El Gobierno pasó por alto el reclamo del sindicato de Camioneros, que lidera Hugo Moyano, para reabrir su paritaria frente al desfasaje entre el último arreglo salarial y la inflación acumulada en el trimestre marzo-mayo. En paralelo y como muestra de buena voluntad política, favoreció al dirigente al no homologar un convenio del transporte automotor de cargas para la provincia de Santa Fe impulsado por un rival interno de Moyano. Incluso a pesar de que ese arreglo sectorial parece hecho a medida de la prédica libertaria para las relaciones laborales.
Ambas acciones se dieron en paralelo y así lo destacaron los funcionarios del Ejecutivo a cargo de administrar el vínculo con el sindicalismo. Desde la perspectiva libertaria implica un paso significativo en su decisión de utilizar los ingresos de los trabajadores como ancla inflacionaria, como ya intentó con la paritaria de Comercio al privarla de su validación formal, a cambio de resignar un convenio inspirado en las ideas del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
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En la negociación salarial con las cámaras del autotransporte de cargas Fadeeac, Faetyl y Catac, el gremio había reclamado días atrás una audiencia para discutir una compensación por la pérdida de poder adquisitivo durante el trimestre: con un aumento resuelto de 1,2% para marzo; 1% en abril y 1% en mayo, la inflación fue de 3,7%, 2,8 y se espera en torno del 2 por ciento, respectivamente. Dirigentes explicaron que ese pedido apuntaba a un extra de no menos de 4 por ciento para empardar el avance en los valores de la canasta básica.
La cita nunca se concretó y en el Gobierno confirmaron que la decisión es no convocarla bajo la misma premisa de Comercio y otros sindicatos de referencia, que consiste en no avalar administrativamente ningún incremento salarial superior a la línea del 1 por ciento mensual. En las cámaras patronales dieron validez a esa pauta y aseguraron que sólo esperan un llamado en los próximos días para negociar el siguiente trimestre, de junio a agosto.
Las trabas libertarias a los aumentos salariales dispararon respuestas disímiles en el sindicalismo. En algunos gremios como Camioneros y Gastronómicos (Uthgra) se aceptó el criterio diseñado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y se renegociaron valores para asimilar los incrementos nominales a la pauta del oficialismo. En otros, como Comercio y Sanidad, la estrategia fue rechazar la pretensión del Ejecutivo y sostener los acuerdos que se habían alcanzado con las respectivas cámaras patronales, Incluso si eso implicaba la no homologación de la Secretaría de Trabajo y, por ende, problemas eventuales para el pago de los aumentos.
En el gremio de Hugo y Pablo Moyano, sin embargo, la política de “paritarias cero” del Gobierno llega en un contexto interno convulsionado. Por un lado por la disputa entre padre e hijo, resuelta por ahora en favor de Hugo con el corrimiento de Pablo de la mayoría de los espacios de poder en la organización. También, por la crisis en la obra social (Oschoca) que a su vez fue detonante de la pelea de ambos dirigentes.
Un tercer factor de tensión fue el convenio que firmó el año pasado el líder del sindicato en la provincia de Santa Fe, Sergio Aladio, con algunas cámaras del transporte de cargas del distrito a espaldas de la Federación nacional de Camioneros a cargo de Hugo Moyano. En ese entendimiento, Aladio validó flexibilizar algunos ítems del convenio que rige en el resto del país como la creación de una categoría de aprendiz con un salario equivalente a la mitad del inicial en la actividad, o la instauración de un fondo de cese para reemplazar las indemnizaciones legales, como alienta Sturzenegger.
Sobre este punto el Gobierno resolvió brindarle un alivio a Moyano. En Trabajo confirmaron que no habrá homologación del convenio santafesino, incluso a pesar de ser en varios ítems un modelo del tipo de relación laboral del gusto libertario. Para la administración de Javier Milei se trata de un gesto elocuente de buena voluntad que se suma, siempre según los funcionarios, a la aceptación de los últimos convenios colectivos firmados con las cámaras patronales con ajustes sobre la Contribución Solidaria Extraordinaria que cada empresa aporta a Oschoca. En el último arreglo el monto subió a 17 mil pesos por cada chofer que las compañías destinan a la prestadora de salud del gremio, que en los hechos maneja Liliana Zulet, la última esposa de Hugo Moyano.