El Gobierno modificó el Presupuesto de este año para poder aumentar los recursos asignados al Ministerio de Salud, particularmente destinados a hospitales nacionales y salarios del personal, especialmente en el ámbito pediátrico. Sin embargo, la cifra determinada por el Poder Ejecutivo equivale a menos de un 30% de lo que exige la inversión fijada en la ley de emergencia pediátrica sancionada en el Congreso que el presidente Javier Milei no cumple. Pasado el mediodía, los trabajadores tomaron la Dirección contra el exiguo aumento y los últimos descuentos por los días de paro. "Se trata de un accionar violento y extorsivo, absolutamente inadmisible en un hospital público y de referencia pediátrica nacional y regional", respondieron las autoridades en un comunicado y denunciaron "una maniobra política con el objetivo de paralizar la gestión", en otro capítulo más en su historial de ofensas contra el personal.
La decisión que apareció hoy en el BO responde a la presión de la Ley 27.796, que declaró la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en residencias médicas por el término de un año. La normativa, que fue ratificada por el Congreso el 2 de octubre, tras rechazar los vetos de Milei, fue promulgada hace diez días. Sin embargo, el Gobierno nunca la aplicó, al igual que con la ley que declara la emergencia en discapacidad, porque le pidió al Poder Legislativo que defina de dónde saldrán las partidas para financiar los gastos. El fundamento se basa en una legislación de 1996 que condiciona la elevación de partidas para presupuestos vigentes, mientras que del otro lado responden que, justamente, no hay un presupuesto vigente, sino una prórroga del 2023. Esto inhabilita el pedido de La Libertad Avanza para justificar el origen de los fondos.
En la resolución, el Ejecutivo indicó que "tiene la voluntad de atender, dentro de las disponibilidades presupuestarias actuales, las necesidades tenidas en cuenta por el Congreso al sancionar la referida ley”. Por eso, definió “readecuar las partidas presupuestarias en los términos del análisis elaborado por el Ministerio de Salud” y determinó que los aumentos se compensen “con una disminución de los créditos asignados a la Jurisdicción 91 – Obligaciones a cargo del Tesoro” de unos de 35.832 millones de pesos. El número luce grandilocuente pero esconde lo peor del ajuste.
Milei sigue profundizando el ajuste en Salud
En el desagregado, se estipula el pago de 5.110 millones para el programa de formación de recursos humanos sanitarios y asistenciales, 20.180 millones para el Hospital Garrahan y más de 3.380 millones para otros centros sanitarios de alta complejidad, entre ellos el Hospital El Cruce (Florencio Varela), el Hospital SAMIC El Calafate, el Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner, el Hospital Dr. René Favaloro y el Hospital Presidente Néstor Kirchner.
En paralelo, se reasignaron 7.160 millones en gastos figurativos para organismos descentralizados, entre ellos, para el Hospital Nacional en Red de Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte”, el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, el Hospital Nacional Prof. Alejandro A. Posadas, el Hospital Nacional y Comunidad Dr. Ramón Carrillo y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone.
Lo cierto es que equiparar las remuneraciones de personal destinado a la asistencia pediátrica (asistencial y no asistencial) y residentes al nivel salarial de noviembre de 2023 implicaría un gasto adicional de la Nación entre julio y diciembre de 65.573 millones de pesos. Anualizada esa erogación alcanzaría 133.433 millones. Por ende, la reasignación presupuestaria anunciada por el Gobierno equivale a solo el 26,85% de lo que debe invertir por la ley que incumple. El Destape se comunicó con el Ministerio de Salud para saber cuánto de ese porcentaje se aplicaría exclusivamente al sueldo de los trabajadores, pero no brindaron respuestas.
La mejora salarial incluida en la ley de emergencia pediátrica estipula además que la transferencia prioritaria de recursos tiene que extenderse por dos años, sumado a que en términos de recuperación, se establece que el nuevo salario no podrá ser menor al que recibían en términos reales en noviembre de 2023 (el tercio que les recortaron). Por otro lado, también los exime del pago del impuesto a las Ganancias.
Ajuste en Salud: la voz de los trabajadores
"Plata hay evidentemente para aplicar la ley", se quejaron los trabajadores que desde el comienzo del año protestan contra el ajuste en sus salarios. Este mediodía, intentaron nuevamente que los reciba la Dirección y, ante su negativa, tomaron la Dirección.
En diálogo con El Destape, la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), Norma Lezana, señaló que "ese dinero alcanza para descomprimir el tema salarial, pasar a planta a los contratados, llamar a concurso a todo el personal que está en este momento con contratos muy precarios y cubrir todos los baches que hay en los equipos de salud por las renuncias", pero no es suficiente.
Los trabajadores protestan contra el ajuste en sus salarios desde el comienzo del año y en el último tramo se añadió una nueva complejidad: sufrieron descuentos de sueldo que van desde 200 mil hasta 500 mil pesos por las medidas que llevaron adelante para visibilizar la situación que atraviesan.
De los consultorios donde curan y brindan tratamiento a los niños más graves y pacientes pediátricos más complejos de la población infantil del país, a las calles para hacerle entender a Milei que están cobrando sueldos de miseria y que los mejores profesionales están abandonando el hospital. Así atravesaron estos últimos ocho meses los trabajadores del Garrahan. "Nos hemos ganado el respeto de una Nación pero este hospital tiene al frente autoridades que no tienen respeto por el equipo de salud, que son autoritarios y que están aplicando sanciones muy importantes a trabajadores", subrayó Lezana.
MÁS INFO
El Gobierno ya había hecho un intento por desactivar el enojo de los trabajadores con paliativos para no resolver la cuestión de fondo. En junio, cuando APYT denunció con una carta documento que existían 40 mil millones de pesos de recursos propios del hospital depositados en el Fondo de Inversión Pellegrini, el Ministerio de Salud cerró un acuerdo para pagar 300 mil pesos de bono a los residentes del Garrahan, aunque no les alcanzaba a cubrir los costos básicos de vida.
Convocarán también un Cabildo Abierto para el 13 de noviembre en conjunto con las personas con discapacidad y representantes de las universidades públicas. "La semana que viene vamos a estar organizando encuentros y asambleas para organizarnos a fin de exigir el cumplimiento de la ley", adelantó.
"Estamos muy en efervescencia el día de hoy por la cantidad de descuentos que hubo en sueldos que son súper bajos, de gente que está endeudada y que ellos saben que están endeudados. Ahora, aparece este dinero, entonces la exigencia es que devuelvan la plata que descontaron, que apliquen la ley de emergencia en salud pediátrica y que dejen en paz al equipo de Salud", cerró Lezana.
La respuesta de la administración
Al poco tiempo. las autoridades publicaron en sus redes sociales un extenso comunicado para repudiar la decisión de los trabajadores de movilizarse por sus salarios descontados. Como en otras oportunidades, apuntaron que "el problema es político" y que "Gremios de ATE y APyT irrumpieron hoy en las oficinas de la Dirección Médica tomando al personal como rehén e interrumpiendo el funcionamiento institucional. Se trata de un accionar violento y extorsivo, absolutamente inadmisible en un hospital público y de referencia pediátrica nacional y regional".
"Un sector de la izquierda intenta imponer sus intereses partidarios dentro del hospital, poniendo en riesgo la atención de miles de chicos. No vamos a permitir que prácticas de presión, violencia y apriete gremial se conviertan en método de funcionamiento", alertaron.
El comunicado también indicaba, respecto al conflicto en cuestión: "El accionar violento surge porque el Consejo de Administración aplicó descuentos por días no trabajados durante los paros recientes, cumpliendo la normativa vigente y la política de presentismo que rige para todo el personal. La reacción de los gremios deja en evidencia que no se trata de una reivindicación laboral legítima, sino de una maniobra política con el objetivo de paralizar la gestión.
Cerrar sesión