (BCRA)
El dato que se toma como referencia para julio eleva el crecimiento real de los préstamos en pesos al 1,2 por ciento y lleva el crédito total al 12,5 por ciento del PIB. Esa expansión debe ser observada junto con la evolución de los concursos, porque una parte del financiamiento puede estar siendo utilizada por empresas para cubrir necesidades de capital de trabajo.
El aumento del crédito no constituye por sí mismo una señal negativa. Una economía con poco financiamiento bancario necesita ampliar el crédito para permitir inversiones y crecimiento. EUn informe publicado por El Destape ya había advertido en marzo que una de cada ocho empresas presentaba atrasos superiores a 90 días en sus pagos. El relevamiento del Banco Provincia mostraba para enero una mora del 12,5 por ciento entre las firmas pequeñas, 2,6 puntos porcentuales más que un año antes. El análisis señalaba además que el deterioro de los pagos empresariales tensionaba la cadena de pagos y la actividad.
Dos meses después, otro informe de El Destape describió una situación similar entre las pymes: extensión unilateral de los plazos de pago, aumento de los incumplimientos e incremento de los incobrables. El relevamiento indicaba que siete de cada diez empresas habían registrado una extensión de los plazos de pago por parte de sus clientes. Es en ese escenario donde debe leerse la afirmación de Hadad. "Lo mismo con la cadena de pago. No digo que esté rota, pero está ralentizada", señaló.