La Justicia de Estados Unidos volvió a fallar en contra de la Argentina en el litigio vinculado con la expropiación de Aerolíneas Argentinas. La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia desestimó el recurso presentado por el Estado y confirmó la obligación de abonar unos U$S 391 millones al fondo Titan Consortium.
Según pudo confirmar El Destape, la empresa no fue afectada en términos jurídicos, sino el Estado, por lo cual no deberá desembolsar el costo del castigo que llegó desde los tribunales norteamericanos. De este modo, quedó firme la decisión que ordena indemnizar al fondo de inversión con U$S 390,9 millones, más los intereses correspondientes.
El conflicto se originó a partir de un laudo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo arbitral del Banco Mundial. Si bien este tipo de resoluciones no puede ejecutarse de manera directa, constituye un antecedente que permite a los demandantes solicitar su reconocimiento ante tribunales nacionales para avanzar con el cobro.
En este caso, la Cámara de Apelaciones confirmó el criterio adoptado previamente por un tribunal de primera instancia, que ya había rechazado los planteos de la Argentina para dejar sin efecto la demanda impulsada por Titan Consortium.
Una disputa que comenzó tras la expropiación de 2008
La controversia tiene su origen en la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, concretada en 2008, cuando ambas compañías estaban bajo el control del grupo español Marsans.
Inicialmente, el reclamo internacional fue promovido por Marsans ante el CIADI. Posteriormente, los derechos derivados de esa demanda fueron transferidos al fondo Burford Capital —conocido también por su participación en el juicio por la expropiación de YPF— y, finalmente, quedaron en manos de Titan Consortium.
El tribunal arbitral falló a favor de los demandantes en 2017. La Argentina intentó revertir esa decisión mediante un pedido de anulación, pero el CIADI lo rechazó en 2019. Más tarde, en 2024, la Justicia estadounidense reconoció la validez del laudo y ordenó al Estado argentino pagar la indemnización.
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Un acuerdo frustrado y el riesgo de embargos
Durante noviembre del año pasado, ambas partes mantuvieron negociaciones para alcanzar un entendimiento que permitiera cerrar el conflicto sin nuevas instancias judiciales. Las conversaciones incluían el monto definitivo de la deuda, los intereses y la modalidad de pago.
Sin embargo, ese acuerdo nunca llegó a concretarse. La Argentina modificó su estrategia legal y decidió no avanzar con la cancelación de la sentencia.
A raíz de esa decisión, Titan Consortium inició gestiones para ejecutar el fallo mediante el embargo de activos argentinos en el exterior. No obstante, ese proceso enfrenta importantes dificultades, ya que localizar bienes soberanos susceptibles de ser embargados suele resultar complejo por las protecciones legales que amparan a los Estados.
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