El balance de los primeros dos años de gestión expone una economía atravesada por contrastes marcados. Según el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el superávit fiscal convive con una profunda reconfiguración de los ingresos familiares, que dejó ganadores claros y sectores fuertemente golpeados.
La estrategia oficial apuntó a reforzar el esquema de contención social y la AUH se consolidó como el principal amortiguador frente a la inflación: su poder de compra se duplicó en términos reales y fue el único ingreso que logró superar con holgura el avance de los precios.
En concreto, el informe señala que la AUH registró un incremento real del 101,4% entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025. El salto fue producto de aumentos discrecionales muy por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), aplicados para sostener a los sectores más vulnerables mientras el ajuste avanzaba en otras áreas del gasto.
Jubilaciones: recuperaciones desiguales
El análisis también muestra una marcada brecha dentro del universo de jubilados. Aquellos que perciben haberes medios y altos, y que no dependen de bonos, lograron recomponer parcialmente su poder adquisitivo, con una mejora real cercana al 9,3% hacia fines de 2025.
En cambio, los jubilados que cobran la mínima y reciben refuerzos extraordinarios terminaron el período con una pérdida real del 7,5%. La razón central fue la licuación del bono, que permaneció congelado en $70.000 durante un largo tramo y perdió peso frente al haber básico, que sí se actualizó por fórmula.
La clase media, entre tarifas y salarios licuados
El impacto más severo del ajuste se concentró en la clase media y en los trabajadores del sector público. Los empleados públicos nacionales aparecen como los más perjudicados del período, con una caída del poder adquisitivo del 33%. En términos acumulados, el informe calcula que resignaron el equivalente a siete sueldos completos en dos años.
En el sector privado registrado, la situación fue menos extrema, pero igualmente adversa. Los salarios apenas lograron empatar a la inflación, con una baja real del 0,9% al cierre de 2025. Ese aparente equilibrio, sin embargo, es engañoso: el cambio en la estructura de gastos fue profundo, con una mayor proporción del ingreso destinada a tarifas de servicios públicos y a la salud privada, rubros que dejaron de estar subsidiados o regulados.
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Dos caras del mismo modelo
Los datos del Iaraf, junto con relevamientos del Cepa, terminan de delinear el perfil del ajuste. Mientras la AUH se convirtió en el principal dique de contención frente a la pobreza extrema, el Estado redujo de manera significativa su presencia en servicios universales.
El contraste es evidente: partidas como las destinadas a inteligencia crecieron más del 50%, mientras áreas sensibles como salud y educación enfrentaron recortes de hasta el 40%. Para amplios sectores de la población, el ajuste no solo implicó menores ingresos reales, sino también un mayor costo para acceder a servicios que antes estaban garantizados por el Estado.
Para la clase media y los jubilados, el resultado es una doble presión: menos poder adquisitivo y un sistema público más debilitado, en un contexto donde el equilibrio macroeconómico se traduce, cada vez más, en dificultades concretas para sostener el nivel de vida.
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