El gobierno libertario dio un nuevo paso en su política de desregulación del mercado aerocomercial. A través de la Resolución 543/2026 de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), publicada este jueves en el Boletín Oficial, modificó la Parte 129 de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC) para simplificar el reconocimiento de los Certificados de Explotador de Servicios Aéreos emitidos por autoridades extranjeras. La medida apunta a reducir los tiempos administrativos para que nuevas compañías internacionales puedan operar en el país y profundiza la estrategia oficial de "cielos abiertos" que el Ejecutivo impulsa desde el inicio de la gestión.
La resolución crea un mecanismo de reconocimiento abreviado de esos certificados cuando exista un acuerdo bilateral de servicios aéreos entre la Argentina y el país de origen de la empresa y siempre que ese Estado cuente con una calificación satisfactoria en las auditorías de seguridad operacional de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Según sostuvo la ANAC en los fundamentos de la norma, el objetivo es "reducir las barreras de entrada al mercado argentino para las aerolíneas internacionales e incentivar la oferta de vuelos y la conectividad general".
El Gobierno presenta la decisión como una medida de modernización administrativa destinada a aumentar la competencia y ampliar la conectividad, pero la resolución se inscribe dentro de una transformación mucho más amplia del sistema aerocomercial argentino. Desde diciembre de 2023, la administración libertaria impulsó una serie de reformas orientadas a disminuir la intervención estatal en el sector, flexibilizar regulaciones históricas y ampliar la participación de operadores privados nacionales y extranjeros.
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A partir de ahora, las compañías extranjeras que cumplan las condiciones previstas podrán obtener el reconocimiento de sus certificados mediante un procedimiento simplificado. Incluso, la incorporación de nuevas aeronaves a una flota ya autorizada dejará de requerir una modificación integral del trámite original: bastará con presentar los certificados de matrícula, aeronavegabilidad, seguro y ruido, junto con la constancia de que esos aviones forman parte de las especificaciones operativas aprobadas por la autoridad aeronáutica de su país.
Además, la resolución establece que una vez presentada toda la documentación bajo declaración jurada, la ANAC tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles para pronunciarse. Si ese período transcurre sin respuesta, las aeronaves quedarán automáticamente habilitadas para incorporarse a la programación de vuelos de la empresa solicitante. Se trata de uno de los aspectos que más modifica el régimen anterior, ya que reduce significativamente la intervención administrativa del organismo regulador.
Política de "cielos abiertos"
La flexibilización de certificados no constituye una medida aislada. Forma parte de la política de "cielos abiertos" impulsada por el Gobierno nacional, que durante los últimos meses firmó nuevos acuerdos bilaterales, habilitó el ingreso de operadores internacionales y avanzó en la desregulación de distintos segmentos del negocio aeronáutico. El argumento oficial sostiene que una mayor competencia generará más oferta de vuelos, mejores tarifas para los pasajeros y un incremento de la conectividad internacional. Bajo esa lógica, el Estado debe limitarse a garantizar estándares de seguridad operacional, eliminando requisitos que considere burocráticos o innecesarios para el funcionamiento del mercado.
La Resolución 543/2026 avanza precisamente en esa dirección al reconocer, con menores controles locales, las certificaciones emitidas por autoridades extranjeras cuya supervisión haya sido aprobada por la OACI. De esa manera, la ANAC reduce parte del proceso de validación que anteriormente realizaba sobre cada operador antes de autorizar sus actividades en el país. No obstante, el esquema mantiene algunos límites.
Las empresas que pretendan realizar vuelos de cabotaje deberán presentar documentación operativa adicional, incluyendo manuales de operaciones, sistemas de gestión de seguridad, especificaciones técnicas y certificados complementarios. También deberán cumplir las normas argentinas cuando éstas resulten más exigentes que las vigentes en su país de matrícula.
Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el Gobierno dejó en claro su intención de reducir el peso de la empresa pública dentro del mercado aerocomercial. La privatización de Aerolíneas Argentinas figuró entre los objetivos iniciales del Ejecutivo, aunque esa posibilidad encontró obstáculos políticos en el Congreso. Frente a ese escenario, la estrategia oficial comenzó a orientarse hacia una apertura gradual del mercado mediante la incorporación de nuevos operadores privados y la flexibilización de las condiciones regulatorias.
En ese contexto, cada medida que facilita el ingreso de compañías internacionales modifica el escenario competitivo donde opera Aerolíneas Argentinas.La empresa de bandera mantiene una posición dominante en numerosas rutas domésticas y continúa siendo el principal operador de cabotaje. Sin embargo, en los servicios internacionales enfrenta desde hace años una competencia creciente con grandes grupos extranjeros que cuentan con escalas mucho mayores, estructuras financieras más robustas y flotas significativamente superiores.
La simplificación administrativa aprobada por la ANAC reduce costos regulatorios para esos operadores y puede acelerar la llegada de nuevas empresas o la expansión de aquellas que ya vuelan al país. Si bien el Gobierno sostiene que ello ampliará la oferta para los pasajeros, en el sector advierten que también puede afectar el equilibrio económico de la empresa estatal en las rutas de mayor rentabilidad.