El presidente Javier Milei justificó su ajuste al mayor hospital pediátrico del país y el incumplimiento de la ya sancionada Ley de Emergencia Pediátrica bajo el argumento de que se verían afectados "programas esenciales como la entrega de medicamentos a personas vulnerables o la prevención del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual". El decreto promulgatorio, cuestionado por trabajadores y pacientes del Hospital Garrahan, esconde otra trampa: la "preocupación" del Gobierno por la realidad de los pacientes de VIH choca la "política de abandono" que vienen imponiendo, en palabras del sector. Las decisiones del Gobierno en materia de salud para los más chicos y los pacientes de VIH se revelan así como una verdadera mamushka de políticas regresivas, que afectan a miles de personas.
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"El Estado no está eligiendo entre infancia y VIH: está ajustando en ambos frentes, enfrentando derechos entre sí para legitimar el abandono. Y frente a eso, la respuesta debe ser colectiva", subrayó a El Destape José Di Bello, presidente de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP). El informe que presentó la organización en septiembre a la Directora de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis, en base a los mismos datos oficiales del Presupuesto 2026, alertó que la advertencia incluida en el Boletín Oficial ya es una realidad, porque ya está en marcha ese recorte y el escenario empeora a futuro.
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No solamente el Gobierno libertario recortó al 40% de la planta de la Dirección de VIH y ETS, sino que el proyecto de Presupuesto 2026 que se discutirá prevé una partida 58% menor, lo que se traduce en 7.670 personas sin atención, 3.403 personas con turbeculosis que quedarían sin tratamiento y el recorte de 23 millones de preservativos en medio de un aumento exponencial de sífilis y otras ITS, en comparación a 2023.
"El Estado decide no prevenir, no diagnosticar, no tratar poniendo en riesgo la Salud y la Vida de miles de personas vulnerando sus derechos. Este proyecto de presupuesto agrava la crisis sanitaria y condena a la exclusión a quienes más necesitan del sistema público", alertó también el informe sobre el incumplimiento del Gobierno.
El interés que Milei dice tener sobre estos programas que define como "esenciales" tampoco se lo demostró a las organizaciones nucleadas en el Frente Nacional de Hepatitis y VIH. Desde que asumió, se pusieron en pausa las reuniones de la Comisión Nacional de VIH, hepatitis y tuberculosis, obligatorias por la Ley 27.675. "No nos han respondido en todo este tiempo de gestión", reprochó Di Bello, quien hizo hincapié en que esos encuentros eran clave, por ejemplo, para saber cuáles son las compras aprobadas por el Estado para la provisión de retrovirales. "En 13 años nunca nos pasó desde GEP de tener tantas dificultades para acceder a la información. Tuvimos que hacer reclamos administrativos; es más, iniciamos un amparo judicial por la falta de información. Ahora las estamos repitiendo porque ya se cumplieron los plazos y no hubo respuestas", alertó Di Bello.
Los datos con los que sí cuenta la organización dan cuenta de "un desmantelamiento". "Han disminuido las compras a la mínima expresión, ni qué hablar en cuestiones de prevención y, particularmente, de todo lo que tenga que ver con reactivos", subrayó Di Bello. A la organización llegan casos de personas a las que les ofrecen "la mitad del esquema" necesario para el tratamiento: "Es decir, de las tres drogas, ofrecían dos porque de una no tenían el insumo", puntualizó. También están recibiendo más denuncias por la eliminación de las pensiones de discapacidad. Ellos también quedaron debajo de la motosierra de la Andis.
Así y todo, el decreto 760/2025 usa a los pacientes de VIH para maquillar el ajuste al hospital que atiende a de 400 mil pacientes al año, la mayoría entre 5 a 9 años y donde se realizan 10 mil operaciones (datos 2024). Allí se establece que cumplir con la Ley de Emergencia Pediátrica, que ratificaron ambas cámaras a pesar del veto de Milei, "implicaría una reasignación equivalente al 60% del total del presupuesto del programa de prevención de VIH, destinado a reducir la incidencia del VIH-Sida y ETS y mejorar la calidad de vida para aquellas personas que conviven con esa enfermedad y carecen de cobertura social".
Cómo sigue la batalla del Garrahan
Este miércoles, tras el cacerolazo de la noche y la marcha a Plaza de Mayo del martes, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) presentan una denuncia contra la decisión que consideran "una aberración autoritaria", decisión a la que se llegó tras el debate que mantuvieron el martes con integrantes del CELS.
La asesora legal del equipo de salud adelantó a este medio que van a solicitar a la Justicia que dé lugar a un amparo "pidiendo la inconstitucionalidad del decreto, su nulidad y la inmediata aplicación de la ley", además de denunciarlos penalmente por incumplimiento de deberes de funcionario público. Al Congreso Nacional le van a plantear, por otro lado, que active el mecanismo de juicio político.
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