Transporte: Entre Ríos se suma al reclamo por más subsidios

Las provincias reclaman por la inequidad en el sistema de reparto de recursos para financiar las líneas de transporte público. El distrito de Bordet suma presión para cambiar el sesgo centralista que beneficia al Área Metropolitana de Buenos Aires.

19 de mayo, 2022 | 18.05

Cada vez son más las voces que se alzan por el reparto desigual de los subsidios en materia de transporte en el país. Pese a la conformación de un Consejo Federal de Transporte (Cofetra), que busca poner sobre la mesa de todos los actores nacionales relacionados a la temática, la realidad marca que una inmensa mayoría de los recursos se queda en Buenos Aires, en desmedro de las provincias o del denominado "interior" del país. Esa inequidad, incluso, tiende a agravarse, dado que, acorde a información oficial a la cual tuvo acceso El Destape, el 78% de los fondos fueron al AMBA en 2021 y el 82% lo hará en 2022. A la par, una actualización por debajo de la inflación oficial, pone prácticamente en jaque el sistema de colectivos de muchas localidades argentinas. 

"El reclamo está vigente. Se está avanzando en una ley de transporte federal, de hecho hay varias iniciativas al respecto, en Córdoba y el Norte Grande. La idea es unificcar todos los proyectos y presentar una norma de consenso", explicó a El Destape, Maximiliano Villa, director de Transporte de Entre Ríos. Y agregó: "Acá nadie está pidiendo que se dejen de enviar fondos al AMBA, sólo que haya un distribución más justa. Es cierto que en esa zona del país se manejan otro caudal de pasajeros, pero la disparidad es demasiado grande". 

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Con la intención de habilitar el debate al respecto, el Cofetra ya mantuvo contacto con el Ministerio de Transporte de la Nación, a cargo de Alexis Guerrera. Si bien el reclamo es escuchado, por el momento no hay una respuesta al respecto: "Lo que nos dicen es que el Fondo Compensador ya está presupuestado y que, de no haber una ley o norma que indique otra cosa, el reparto está determinado. La realidad es que el año pasado a las provincias llegaron 26 mil millones de pesos y este año sólo eso llegó al AMBA en el primer trimestre". 

De hecho, si se toman los datos del 2021, el gobierno nacional repartió en materia de subsidios 118 mil millones de pesos, de los cuales 26 mil millones fueron distribuidos entre 23 provincias y 92 mil millones fueron girados al AMBA. 

A la par de los subsidios nacionales, cada vez más insuficientes, cada provincia ha establecido también un fondo para solventar las líneas urbanas e interurbanas. En el caso particular de Entre Ríos, se firmó un convenio a través del cual el gobierno de Gustavo Bordet se comprometió a transferir mensualmente el 70% de lo que envíe Nación. A partir de eso, en el primer trimestre de 2022 ya fueron girados 234 millones de pesos, a razón de 78 millones de pesos por mes. Con eso, se colabora a sostener el funcionamiento de 38 líneas interurbanas de todo el territorio y 15 urbanas de seis localidades: Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Chajarí y La Paz. 

Pese a ello, los empresarios insisten en que los recursos son insuficientes: "Hay un pedido concreto de las compañías, que es que se empaten los subsidios provinciales a los nacionales. Yo no estoy en condiciones de decir que la Provincia pueda concretarlo. Lo que sí se sabe es que hay gobiernos provinciales que, así como nosotros ponemos el 70%, ponen más del 100% de lo que envía la Casa Rosada. Acá, en todo caso, se puede barajar la opción de adelantar los fondos de mayo, para evitar conflictos. Es decir, no hacerlo a mes vencido, para que la remesa de dinero colabore al pago de sueldos y mantenimiento del servicio". 

Villa finalizó defendiendo la posición de los gobiernos provinciales de no participar de las decisiones en materia salarial: "Las paritarias son acuerdos entre privados, que en todo caso homologa el Ministerio de Trabajo. No es nuestra competencia y no tenemos que participar de una instancia en la que no jugamos ningún rol". 

El reparto desigual de fondos se coló en el debate por fondos coparticipables que hoy tiene enfrentados al gobierno nacional y CABA, a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia. "Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. Recibimos los menores subsidios por la energía que consumimos, por el transporte que nuestros usuarios utilizan. Pagamos el combustible más caro. Nos hacemos cargo de nuestras fuerzas de seguridad y destinamos parte de nuestros escasos recursos para afrontar erogaciones que el privilegio centralista dispone", señalaron 17 gobernadores en una dura carta. Entre ellos, el entrerriano Bordet. 

Del lado de los empresarios, el reclamo por mayores subsidios no es nuevo. Nucleados en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), los dueños de las compañías vienen advirtiendo sobre la delicada situación que se atraviesa en las provincias, especialmente luego de la pandemia, cuando la carga de pasajeros cayó notablemente y nunca se logró recuperar. De hecho, un informe técnico de la entidad puso de manifiesto la desigualdad a la que son sometidos en relación a sus pares del AMBA. Mientras en Buenos Aires la tarifa base es de $18 y por mes son transferidos, en proporción, $1.275.000 para cada unidad, en el interior el ticket cuesta en promedio $51,49 y la compensación por cada coche es de apenas $268.714 mensuales. 

En efecto, en Paraná, por ejemplo, se comenzó a implementar una tarifa de $57,80 hace pocos días, luego de una evaluación en el Concejo Deliberante donde se cotejaron estudios de costos. Según Buses Paraná, empresa que concesiona el servicio en la capital, debía ser de $99. Pese a ello, el Poder Ejecutivo consideró que, dado el déficit en la prestación que se observa en los últimos meses, el ticket no podía incrementarse más del doble. Pero del lado la empresa argumentaron que, ante una realidad cada vez más adversa desde lo económico, hubo que tomar medidas drásticas para no afectar la planta de personal. Y detener coches fue una de ellas. En las últimas horas, Marcelo Lischet, titular de la compañía, admitió que casi el 30% de la flota está paralizada por no tener fondos para repuestos: "Estamos prestando el servicio con 135 coches. La flota autorizada de prepandemia era 168 colectivos. Tenemos casi el 30% con inconvenientes. Hay una caída importante, teniendo en cuenta que lo único que se hace hoy es pagar sueldos y pagar combustible. No se pueden renovar unidades, las flotas se envejecen". 

En contacto con medios locales, el director de Buses Paraná consideró dos factores como cruciales: una tarifa -según su mirada- desactualizada y la escasez de subsidios. "El boleto tiene que ser el valor real y si no lo puede pagar la gente, es el Estado el que debe sustentar el transporte. Para eso son los subsidios, no son para las empresas, sino para que la gente pague menos. Para hacer frente en todo el país a un ajuste salarial, se necesitan 14 mil millones de pesos y lo que está ofreciendo el gobierno son 3.500 millones de pesos por mes. Así, es imposible". 

Justamente el renglón dedicado a los sueldos es otro elemento clave en el conflicto. Desde UTA han solicitado un incremento de 50%, que lleve el mínimo a $150 mil. Pero además, desde el área que se dedica a los reclamos del interior del país dentro del gremio, también han solicitado que se emparden los ingresos de los trabajadores a los de los choferes del AMBA. "Nosotros cobramos menos que los choferes de Buenos Aires. ¿Por qué? No hay explicación. Por eso nuestro pedido es muy concreto, queremos que todos los trabajadores del país enrolados en UTA cobren lo mismo. No es nada personal, es una cuestión de igualdad", apuntó en contacto con El Destape Mario Meuli, secretario Adjunto de UTA Entre Ríos. El sindicato llevó adelante el martes las primeras 24 horas de 72 estipuladas de medida de fuerza en reclamo por una recomposición salarial acorde a las expectativas. El paro continuará jueves y viernes, debido a que este miércoles la huelga se interrumpió en solidaridad con los censistas que precisan del transporte para realizar su trabajo. 

"Este reclamo no es nuevo, lleva meses. No estamos pidiendo que sea de un momento al otro, sino que poder fijar un esquema de recomposición que, paulatinamente, empareje los salarios en todo el país y cumpla con la solicitud de que los sueldos no pierdan contra la inflación, que es el peor enemigo del trabajador", resaltó el sindicalista entrerriano. Consultado sobre los pedidos de los empresarios por los subsidios, Meuli fue tajante: "Nosotros no nos metemos en lo que pide el privado, eso es un problema que tiene que resolver con el Estado. Nuestra condición es no perder más poder adquisitivo. Cada vez que nos manifestamos, el argumento es el reparto de los subsidios. Bueno, que las partes que corresponden se sienten y lo resuelvan. Nosotros estamos para defender a los empleados, que son los más perjudicados". 

No es lo salarial lo único que preocupa a los trabajadores de colectivos entrerrianos. El estado de las unidades y la inseguridad también entraron a jugar un papel, especialmente en los últimos días. El lunes, la necesidad de parar una unidad por un desperfecto derivó en una pelea entre un chofer y un usuario, en Paraná. A la noche, cuando ya terminaba el turno, un conductor fue brutalmente asaltado, a punta de cuchillo: "Estamos preocupados. Están pasando cosas que no habían sucedido nunca y tenemos pocas respuestas al respecto". 

Un chofer de colectivos de Paraná cumple 192 horas mensuales de servicio, pero su sueldo es alrededor de 30 mil pesos menor al de uno de Buenos Aires. Por tal motivo, el 26 de abril se activó una medida de fuerza, que quedó sin efecto luego de una conciliación obligatoria, extendida la semana pasada. Al vencer el plazo el lunes, y no haber una respuesta favorable, la huelga se reactivó este martes. Sobre la noche hubo un comunicado de UTA anunciando un principio de acuerdo, pero hasta el momento no hay novedades y, de no haberlas, el paro seguirá jueves y viernes. Asimismo, se anunció una marcha al Congreso de la Nación, para "pedir el dictado de una ley federal de transporte que contemple la problemática del transporte de pasajeros del interior del país".

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