El acuerdo con el FMI ignora a la industria y el 40% de las pymes se ve en peligro por el avance importador

La ausencia de políticas industriales en la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) preocupa a industriales argentinos que, a pocos días de aprobada la nueva deuda, ya enfrentaron una de las medidas exigidas por el Fondo en sus condicionalidades: la apertura a la importación de maquinaria usada. En relación, crece la alerta para la producción nacional que enfrenta un escenario para nada alentador: el acuerdo del gobierno con el FMI -y con la administración Trump- implica apertura comercial indiscriminada, sumado al impacto de la devaluación en el costo de los insumos importados, y el mayor costo de la energía dolarizada, todo ello en un marco de caída sostenida del consumo doméstico, todo lo que podría desencadenar un proceso de mayor desindustrialización y pérdida de más fuentes de trabajo. 

Mientras el sector productivo nacional acarrea meses con más de la mitad de sus recursos productivos ociosos, al punto de que Argentina fue el país con mayor caída industrial del mundo en 2024 (-9,4% anual), se configura un panorama alarmante: el 40% de las empresas PyME industriales aseguró sentirse amenazada por las importaciones en las ventas al mercado interno, a la vez que crece la sustitución de producción local por importada: el 18% de las empresas sustituyó insumos, materias primas y bienes intermedios nacionales por importados, mientras que un 7% sustituyó producción propia por importaciones. A la par, el programa económico de la actual gestión nacional no parece dar respuestas, por lo que para el resto del año “un 30% de empresas crece que tendrá que aumentar sus importaciones de insumos y un 18% aquellas de productos terminados”. Como resultado, las medidas en el mercado doméstico se traducen en reducción de costos, pérdida de rentabilidad, postergación de inversiones, suspensión y reducción de personal y horas extras. 

“Nuestro país corre peligro de transformarse en un mercado residual de tecnologías descartadas”, señalan desde las entidades que representan a los industriales nacionales recordando que, en el último año, la cantidad de empresas se redujo en 12.000, equivalentes al 2,2% del total. Esta caída se dio 23 de 24 provincias (calvo Neuquén, por Vaca Muerta). De hecho, la reciente medida que facilita el ingreso de maquinaria usada podría conllevar “la importación de maquinaria obsoleta, sin controles técnicos ni trazabilidad”, analizaron. 

A esto hay que sumar una coyuntura global atravesada por la “guerra comercial” entre Estados Unidos-China que impacta a nivel local en diferentes producciones regionales que podrían verse directamente afectadas por la suba arancelaria a las exportaciones. Pero además de menos exportaciones, hay que considerar el impacto que puede generar el ingreso del sobrante de mercadería china que puede presionar para ingresar, por ejemplo a Argentina, como ya viene ocurriendo. Esto se agrega al efecto negativo que ya provocó para nuestro país el arancel norteamericano del 25% a las importaciones extranjeras de acero y aluminio. Según la Cámara Argentina del Acero (CAA) “en 2018 se negoció una cuota de importaciones de 180.000 toneladas de productos de acero por año, la industria argentina cumplió estrictamente con los volúmenes acordados”. La reciente decisión de Estados Unidos, podría provocar una reducción de las cantidades y/o de los precios de los despachos de nuestro país. 

Amenaza a la industria local

La ausencia de políticas que aborden la situación de la producción industrial, busquen atender sus demandas y/o profundicen su desarrollo, en la letra chica del acuerdo entre el gobierno de Javier Milei y el FMI, deja en evidencia que los lineamientos del programa económico están lejos de priorizar al entramado productivo nacional. Por el contrario, las pocas referencias que aparecen en el documento oficial hacen hincapié en la necesidad de mayor apertura y desregulación, focalizándose en impulsar el crecimiento exportador ligado a sectores que le interesan al capital internacional como hidrocarburos, minerales, litio, cobre, entre los más codiciados. 

“Continúa la implementación constante de la agenda de desregulación y reforma del mercado. Las leyes estructurales emblemáticas -Decreto de Emergencia de Desregulación (DNU) de diciembre de 2023 y la ley Bases- se centran en la desregulación de los mercados, la modernización (y la reducción   del alcance) del Estado y la eliminación de las barreras al comercio exterior y la inversión”, señaló el FMI en su Staff Report, a la vez que hizo mención a que “reformas cuidadosamente planificadas fortalecerán aún más la flexibilidad del mercado de productos y del mercado laboral, a la vez que reducirán las barreras de entrada para fomentar la competencia y el empleo formal”.  En la misma línea se llama al gobierno nacional a “movilizar la inversión ya comprometida y fomentar nuevas inversiones en energía, minería, agroindustria y servicios de conocimiento”. 

“Jamás un préstamo del FMI se ha destinado en nuestro país al fomento de la producción, las inversiones y el trabajo local. Lejos de eso, una vez más los recursos servirán para disimular un nuevo fracaso de las políticas llamadas ortodoxas o neoliberales y para alimentar la especulación financiera. Del mismo modo que durante 2018, el Gobierno pretende utilizar esos recursos para transitar el año electoral”, sostuvieron desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) y alertaron que “en el horizonte solo se ve una mayor devastación del aparato productivo nacional, desempleo y pobreza estructural”.

¿Por qué es importante? En Argentina la industria tiene un peso significativo en el PBI, explicando el 19% del Producto, por arriba del agro (7%), el petróleo y la minería (5%). Además, genera 2,6 millones de empleos, explica el 54% de la investigación y desarrollo de la economía, da cuenta del 57% de las exportaciones, alcanza una productividad 63% mayor a la media, y un nivel de formalidad laboral 10 puntos superior. Además de los números locales, si bien se suele sostener que en el mundo la industria pierde relevancia por el mayor peso de los servicios, los datos muestran que “el 66% de la innovación mundial (medida a partir de la I+D) sigue siendo manufacturera, y los países siguen apostando por tener industrias fuertes porque la consideran vital para la generación de riqueza, el desarrollo tecnológico y la soberanía nacional, ello explica el auge reciente de políticas industriales en el mundo”, detalló el informe "La política industrial en el siglo XXI" de Fundar.

Sin embargo, pese a ello, los últimos meses no han sido fáciles para este sector. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, en 2024 Argentina fue el país con mayor caída industrial del mundo entre 79 países relevados. Nuestro país lideró la contracción productiva (-9,4% anual). Al respecto, en el primer año de gestión de la Libertad Avanza 15 de las 16 grandes ramas que monitorea el INDEC terminaron en crisis. Si bien el último dato, a febrero 2025, del índice de producción industrial manufacturero (IPI) indicó un alza del 5,6% interanual lo cierto es que compara contra igual mes del 2024, donde la recesión económica del gobierno actual había generado una fuerte caída de la actividad. Entre los rubros que siguen más afectados están Industrias metálicas básicas (-10,5%) Productos de metal (-11,4%) y Productos minerales no metálicos (-6,1%). 

En relación, al cierre del 2024, la capacidad instalada industrial (UCII INDEC) se ubicó apenas por arriba del 57%, mientras que en enero de este año fue de 55,0%, apenas por arriba del registro del mismo mes del año anterior (54,6%), y alcanzando tres meses con tendencia a la baja. Este lunes se conocerá el dato oficial de febrero. En complemento, los datos arrojados por el informe “Radar Pyme” de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) indicaron que, durante 2024, el promedio de capacidad industrial utilizada de las pymes fue del 53,8% por debajo de lo esperable ya que “niveles de capacidad industrial utilizada iguales o superiores al 60% son considerados normales y deseables para el aparato productivo pyme”, explicaron. En consecuencia, “una de cada tres industrias despidió personal, en total alrededor de 40.000 trabajadores”, agregaron. 

El preocupante panorama industrial enfrenta, este año, la posible contracción de la actividad económica a partir del golpe a los ingresos de las familias, resultado del impacto de la reciente devaluación y el menor consumo de los hogares, indicador que ya alcanzó 15 meses consecutivos de descenso. “El análisis sectorial del proceso de recesión y recuperación posterior durante 2024 exhibe, por un lado, el crecimiento de los bienes primarios (es decir del sector agropecuario y de minas y canteras) y, por otro lado, una fuerte contracción de la actividad de la industria y la construcción. En el caso de la industria se consolidó una nueva fase de desindustrialización de la economía argentina. Ésta tuvo dos etapas especialmente críticas: la del gobierno de Macri cuando cayó 13,5% y la del gobierno de Milei. En ambas el sesgo antindustrial de la política económica combinó el ajuste en los ingresos, la apertura comercial y el impulso a la valorización financiera”, analizaron desde el centro CIFRA-CTA. 

En la misma línea, según un informe de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) solo en un año cerraron 2.333 empresas, incluyendo minería y construcción, y redujo la cantidad de empresas industriales manufactureras, terminando con 1.130 empresas menos (-2,3%). En relación, se perdieron 107.473 puestos de trabajo vinculados al sector industrial. 

Pese a este escenario, que da cuenta de la necesidad de poner la lupa en lo que sucede con este sector clave de la economía nacional, el gobierno de Javier Milei decidió avanzar en un conjunto de medidas de desregulación y mayor apertura comercial que implicaron: eliminación el registro de importadores y habilitación de la declaración jurada anticipada; eliminación del sistema de precios de referencia, eliminación de sistema de licencias y permisos de importación; reformulación del mecanismo de antidumping, eliminación de los valores criterio de importación que frenaban la subfacturación, relajación del cumplimiento de exigencias sanitarias y fitosanitarias y de reglamentos técnicos de etiquetado, la eliminación de los controles aduaneros, y reducción de aranceles a bienes industriales (neumático, línea blanca, indumentaria), incluyendo la semana pasada la decisión de flexibilizar el ingreso de maquinaria usada. Además, se interrumpieron las políticas industriales que apuntaban a dar apoyo financiero a pymes y otros programas de promoción sectorial.

¿Qué impacto tienen estas medidas? Entre agosto de 2024 (mínimo reciente) y febrero de 2025 se observa un aumento acelerado en las importaciones de bienes: crecieron un 53% a precios corrientes y un 72% en términos reales, según datos oficiales. Así lo destacó el relevamiento “Amenaza importadora en las pymes” presentado este mes por el Observatorio PyME, tras encuestar a más 400 empresas de la industria manufacturera. 

Según destacaron, “en la industria manufacturera ya hay un aumento de la amenaza importadora, así como una creciente pérdida de mercado a manos de importadores. China y Brasil son los principales orígenes de las amenazas, pero para algunos sectores también preocupa la entrada de productos desde otros países limítrofes y también desde los grandes centros industriales (Norteamérica, Unión Europea y resto de Sudeste Asiático)”. 

En lo concreto: el 40% de las empresas PyME industriales se siente amenazada por las importaciones en las ventas al mercado interno, igual proporción a la verificada en 2018 (40%). Además, el 56% de las firmas que identifican a las importaciones como una amenaza indicaron una caída de su participación en el mercado interno (23% del total). La proporción nuevamente es similar al 2018 (28%). Por sectores, la mayor amenaza se ve en las actividades de la industria textil, de prendas de vestir, productos de cuero y calzado (67% de pymes bajo amenaza) y en la metalmecánica (54%).

En paralelo, hay una creciente sustitución de producción local por importada tanto en el segmento de insumos como en el de terminados:  a lo largo de 2024, 18% de las empresas sustituyó insumos, materias primas y bienes intermedios nacionales por importados mientras que un 7% sustituyó producción propia de bienes terminados por importaciones. Para 2025 se espera que la tendencia se acentúe: el 30% podría aumentar la importación de insumos, materias primas y accesorios, mientras que el 18% tiene expectativas de aumento de la importación de productos terminados.

Esta coyuntura alarma al sector por la posibilidad de que se profundice la desindustrialización, es decir se genere una mayor pérdida de peso de la industria en toda la economía, sumado a la pérdida de ramas productivas clave de la matriz nacional que se vuelve más deficitaria en términos de insumos, máquinas y equipos. 

Nueva medida, mayor desregulación 

El Gobierno nacional avanzó en estos días con el Decreto 273/2025, que eliminó la obligatoriedad del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), lo que implica que los importadores no necesitarán autorización previa para ingresar equipamiento y maquinaria usada al país. “También se eliminaron prohibiciones que existían para importar bienes en múltiples sectores de la industria, como por ejemplo máquinas para extracción de petróleo y gas, cortadoras industriales, moldes de matriceria (usados en la industria automotriz) y maquinaria para la industria gráfica, entre muchas otras”, destacó el ministro de Economía, Luis Caputo, en la red social X. 

Esta medida despertó las críticas de diferentes entidades gremiales de la actividad industrial que se mostraron en contra de la nueva desregulación. 

“Autorizar el ingreso de maquinaria usada -que no pasa por los controles técnico, de calidad y seguridad a los que es sometida la producción nacional- constituye un riesgo para la seguridad de los trabajadores y calidad de los productos, así como una competencia absolutamente desleal", indicó un comunicado de la Unión Industrial Argentina (UIA) desde donde agregaron que "el Certificado era una forma de evitar que Argentina reciba descartes y material obsoleto de otras industrias". En sintonía, desde la Asociación de Industriales Pymes Argentinos expresaron que “se abre la puerta a una competencia desigual para la industria nacional de bienes de capital que produce bajo exigentes normas técnicas, laborales e impositivas. La libre entrada de equipos usados sin control ni verificación de oferta local favorece la obsolescencia tecnológica y penaliza a los fabricantes argentinos, debilitando el tejido productivo nacional”. 

El sector metalmecánico en Argentina está compuesto por más de 20.000 empresas, en su mayoría PyMEs, emplea a más de 300.000 trabajadores de forma directa y es responsable del 5% del PBI Nacional y 25% del Industrial. En los últimos años exportó, en promedio, US$ 5.000 millones anuales y se trata de una actividad con gran presencia en todo el país, aunque con mayor participación en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Mendoza.

Desde la mirada de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) “la actividad metalúrgica se verá afectada ya que permitir la adquisición de estos bienes desalienta la inversión en tecnología de fabricación nacional” permitiendo ingreso de maquinaria “obsoleta, sin controles técnicos ni trazabilidad”. Para esta entidad, “mientras los principales países del mundo redoblan esfuerzos para impulsar su desarrollo industrial, Argentina avanza en sentido contrario”.

Finalmente, la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) difundió un duro comunicado considerando que dicha provincia cuenta con más de 2.000 fábricas de maquinaria y productos metalmecánicos, que generan en conjunto más de 50.000 puestos de trabajo. “A partir de esta medida, se habilita el ingreso de maquinaria y equipos que podrían haber sido descartados en sus países de origen, poniendo en riesgo tanto los procesos productivos como la salud de trabajadores y consumidores”, remarcaron y agregaron que “defender la producción nacional implica también establecer reglas claras que eviten la degradación del sistema productivo mediante la incorporación de tecnologías obsoletas o en condiciones inadecuadas. Medidas como la eliminación del CIBU ponen en riesgo su competitividad y su aporte al entramado productivo nacional, contradice la visión de un país con desarrollo federal, producción nacional y generación de empleo genuino”, cerraron.