La empresa Vicentin quiere poner sus cuentas en orden pero todavía no termina de sacarse de encima la puja judicial luego de su quiebra. Dreyfus y Molinos Agro pretenden una revancha judicial y siguen pujando para quedarse con los activos de la cerealera tras la apelación al fallo que le había puesto moño al proceso de cramdown (salvataje) en diciembre del año pasado. La compañía, que ahora es manejada por el Grupo Grassi – de vínculo estrecho con Mauricio Macri- empezó a cancelar parte de las acreencias con los productores que aceptaron la entrega de granos como parte del esquema de cancelación de deuda.
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El gran estafado de Vicentin sigue siendo el Banco Nación, que durante la administración Macri otorgó decenas de préstamos en dólares a pesar del estado de quiebra de la empresa. El juez federal Julián Ercolini, a partir del dictamen de Gerardo Pollicita, decidió el llamado a indagatoria –además de decretar una inhibición general de bienes- de Javier González Fraga y Lucas Llach (los principales directivos del BNA al tiempo de la estafa), concretado en diciembre del año pasado, junto a los principales directivos de Vicentin, entre ellos Daniel Néstor Buyatti (presidente), Alberto Julián Macua (vicepresidente), Herman Roberto Vicentin (apoderado), Martín Sebastián Colombo (director), Roberto Oscar Vicentin (director), y Máximo Javier Padoan (director).
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“Entre agosto y diciembre de 2019, las autoridades del Banco de la Nación Argentina, a quienes la sociedad les había encargado la administración y el cuidado del patrimonio de la principal banca pública del país, en connivencia con los empresarios responsables del Grupo Vicentín, defraudaron al Estado Nacional ocasionando un perjuicio de aproximadamente 300 millones de dólares estadounidenses”, había escrito Pollicita.
Plan canje de granos
Vicentin informó que comenzó a efectivizar los primeros pagos a los acreedores que optaron por la modalidad de abastecimiento de granos dentro del proceso de cramdown homologado por la Justicia de Reconquista sobre el cierre del año pasado. A través de un comunicado, la empresa sostuvo que este mecanismo permitirá recuperar “hasta el 200%” de las acreencias. El monto total comprendido en esta categoría supera los 115 millones de dólares e involucra a más de 100 acreedores.
Lo que aparenta ser una normalización en la operatoria de la empresa no lo es tanto. En los próximos días deberá conformarse la sala de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista para tratar la apelación interpuesta por LCD (Dreyfus) y Molinos Agro que siguen con intenciones de quedarse con los activos de la compañía tras el cierre del salvataje judicial.
Ambas empresas plantearon su disconformidad con el rechazo de exclusión de voto – efectuado por el juez Fabián Lorenzini- al sostener que el Grupo Grassi había incurrido en “un tráfico de votos” al permitir votos de acreedores vinculados o cesionarios.
Esta puja esconde una cantidad de actores del sector agroexportador que, por lo bajo, pretenden consolidar su poderío en el comercio exterior que se mueve a través de la Vía Navegable Troncal (VNT). El Grupo Grassi es, también, un mascarón de PROa.
En todo está Macri
Detrás del Grupo Grassi se encuentra el estudio Salvatierra, Matos & Casanova, que diseñó la estrategia judicial del proceso concursal; también aparece la estadounidense Cargill con su respaldo logístico y financiero.
Uno de los principales activos de Vicentin es Renova, la mayor planta de crushing de oleaginosas del mundo, ubicada en Timbúes. En 2019, a pocos días de que finalizara el gobierno de Mauricio Macri, Glencore/Viterra aumentó su participación en Renova y pasó a controlar el 66% de las acciones, a partir de un supuesto pago de 122 millones de dólares. Actualmente, el mayor accionista de Renova es Bunge.
En todo el proceso también jugó fuerte el financista Esteban Nofal, dueño de CIMA Investment e hijo de Luis Nofal, cofundador de Torneos y Competencias junto a Carlos Ávila. Sobre el cierre de 2024, CIMA compró las acreencias de los principales bancos que participaban del concurso de acreedores. Es decir que se quedó con montos verificados al momento del default por más de 447 millones de dólares, abonando una suma mucho menor.
Las financieras que cedieron sus créditos fueron IFC (205 millones de dólares), FMO (122 millones), ING (46 millones), MUFG (12 millones), SMBC (12 millones), Natixis (9 millones) y el Rabobank (22,7 millones). Esta última entidad, vinculada al fondo BlackRock, fue clave ya que formó parte de todo un esquema de triangulaciones vinculado a Renova y la cesión de acciones que ahora posee Bunge.
¿Quién aparece vinculado al dueño de CIMA? Mauricio Macri. De acuerdo al libro “Hermanos”, publicado por Santiago O´Donnel, Mariano Macri, hermano del ex presidente, le había manifestado al periodista que Nofal era la persona que supo interceder ante la empresa Isolux a fin de que vendiese una serie de parques eólicos a otras compañías vinculadas a la propia familia Macri y a Carlos Tevez.
Una estafa con fondos públicos
“Hablar con Martín Mura (ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) por préstamo a Sergio Nardelli. 10 palos”. Así como Novelli dejaba notas en su celular sobre la estafa de $LIBRA, el secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto – actual legislador porteño- dejaba sus huellas y las de Macri en la estafa Vicentin al Banco Nación.
La nota escrita surgió luego de un peritaje realizado en el contexto de una causa judicial vinculada a las maniobras de espionaje ilegal ocurridas durante el macrismo. Había sido agendado el 22 de noviembre de 2019. Por entonces, el titular del BNA, Javier González Fraga y el vicepresidente de la entidad, Lucas Llach, junto a otros directores del BNA, se aprestaban a hacer la vista gorda sobre una serie de préstamos, al mismo tiempo en que decidían fraguar la calificación crediticia de la entidad y aceptaban entregarle unos 105 millones de dólares distribuidos en 28 créditos aprobados por el Directorio entre el 5 y 26 de noviembre de 2019 cuando la quiebra –y el fin del mandato Macri- era inminente.
“Entre agosto y diciembre de 2019, las autoridades del Banco de la Nación Argentina, a quienes la sociedad les había encargado la administración y el cuidado del patrimonio de la principal banca pública del país, en connivencia con los empresarios responsables del Grupo Vicentín, defraudaron al Estado Nacional ocasionando un perjuicio de aproximadamente 300 millones de dólares estadounidenses”, puede leerse en el dictamen del fiscal Gerardo Pollicita.
¿Cómo hicieron para llevarse esa cantidad de dinero? “Se diseñó un canal que permitió el giro de fondos desde la principal cuenta del Banco Nación hacia otras cuentas propias en el sistema financiero nacional y, luego, la movilización de una suma millonaria en dólares — 16.942.805 de dólares— a una cuenta de la empresa de un banco de Nueva York (USA) que luego fue vaciada mediante diversos giros”, puede leerse en el pedido de indagatoria firmado por Ercolini y ejecutadas sobre el cierre de 2025. Un verdadero robo para la corona.
