Cómo será el Fondo de resiliencia del FMI, el programa que Argentina impulsa en paralelo a su negociación

El G20 trabaja en la creación de una línea de crédito para países de ingresos medios. Martín Guzmán busca incluir una cláusula en el nuevo acuerdo para que Argentina se pueda sumar en el futuro.

18 de julio, 2021 | 00.05

El ministro de Economía quedó conforme con instalar en el núcleo del G20 discusiones de Argentina que no formaban parte de la agenda de los países más ricos del mundo. Empujó para que se comience a trabajar en la creación de un nuevo crédito del Fondo Monetario Internacional para países de ingresos medios, el “fondo verde”. Martín Guzmán busca incluir una cláusula en el nuevo acuerdo con el FMI para que Argentina se pueda sumar en el futuro a esta línea.

El denominado fondo de resiliencia y sostenibilidad, su nombre formal, sería una especie de nuevo tercer programa. Hasta ahora existen stand by, el fallido del gobierno macrista por el que se tomaron US$ 45.000 millones, y el facilidaded extendidas, el que Guzmán negocia ahora.

En agosto, el FMI repartirá US$ 650 mil millones en derechos especiales de giro (DEG) para los países. Esta tercera línea que está en discusiones se creará a partir de los DEG de los que no los necesiten o usen. Luego serán redistribuidos entre los países vulnerables, pero se incluirá allí a los de ingresos medios, que son los “olvidados”, caracterizaron desde el Palacio de Hacienda a El Destape.

Guzmán busca que el nuevo acuerdo que negocia con Kristalina Georgieva incluya una cláusula que permita que, cuando este “fondo verde” ya figure dentro de los estatutos del FMI, Argentina se pueda sumar y así obtener mejores plazos y montos. Se trata de “modernizar” o adaptar los programas del organismo multilateral de crédito a las nuevas necesidades de la arquitectura global, propusieron desde el entorno de Guzmán.

El Fondo asignó el equivalente a US$ 650.000 millones en DEG para los países. Estas unidades consisten en activos de reserva internacional que tienen por finalidad robustecer las reservas oficiales de los países que son miembros del FMI. El monto que le corresponderá a cada socio dependerá de su cuota de participación y no de sus necesidades. Así, recibe más un Estado que necesita menos o no necesita; y recibe menos uno que se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad.

A la Argentina le llegarán cerca de US$ 4.500 millones. El ministro se comprometió ante los senadores del Frente de Todos a destinar a atender las necesidades sociales y sanitarias de la pandemia.

La negociación con el FMI y más impuestos para las corpos

En su gira europea, Guzmán participó de doce reuniones bilaterales con las naciones más ricas del mundo, en los que obtuvo el apoyo para la posición argentina. Calificó como “altamente positivos” los dialogos con funcionarios de Estados Unidos, Japón, México, Alemania, España, Francia, Corea del Sur, Italia, Rusia, FMI, Turquía y de la ONU.

También se juntó con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, con quien obtuvo avances técnicos para seguir en las negociaciones y obtener un acuerdo “bueno y sostenible”, confiaron fuentes que participaron del encuentro. Allí trabajaron en disminuir las asimetrías entre países emergentes y avanzados para una recuperación mundial equitativa. Además, continuaron las negociaciones para solucionar el problema de deuda insostenible con el FMI que dejó la administración anterior.

La foto grupal también generó satisfacción. Guzmán logró que el comunicado del G20 incluya tres puntos que son fundamentales para el Gobierno y que empuja hace meses, cuando no estaban en la agenda de discusiones. Además del “fondo verde”, el Grupo de los 20 llamó al FMI a revisar la política de los sobrecargos en las tasas, que no sólo no ayuda, sino que penaliza a los países de ingresos medios. Hoy Argentina debería pagar 2 puntos arriba de la tasa de interés que tiene, lo que equivale a US$ 1.000 millones más por año. Economía pide una revisión y eliminación de este adicional.

En tercer lugar, se acordó un impuesto global de al menos el 15% para las empresas multinacionales, ya aprobada previamente en el marco de la OCDE. Esto ayudará a fortalecer la capacidad de los estados para implementar políticas públicas que contribuyan al progreso de las sociedades.

Organizaciones latinoamericanas reclaman un mayor impuesto a las multinacionales

Tras la cumbre de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, organizaciones nucleadas en La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) reclamaron la necesidad de aplicar un impuesto del 25%, en lugar del 15% planteado por los países más ricos. Esta posición, que coincide con la propuesta por Argentina, explican que servirá para afrontar las grandes deudas sociales que ha provocado la pandemia en el mundo y en la región.

El reclamo se plasmó en un encuentro virtual organizado por Latindadd, una entidad que aboga por una reforma integral del sistema tributario en la región y que, entre otras acciones, impulsó una campaña para imponer un impuesto a la riqueza en Latinoamericana como una forma de hacer frente a los costos sociales del coronavirus. Según sus estimaciones, con la instauración de este gravamen en veinte países de la región, se hubiera podido recaudar al menos US$ 26.504 millones adicionales por año.

Bajo la consigna “Alternativas frente a la crisis: Impuesto Mínimo global e impuestos a la riqueza”, especialistas y referentes de organizaciones de la región llamaron a los gobiernos a discutir un impuesto mínimo global del 25%. “Acordar un impuesto del sólo 15% a las multinacionales seguirá perpetuando un sistema desigual porque las empresas locales continuarán pagando tasas más altas, que oscilan entre el 25 y 30 por ciento”, detalló el presidente de la Alianza Global para la Justicia Fiscal y asesor principal de políticas económicas de Tax Justice Network África, Dereje Alemayehu. “Además, no traerá beneficios a países de bajos ingresos, que se verán obligados a cerrar acuerdos desventajosos. Por eso, es fundamental insistir en la necesidad de imponer un impuesto más alto y que esta discusión se dé en el marco de las Naciones Unidas”, planteó.

Por su parte, Rodolfo Bejarano, referente e investigador de Latindadd, graficó el impacto de la pandemia en la región y cómo incrementó la desigualdad. “Gran parte de la población se vio afectada por la pandemia, pero el patrimonio de los multimillonarios no. En la región se pasó de 76 multimillonarios con un patrimonio de US$ 284.000 millones (marzo 2020) a 107 multimillonarios con US$ 480.000 millones (mayo 2021)”, denunció.

En esa línea, valoró los esfuerzos realizados por países como Argentina, que estableció un Aporte Solidario y Extraordinario; de Bolivia, que impuso un impuesto anual a las grandes fortunas, y las discusiones similares que se están dando en Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Uruguay, para evitar que la brecha entre los más ricos y más los pobres sea aún más profunda. 

“Los impuestos a las grandes fortunas contribuyen a mejorar redistribución de recursos, pero hacen falta reformas tributarias integrales y decisión política para avanzar contras las grandes élites que se resisten a tributar, que usan todos los artilugios legales para evadir y que encontraron en la región el aparato tributario a su medida”, afirmó al final del panel coorganizado con la Fundación SES y el medio periodístico de Perú WAYKA.

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