Concentración de la riqueza: en una provincia proyectan recaudar $47.000 millones de 30 corporaciones

En Santa Fe presentaron una propuesta para que se pueda darle más impulso al desarrollo con un gravamen del 1,5% a las grandes exportadoras y bancos.

01 de mayo, 2022 | 00.05

A la par de la propuesta por gravar la renta inesperada, se inició un nuevo debate para reforzar las arcas sub-soberanas. Con sólo cobrarle el 1,5% a los ingresos de las 30 corporaciones más grandes, Santa Fe podría recaudar $ 47.000 millones. Con este capital, el tesoro local aumenta su capacidad para darle impulso al desarrollo y respuestas concretas a las urgencias de la población en un contexto con niveles de pobreza elevados.

El diputado provincial Carlos del Frade pretende crear el Fondo de Equidad Impositiva consistente en el uno y medio ciento de la facturación, al menos por única vez, de las principales diecinueve exportadoras y diez primeros bancos que operan en el territorio santafecino. “El gobierno podrá utilizar esa recaudación para responder las demandas sociales consecuencia de las políticas económicas nacionales de los últimos años y las propias necesidades del estado”, reza el proyecto al que tuvo acceso El Destape.

“Tiene que actuar la política pública para corregir los efectos de un desarrollo que termina siendo para pocos en detrimento de las grandes mayorías”, critica el legislador local. Existe una fenomenal concentración de riquezas basada, fundamentalmente, en la explotación del aire, la tierra, el agua, las rutas, los ferrocarriles, las comunicaciones y el trabajo. En estos casos, al tratarse mayoritariamente de empresas exportadoras, no pagan ingresos brutos y no es claro cuánto dinero deja en la provincia.

Las 20 exportadoras principales de las radicadas en Santa Fe suman ventas por $ 1.587.900 millones (dada su magnitud, para leerse más preciso: 1 billón 588 mil millones de pesos). Si se le cobrara solamente un 1,5% para la constitución del fondo, la recaudación en este segmento totalizaría $ 23.818 millones que le darían un respiro a las arcas locales.

En concreto, Aceitera General Deheza, factura anualmente $ 280.340 millones; ACA, $ 270.240 millones; Dreyfus, $ 250.600 millones; Cargill, $ 240.782 millones; Viterra, $ 132.900 millones; Bunge, $ 69.700 millones; Acindar, $ 57.790 millones; General Motors, $ 56.106 millones; Molinos, $ 40.067 millones; AFA, $ 30.600 millones; Dow, $ 28.293 millones; JBS (ex Swift), $ 26.193 millones; Terminal 6, $ 14.391 millones; Sipar, $ 24.293 millones; FRIAR, $ 22.682 millones; Minera Alumbrera, $ 17.246 millones; Renova, $ 14.717 millones; Nidera, $ 8.740 millones; y Terminal Puerto Rosario, $ 2.300 millones.

Por otro lado, el sistema financiero tuvo más del doble de ganancias que durante los últimos quince años, según el informe sobre bancos que elabora el Banco Central. Más de la mitad de las ganancias del sistema financiero provienen de siete bancos privados. De acuerdo a todos los cálculos oficiales, la economía santafesina generalmente representa entre el 6% y el 8% de los movimientos nacionales en cualquier tipo de actividad económica.

Por eso, el proyecto de Del Frade pretende cobrarles también un gravamen por el 1,5% de la facturación de las diez principales instituciones bancarias. El Banco Nación tuvo ingresos en 2020, por $ 395.000 millones; el Banco de Santander, $ 208.207 millones; el Banco Macro, $ 181.391 millones; el Banco Galicia, $ 172.531 millones; el BBVA, $ 141.027 millones; el Banco Provincia de Buenos Aires, $ 137.490 millones; el Banco Credicoop, $ 90.435 millones; el Banco Patagonia, $ 77.929 millones de pesos; el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, $ 75.511 millones; y el HSBC Bank Argentina, $ 71.796 millones.

Esta suma totalizaba 1 billón 551.317 millones de pesos. Por lo tanto, se podría recaudar para el fondo unos $ 23.269 millones en un año, que podrían utilizarse en una ayuda concreta y material para las familias desocupadas en el territorio.

Entre las 19 exportadoras y los 10 principales bancos, el estado santafesino, ante el grado de urgencia social y económica, podría constituir un Fondo de Equidad Impositiva de $ 47.087,75 millones. Una suma que podría derivarse a la atención de muchos problemas concretos.

Seis meses de una hidrovía estatal

Se cumplieron seis meses en marzo desde el inicio de la gestión pública de la vía navegable troncal. De acuerdo al último reporte, la Administración General de Puertos sostuvo y mejoró las condiciones de navegabilidad de la ruta por la que salen cerca del 80% del total de las exportaciones del país, pese a la histórica bajante del Río Paraná, que seguirá por varios meses más según las estimaciones del INA.

En ese contexto, “el Estado demostró eficiencia administrativa con una ganancia que ronda un superávit parcial en el periodo septiembre-marzo”, plantearon en un comunicado desde la AGP. Esta ganancia se volcará en mejoras para la vía como el convenio con UBATEC para incorporar tecnología a la traza.

También se invirtió en la incorporación de modernos equipos, como las nuevas linternas de las boyas -con paneles solares que abastecen su energía, transmisión de datos en tiempo real y tecnología led de larga duración-. Además, se amplió la infraestructura sumando nuevas boyas e hidrómetros, según el informe mensual más reciente.

La gestión pública también implicó buscar proveedores nacionales, con una mejora para el desarrollo del sector productivo y su respectivo impacto en el empleo, en las distintas licitaciones públicas que se realizaron.

Los operativos en la Aduana

Una investigación realizada por la Dirección General de Aduanas (DGA) permitió desarticular una red internacional de narcotraficantes que intentó ingresar a España 540 kilos de cocaína en un embarque proveniente desde Asunción, Paraguay, que hizo escala en puertos argentinos. Los controles y alertas de las autoridades argentinas permitieron que en España se detectara la cocaína que estaba escondida en un contenedor repleto con tarimas de madera.

La articulación de la DGA con su contraparte española permitió a las fuerzas de seguridad de ese país detener esta semana a 10 integrantes de la organización en Cádiz y Sevilla. Como resultado de los controles y verificaciones realizados sobre el embarque proveniente de Asunción, la Aduana argentina remitió una alerta a su par española donde indicaba la posibilidad de que en ese contenedor hubiera material sospechoso de narcotráfico. Por esa razón, el personal de la aduana española decidió abrirlo y realizar una inspección exhaustiva en la que fue detectada la droga.

La inspección en la que se detectó la droga se hizo en Algeciras, España, una de las escalas intermedias que tenía el buque hasta su arribo final en Sevilla. La alarma transmitida se despertó en la Aduana argentina al constatar diferencia de peso entre la declarada en Paraguay por la empresa exportadora y la verificada por las autoridades aduaneras en la terminal Sud del puerto de Buenos Aires, donde se realizó el trasbordo.

Las autoridades aduaneras argentinas escanearon el contenedor y verificaron sus precintos en los días en los que estuvo en Buenos Aires, sin que arrojara irregularidades debido al método de ocultamiento. Sin embargo, se verificó una diferencia de peso entre la documentación y lo que mostró la balanza al momento de su pesaje, por lo que se le dio aviso de manera preventiva al Departamento de Aduanas español.

Tras salir de Argentina, el barco pasó por Marruecos y luego arribó al puerto español de Algeciras. Allí y a raíz de la alerta argentina, el Servicio de Vigilancia Aduanera de España encontró escondidos entre la carga del contenedor más de 500 paquetes con un kilo de cocaína cada uno, en panes envueltos con un plástico con un logo que decía “Japón” y la bandera de ese país.

El gobierno español avanzó con la investigación y, en diversos procedimientos llevados adelante por la Policía Nacional de ese país, logró detener a 10 personas involucradas en el tráfico del estupefaciente en localidades de Cádiz y Sevilla.

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