La motosierra en sectores estratégicos del Estado por parte del gobierno de Javier Milei implicó la destrucción de más de medio centenar de miles de puestos de trabajo. El desmantelamiento, con alta orientación ideológica, tuvo un fuerte impacto en empresas y organismos estratégicos del Estado –como el caso del Correo Argentino—dejando en manos privadas “amigas” la sustitución de sus funciones. Desde que asumió Milei se observa un recorte persistente en el empleo público nacional durante todos los meses de la gestión libertaria. Entre noviembre de 2023 y junio de 2025, la dotación de personal se redujo en 54.176 puestos de trabajo, lo que implica una caída del 15,8 por ciento, según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Desde su asunción en diciembre de 2023, una de las políticas centrales del gobierno de Milei fue el desguace del sector público, ya sean programas u organismos de la Administración Pública Nacional, empresas públicas, o en la propia capacidad regulatoria del Estado frente a actores privados. Los recortes tuvieron un alto contenido ideológico, con destrucción de casi nóminas completas (los despidos llegaron al 80 por ciento de las plantillas laborales) en áreas clave, como el Correo Argentino, Télam, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y operadores ferroviarios, con la clara intención de privatizar total o parcialmente sus operaciones.
Los principales recortes
En términos porcentuales, la mayor parte del recorte recae en la administración centralizada; en segundo y tercer lugar, las empresas y sociedades y la administración descentralizada; y en cuarto y quinto lugar, corresponde a la administración desconcentrada y a otros entes respectivamente.
En el decreto 70 de diciembre de 2023, apenas puesto en funciones el gobierno mileísta, se incluyó el cambio de denominación de las Sociedades del Estado, que pasaron a ser Sociedades Anónimas, paso previo a la puesta en consideración de sus respectivas privatizaciones. El trabajo “sucio” continuó con la desvinculación salvaje de trabajadores y trabajadoras y recorte salariales, buscando mostrar “números” de ajuste que tienten a los privados. El saldo fue más de medio centenar de miles de familias sin ningún sustento económico.
El análisis por empresa muestra que el caso más significativo en términos absolutos es el del Correo Argentino, que encabeza el listado con 4.916 despidos. El desguace afecta funciones esenciales que exceden el envío de cartas y paquetes: el Correo garantiza la conectividad territorial, presta servicios en zonas desatendidas por operadores privados y cumple un rol logístico clave para el Estado, incluyendo la distribución de DNI, medicamentos, materiales educativos y el soporte de los procesos electorales en todo el país.
Le siguen la Operadora Ferroviaria, con 2.801 cesantías, y Banco Nación, con 1.831 despidos, mientras que Aerolíneas Argentinas registra 1.768 desvinculaciones en el marco de una política de ajuste que no solo afecta al personal, sino también a rutas estratégicas que garantizan la conectividad federal del país. En términos proporcionales, el recorte más drástico se dio en la ex Télam, donde se despidió a cerca del 80 % del personal. Le sigue ENARSA Patagonia (-66,7 por ciento), y luego los casos de Educar (-52,5 por ciento) y Contenidos Públicos (-42,7 por ciento), que también presentan reducciones especialmente significativas.
Los casos de Educ.ar y Contenidos Públicos también son especialmente significativos. Estas empresas fueron fundamentales en la producción y difusión de contenidos pedagógicos, digitales y audiovisuales, desempeñando un rol clave en la democratización del conocimiento, el acceso a la cultura y la construcción de ciudadanía. La reducción de sus planteles limita seriamente la capacidad estatal para garantizar derechos culturales y educativos en todo el país, particularmente en sectores excluidos del mercado de plataformas privadas.
El ajuste también impacta en empresas de tecnología e infraestructura estratégica, donde los recortes no solo implican pérdida de puestos de trabajo, sino retrocesos estructurales en áreas clave para el desarrollo nacional. En el Polo Tecnológico Constituyentes, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la reducción del 40 por ciento del personal representa un golpe directo a la capacidad pública de investigación, desarrollo científico y producción tecnológica con valor agregado nacional.
En el ámbito ferroviario, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias sufrió un recorte del 34 por ciento de su planta, afectando la planificación, ejecución y control de obras de infraestructura clave para el transporte de cargas y pasajeros. Esta política de desinversión atenta contra la reconstrucción de una red ferroviaria integrada, que es fundamental para mejorar la competitividad de las economías regionales, reducir costos logísticos y promover un modelo de desarrollo sustentable.
En el sector financiero y asegurador, los impactos también son severos. Nación Seguros registró una pérdida del 31% de su personal, lo que debilita la capacidad del Estado para ofrecer coberturas accesibles a personas, pymes y organismos públicos, y pone en cuestión su rol contra-cíclico en situaciones de emergencia o catástrofe. A su vez, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) –pieza clave en el financiamiento del desarrollo productivo—sufrió una reducción del 32 por ciento de su planta, lo que restringe su capacidad de otorgar créditos en condiciones favorables a sectores estratégicos de la industria, la infraestructura y las exportaciones.
En el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN), incluyendo organismos desconcentrados y descentralizados, el caso más significativo en términos absolutos es el de ARCA, con 3.052 puestos de trabajo eliminados. Le siguen la ANSES, con 1.457 despidos, y el CONICET, con una reducción de 1.091 trabajadores.
En términos proporcionales, el recorte más severo se produjo en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que perdió el 63 por ciento de su planta de personal. En segundo lugar, se ubica la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), con una reducción del 45 porciento, y en tercer lugar el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que sufrió un recorte del 41 por ciento de su dotación.
Ajustes en los salarios
A los despidos, lo acompañaron un fuerte apretón salarial en términos reales. Los últimos datos publicados por INDEC muestran una caída del poder adquisitivo en el sector público del orden del 14 por ciento. “Pero, al profundizar el análisis, se percibe una clara diferencia entre el nivel nacional y el provincial”, señala el informe del CEPA.
Mientras el gobierno nacional profundiza el ajuste salarial, el sector público provincial muestra un desempeño relativamente mejor. A mayo, los salarios nacionales muestran una retracción de 31,5 por ciento respecto al poder adquisitivo de noviembre de 2023, mientras que los provinciales alcanzan una pérdida de de 6,8 por ciento respecto del mismo período.
Si, en el caso del Sector Público Nacional, se estima el poder adquisitivo considerando los aumentos oficializados en el decreto 527/2025 los salarios perderán otro 2,4 por ciento entre mayo y noviembre de este año. De esta forma se ubicarán 33,1 por ciento debajo del nivel de noviembre 2023.
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