El mensaje de campaña de Javier Milei era claro: en caso de ganar las elecciones y llegar a la Presidencia, el ajuste lo pagaría “la casta”, los privilegios de la política terminarían, y por fin habría justicia para los sectores más vulnerables. Sin embargo, casi un año y nueve meses después de la asunción de la gestión libertaria, está claro que esa promesa se desmoronó en la realidad cotidiana de los argentinos. El plan motosierra cayó sobre quienes tienen menos margen para resistirlo: jubilados, docentes, trabajadores, madres solteras, personas con discapacidad, jóvenes precarizados. Esta situación, que se visibiliza a lo largo y ancho de todo el territorio argentino, se replica en la provincia de Santa Fe.
Mientras Milei dice que "los salarios volaron en dólares" y el gobernador Maximiliano Pullaro marca que los sueldos "le ganaron a la inflación", los datos dicen otra cosa. El poder adquisitivo de los trabajadores respecto a servicios básicos como transporte público, electricidad, gas y agua quedó muy debilitado. Lo mismo ocurrió respecto a la Canasta Básica Alimentaria que mide el INDEC y el Índice de Precios al Consumidor que elabora el propio Gobierno provincial.
Esto se detalla en un informe presentado por el exdiputado santafesino Leandro Busatto, que muestra de qué manera pagar los servicios esenciales implica un esfuerzo cada vez mayor para las familias. La crisis económica parece no tener piso y los números son contundentes: los aumentos en las tarifas de servicio público más el transporte público de pasajeros van desde el 430%, en el caso del gas natural, a 913%, con respecto al servicio de agua. En tanto, los aumentos del salario mínimo alcanzaron apenas un 106%.
En diálogo con El Destape, Busatto analizó el preocupante panorama económico que atraviesa Santa Fe y apuntó contra el presidente Milei al asegurar que, bajo su conducción, el país se encuentra en un "callejón sin salida". "El Gobierno nacional marcha hacia un colapso económico y social a pasos acelerados porque su economía está basada estrictamente en un modelo de especulación económica y en el ajuste de los sectores populares", advirtió.
El exdiputado provincial afirmó que la estructura económica libertaria determina "una pirámide invertida donde pagan más lo que tienen menos y pagan menos los que tienen más". En esa línea, aseguró que Pullaro "ha sido el mejor discípulo de Milei en ese sentido". "No escatimó en ajustar los servicios públicos que están vinculados a la provincia, no tuvo un proceso claramente de recomposición salarial que permite a los trabajadores municipales o a los provinciales generar un proceso al menos de empate a la inflación, lo que genera una política regresiva".
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Pullaro le dio los votos de sus diputados al Ejecutivo nacional para sancionar la Ley Bases y también firmó el Pacto de Mayo para que pueda llevar adelante su plan de desguace. Si bien luego realizó algunos reclamos por recursos, específicamente para la reparación y mantenimiento de las rutas nacionales que atraviesan Santa Fe, Busatto afirmó que para "resolver el problema de fondo es necesario no acompañar las medidas criminales que el Gobierno nacional toma".
En declaraciones para este medio, Busatto explicó que “el costo promedio de esos servicios aumentó 617% respecto a diciembre de 2023, pero los salarios están muy por debajo de esos incrementos”. El Presidente habla de “superávit fiscal” y festeja el orden de la "macro" como si fuera sinónimo de justicia, pero las familias deben recortar sus propios presupuestos hasta el límite para intentar sobrevivir a las políticas de una administración que no garantiza derechos, sino que defiende el privilegio de unos pocos.
La inflación acumulada que midió el IPEC en el período que va de diciembre de 2023 a junio de 2025 es 339%. El mandatario radical santafesino señaló que los recortes recayeron sobre “los sueldos más altos, los del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Legislatura”, algo que también resulta falso. En ese período, salarios de empleados municipales aumentaron un 188%, los salarios de los empleados de comercio un 153% y lo de los docentes un 189%.
Transporte público: aumento del 555% en menos de dos años
En diciembre de 2023, el boleto de colectivo costaba 220 pesos. En promedio, hay 22 días hábiles por mes. Es decir que 44 boletos al mes (dos por día) costaban 9.680 pesos. En ese momento, esa cifra representaba el 6,2% de un salario mínimo, el 4,32% del mínimo garantizado de un empleado municipal y el 2,11% del salario de un empleado de comercio (categoría maestranza). Además, representa el 3,68% del ingreso medio de los asalariados y el 4,61% del ingreso medio de los no asalariados según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC.
Hoy, el boleto en Santa Fe cuesta 1.440 pesos (un 555% de aumento), por lo que 44 boletos al mes significan una erogación de 63.360 pesos. Esto representa hoy el 19,67% de un salario mínimo, el 8,91% del mínimo garantizado de un empleado municipal y el 7,16% de un empleado de comercio (categoría maestranza). Además, representa el 7,69% del ingreso medio de los asalariados y el 8,91% del ingreso medio de los no asalariados según INDEC. Esto seguramente se modificará en breve, ya que el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, afirmó que el número está “en estudio”, por lo que se espera un nuevo aumento.
En la ciudad de Santa Fe la principal fuente de empleo es el comercio. Por sus horarios, muchos trabajadores y trabajadoras deben tomar cuatro colectivos por día. En ese caso, pasaron de pagar 19.360 pesos en diciembre de 2023 a 126.720 pesos hoy. Según la escala salarial de la categoría maestranza del sector, para quienes deben tomar cuatro colectivos por día el transporte público pasó de representar aproximadamente el 4,23% de su salario al 14,33%.
Servicios básicos por las nubes
El informe detalla que pagar un consumo promedio de los servicios básicos, como lo son la electricidad (para un usuario N3, de ingresos medios), el agua y el gas natural, en diciembre de 2023 representaba aproximadamente 18.980 pesos (9.489 por mes). Tras las medidas de Milei y Pullaro, pagar estos servicios representa un total de 136.247 pesos (68.123 por mes), un 617% más. Eso equivalía en 2023 aproximadamente al 4,24% del mínimo garantizado para un empleado municipal, al 3,52% del mínimo de un docente y al 2,07% del salario de un empleado de comercio (categoría maestranza). De esta manera, pasó a absorber el 9,58% del salario mínimo garantizado de un empleado municipal, el 8,75% del mínimo de un docente y el 7,70% del salario de un empleado de comercio (categoría maestranza).
Este golpe al poder adquisitivo de los salarios impacta directamente sobre todo lo demás: por eso no es de extrañar la enorme caída en el consumo, que se refleja no sólo en los supermercados (se vendieron menos unidades en mayo de 2025, último dato disponible, que en diciembre de 2023 según el propio INDEC), sino también en gastronomía, ropa y en la construcción.
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Medicamentos y obra social: la salud en peligro
El acceso a los medicamentos, especialmente para las personas mayores, es uno de los pilares del derecho a la salud. Sin embargo, desde la asunción de Milei esto fue severamente restringido a través de una política deliberada de desfinanciamiento, recortes en la cobertura y aumentos sostenidos de precios en el sistema del PAMI. Lejos de tratarse de un problema administrativo o transitorio, el recorte forma parte del mismo patrón de ajuste que se impuso sobre los servicios públicos: la transferencia del costo a quienes menos pueden afrontarlo. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2025, según un informe publicado por la Fundación Soberanía Sanitaria, el gasto de bolsillo de los jubilados en medicamentos aumentó un 382%, mientras que la cantidad de remedios dispensados cayó un 26%.
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El Gobierno Nacional, que se jacta de haber alcanzado el superávit fiscal, lo hizo en parte gracias a una decisión política: "dejar que el sistema de salud se sostenga sobre el ingreso de quienes dependen de él". En paralelo, desde mediados de 2024 el PAMI comenzó a reducir la canasta de medicamentos con cobertura al 100%, excluyendo más de un millar de principios activos esenciales. A esto se suma un nuevo filtro: para mantener la cobertura total, el afiliado debe demostrar ingresos por debajo de 1,5 jubilaciones mínimas, no tener vehículo, propiedades, prepaga ni ahorros. Una persona que apenas supera ese umbral pierde automáticamente el acceso, a menos que gestione un subsidio social, cuyo trámite es engorroso y muchas veces inaccesible para quienes más lo necesitan.
Mientras que el ajuste en la obra social de los trabajadores y trabajadoras públicos de la Provincia de Santa Fe, IAPOS, impactó en los bolsillos de sus 591.763 afiliados. A fines de 2023, el bono de IAPOS costaba 70 pesos, una orden de consulta 350 pesos y una orden de internación 1.380 pesos. Actualmente, este bono cuesta 900 pesos (1.185% más), una orden de consulta 3.600 pesos (928% más) y una orden de internación 36.000 pesos (2.508% más), valores que están absolutamente por encima de la inflación medida por el propio Gobierno Provincial, que midió 219,5% de aumento en el Índice de Precios al Consumidor desde el cambio de gobierno hasta junio de este año (último dato disponible) de acuerdo al Instituto Provincial de Estadísticas y Censos.