La erosión del poder adquisitivo alcanzó un punto crítico al cumplirse más de seis décadas de la creación del salario mínimo. En un escenario donde el costo de la canasta básica impone severas restricciones a los hogares, un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA reveló que la remuneración básica actual se encuentra en niveles alarmantemente bajos en perspectiva histórica y estimó que debería ser de $ 1,5 millones como piso.
El desfasaje entre los ingresos actuales y los parámetros fijados originalmente en la legislación laboral argentina es inmenso. Un análisis elaborado por el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana, perteneciente a la Universidad de Buenos Aires (UBA), determinó que para preservar la misma capacidad de compra que tenía al momento de su creación en 1964, el Salario Mínimo, Vital y Móvil debería ubicarse hoy entre los 1.509.000 y los 1.838.000 pesos.
La distancia respecto de la realidad socioeconómica es abismal. Con una remuneración oficial vigente que apenas asciende a los 367.800 pesos, los ingresos mínimos de los trabajadores bajo relación de dependencia cubren apenas una fracción de lo proyectado por la normativa original instituida durante el gobierno de Arturo Illia.
¿Para qué alcanzaba un sueldo mínimo?: el contraste en la góndola
Para dimensionar el impacto de la inflación y la devaluación del salario a lo largo de las décadas, el informe de la casa de estudios recuperó el valor de los bienes de consumo e infraestructura en junio de 1964:
- Carne vacuna: un kilo de asado costaba 130 pesos, lo que implicaba que con un solo haber mínimo se podían adquirir alrededor de 107 kilogramos.
- Vivienda: El alquiler de un departamento de tres ambientes bien ubicado en la Ciudad de Buenos Aires promediaba los 7.500 pesos; se requería solo el 53% del ingreso base para costearlo.
- Transporte urbano: Con el boleto mínimo capilarizado a 6 pesos, un sueldo equivalía de forma directa a 2.333 viajes en colectivo.
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El espíritu de la ley frente a la crisis actual
La reglamentación original establecía que esta retribución no debía ser un simple indicador formal, sino una herramienta de contención social. La norma determinaba que el ingreso debía asegurar de forma efectiva la cobertura de alimentación adecuada, vivienda digna, vestuario, educación, asistencia sanitaria, transporte, vacaciones y previsión para una familia tipo de cuatro integrantes.
El presente económico muestra que la suba de la canasta básica y las tarifas fijas absorben la totalidad de los ingresos vigentes, desvirtuando el rol del Consejo del Salario. Aquella ley penalizaba a las empresas que pagaran menos del piso legal e incluía cláusulas de actualización automática si los precios variaban más del 15%. Seis décadas después, la brecha expone la urgencia de discutir el poder real del dinero frente a las góndolas.
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