El Gobierno extendió hasta el 30 de junio de 2026 el plazo para rescindir contratos del Estado que contemplan beneficios o tratamientos especiales y para finalizar los nuevos procesos licitatorios correspondientes.
La medida quedó formalizada a través del Decreto 928/2025, publicado en el Boletín Oficial, y alcanza a los contratos del Sector Público Nacional que otorgaban ventajas a empresas con participación estatal. La decisión impacta especialmente en áreas como la provisión de combustibles, seguros y pasajes aéreos, y se enmarca en la política de desregulación, promoción de la competencia y neutralidad estatal impulsada por el Gobierno desde diciembre de 2023.
La norma extiende los plazos fijados originalmente en el Decreto 747/2024 —que ya habían sido prorrogados por el Decreto 591/2025— debido a que varios procesos licitatorios aún no se completaron o resultaron fallidos. Muchos de estos procedimientos, bajo la modalidad de Acuerdo Marco, son considerados clave para el funcionamiento operativo de la administración pública.
En este contexto, Alejandro "Topo" Rodríguez afirmó que "la realidad es que en el plazo de un año no pudieron sustituir al Estado como proveedor, entonces prorrogaron la fecha límite para cumplir con la obligación".
"Es decir que hoy, ni un día más, era el último día para que todos los organismos públicos eliminaran cualquier contrato, convenio o acuerdo que le otorgara ventajas al Estado para venderle al propio Estado y así impulsar procedimientos de selección competitivos y transparentes, con el fin de procurar la provisión de bienes o servicios", sostuvo el exdiputado nacional y director del Instituto Consenso Federal. Y remató: "Queda demostrado: por exceso de dogmatismo y extrema ideologización, Milei y su gobierno se autoimponen decisiones que después no pueden cumplir".
Motosierra inconclusa
En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo explicó que la nueva prórroga responde al estado desigual de los procesos licitatorios. Entre los avances logrados, se menciona la licitación para la apertura y administración de cuentas sueldo, adjudicada en abril de 2025 y que dio lugar a un Acuerdo Marco con vigencia de tres años, prorrogable por uno más.
También se destaca la adjudicación de la licitación para el seguro de riesgos del trabajo, concretada en mayo de 2025, con un acuerdo marco por dos años y opción de prórroga, así como la contratación de seguros integrales, automotores y técnicos, formalizada en octubre de ese mismo año.
No obstante, el decreto reconoce que persisten contrataciones estratégicas sin resolución, especialmente en el suministro de combustibles y en la compra de pasajes aéreos. En el caso de la licitación para combustibles y gestión de flota, el procedimiento fue cancelado en octubre de 2025 tras recibir una única oferta parcial y quedar desiertos el resto de los renglones.
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