El 2026 comenzó con un duro golpe al bolsillo para los trabajadores de Tierra del Fuego, ya que las dos ciudades más pobladas aplicaron aumentos en el transporte público. Desde el pasado viernes 2 de enero, tanto Ushuaia como Río Grande pusieron en vigencia nuevos valores en sus tarifas de colectivos, justificando la medida en la escalada de costos operativos y la necesidad de sostener las frecuencias.
En la capital provincial, la Municipalidad oficializó el nuevo valor del boleto: pasó de $1.100 a $1.280. Desde la empresa estatal Ushuaia Integral del Estado (UIE) explicaron que la revisión tarifaria era un "paso inevitable".
"Buscamos asegurar la continuidad y regularidad del servicio, así como el cumplimiento de las frecuencias establecidas", señalaron fuentes de la prestataria municipal al medio OPI Santa Cruz, para lugar remarcar que el desfasaje de costos ponía en riesgo la operatividad diaria de las unidades.
Por su parte, la empresa CityBus, concesionaria del servicio en Río Grande, aplicó un incremento que lleva el pasaje de los $1.280 a los $1.430,53. La firma argumentó que el ajuste responde de manera directa al "aumento sostenido de los costos operativos" en un contexto económico crítico causado por las medidas del presidente Javier Milei.
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A pesar del incremento, la compañía aclaró que se mantendrán vigentes las gratuidades y beneficios para los sectores vulnerables y estudiantes, sin cambios en las condiciones de acceso por el momento.
No obstante, esta suba no llega de forma aislada. Se suma a un panorama de incertidumbre laboral en el sector industrial de la provincia que gobierna Gustavo Melella, donde el vencimiento de acuerdos de estabilidad laboral y la caída del consumo interno están generando una presión asfixiante sobre los trabajadores.
Venció el acuerdo entre la UOM y las electrónicas de Tierra del Fuego: 1.000 puestos de trabajo en riesgo
El acuerdo que firmó en mayo de este año la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) con las empresas que conforman la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) para sostener los puestos de trabajo venció el pasado 31 de diciembre. En medio de la crisis desatada por las medidas del gobierno de Milei, el final del convenio deja en situación de riesgo a unos 1.000 contratos laborales.
Su objetivo central fue evitar despidos y sostener los niveles de ocupación en un escenario marcado por la caída del consumo, la reducción de aranceles a la importación de celulares y el avance de la competencia de productos provenientes del exterior, factores que impactaron de forma directa en la actividad industrial local.
El acuerdo también buscaba encontrar herramientas que mejoren la competitividad del sector de cara a la baja a 0% del arancel para celulares importados a partir de enero de 2026. A su vez, se implementaron mecanismos transitorios que permitieron extender contratos a plazo fijo durante gran parte del segundo semestre del año. Sin embargo, al no haberse definido una prórroga ni un nuevo esquema de contención, esos vínculos laborales concluyen con el cierre del año, según confirmaron fuentes gremiales y empresarias al medio FM Fuego.
Desde la UOM de Río Grande, la conducción gremial señaló que la situación productiva del sector presentó un alto nivel de incertidumbre y que la falta de previsibilidad respecto de la actividad complicó la posibilidad de garantizar la continuidad de los puestos una vez finalizado el acuerdo. El sindicato mantuvo conversaciones con las empresas y con autoridades del gobierno de Melella en busca de alternativas que permitieran sostener el empleo, pero no hubo respuestas favorables.
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