El Congreso está tratando en una sesión de Diputados temas que el Gobierno se resiste a convalidar bajo el argumento del equilibrio fiscal, mientras gasta presupuestos más abultados en sostener un tipo de cambio ficticio, reprimir manifestantes y espiar a la oposición. La sesión tiene como primer tema de debate el incremento excepcional y de emergencia equivalente al 7,2% para las jubilaciones y pensiones, como así también el Plan de Pago de Deuda Previsional para reparación histórica para jubilados y pensionados. Esto es la prórroga de la moratoria previsional. La sesión también incluye en tercer lugar el debate de la declaración de emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027.
Desde el Gobierno sostiene que el impacto de las leyes para jubilados, Salud, Discapacidad "tendrían un costo fiscal de más de 12.000 millones de dólares. (1,8% PBI)". Una cifra de dudosa calidad como las que suele lanzar el gobierno libertario. Por lo pronto, el Gobierno se gastó entre abril y mayo el equivalente a 1.500 millones de dólares en contratos de dólar futuro.
Jubilados
La primera medida es el incremento excepcional y de emergencia equivalente al 7,2% para las jubilaciones y pensiones, como así también el Plan de Pago de Deuda Previsional para reparación histórica para jubilados y pensionados Un informe del Centro de Economía y Política Argentina (CEPA) analizó las jubilaciones y la política previsional del último año y medio a la que calificó de “regresiva”. La propuesta reinante es la de establecer un incremento del 7,2% y el aumento del bono de $70.000 a $115.000.
Esto debido a la pérdida del poder adquisitivo de los haberes tras la aceleración inflacionaria y la licuación de los bonos a las jubilaciones mínimas. En este marco, el análisis destacó que el superávit fiscal actual se construyó a costa de las jubilaciones ya que en 2024, el 19,2% del ajuste del gasto del Estado estuvo explicado por la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones.
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El DNU 274/24 modificó la fórmula previsional y ató los haberes a la inflación. Así, derogó la Ley 27.609 vigente desde 2021. “Si bien la fórmula unida al IPC permitió recuperar parte del terreno perdido en el primer trimestre, a esta altura se puede concluir que la fórmula anterior, en el tiempo, hubiera sido superadora para los haberes”, subrayó el informe de CEPA. Y puntualizó que en septiembre 2024, diciembre 2024, marzo 2025 y junio 2025, los aumentos por la fórmula anterior hubieran sido superiores a los efectivamente otorgados.
“En junio de 2025, con el aumento de 2,8% (IPC de abril 2025) la jubilación mínima (sin bono) se ubicará en $304.726, mientras que de haber continuado la fórmula anterior estaría en $403.302 (32,3% por encima)”, detallaron. Agregaron de este modo que a al atar las jubilaciones al IPC, éstas no perderán poder adquisitivo pero tampoco podrán recuperar.
Desde marzo de 2024, el bono compensatorio que recibía el 70% de los jubilados fue congelado en $70.000, licuando mes a mes su capacidad de compra. Mientras que los haberes se incrementaron entre marzo 2024 y junio 2025 127%, la mínima, con bono incluido, solo aumentó 83%. “De haberse actualizado en la misma proporción, el bono debería haber sido en junio de 2025 de $158.658, es decir, más del doble de lo actual”, destacaron desde CEPA.
Ajuste y después
Mientras el Ministerio de Seguridad gastó 78,7 millones de pesos solamente en combustible y equipos de apoyo. Se desfinancian los programas vinculados con la Discapacidad. De ese total gastado por Bullrich, a la Policía Federal se le destinó 75 millones de pesos. Esto ocurrió en un solo miércoles de represión.
Según las planillas anexas a dicho DNU, el Ministerio de Seguridad recibió varias ampliaciones presupuestarias. Entre ellas, 8.000 millones de pesos extras para los programas vinculados a “actividades centrales”. De ese total, 3.800 millones están bajo la categoría N.E.P, es decir, no especificados precedentemente.
En la sesión de este martes, se planteó el emplazamiento a las comisiones de Presupuesto y Familia, presididas por José Luis Espert (LLA) y Roxana Reyes (UCR), respectivamente, para que dictaminen los seis proyectos con los que avanzó la Comisión de Salud este martes. Entre esos textos, se encuentra el que declara la emergencia en pediatría, lo cual establece la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios "para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país".
Mientras tanto, el Hospital Juan P. Garrahan atraviesa una situación muy complicada, signada por un conflicto salarial que no se disipó a pesar del aumento concedido por el Gobierno nacional este domingo a los residentes. Los gremios rechazaron el aumento por excluir a más del 90% del personal del centro pediátrico, y convocaron a una asamblea que tuvo lugar este martes.
Es un proyecto de Emergencia en Discapacidad presentado por el diputado Daniel Arroyo (Unión por la Patria) y otros legisladores, propone declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. El objetivo es asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en áreas como salud, educación, trabajo y protección social.
El proyecto incluye una compensación de emergencia para prestadores y asignaciones para talleres de producción, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre el 0,22% y 0,42% del PBI, menos de lo que se gasta en exenciones para grandes empresas.
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