A poco más de un año de la aprobación de la Ley Bases y a un día del vencimiento de las facultades delegadas que esta ley le otorgó al Poder Ejecutivo, el balance es de un sinfín de disoluciones, desregulaciones y privatizaciones, expresadas en más de 150 normativas emitidas por el presidente Javier Milei.
Así lo resumió el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en un informe en el marcó que la delegación al Poder Ejecutivo que el Congreso autorizó mediante la Ley Bases habilitó al dictado, por parte de la Casa Rosada, de 157 normas con rango de ley entre el 10 de diciembre de 2023 y el 4 de julio de 2025, de los cuales 75 son Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y 82 sin decretos delegados.
Disoluciones
La Ley Bases también permitió al Poder Ejecutivo disolver varios organismos durante el último año. Entre ellos se encuentran el Ente Nacional de Control y Gestión de la vía navegable, la AFIP (hoy ARCA), el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), el Programa Nacional de Inversiones Turísticas y el Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven, además de distintos regímenes de promoción de ganadería ovina y llamas, ganadería bovina de zonas áridas y producción algodonera.
En paralelo, se disolvieron numerosos fondos fiduciarios, remarcó el CEPA en el informe. De este modo, Milei procedió a la eliminación de programas vinculados a viviendas y hábitat como el PROCREAR, el Plan de Vivienda Social, el Fondo para construcción de viviendas de distintas fuerzas policiales e incluso el Fondo de Integración Socio Urbana. También fueron disueltos otros fondos de promoción tecnológica y científicas, así como el Fondo Nacional de Emergencias, el Fondo Fiduciario PROGRESAR, el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata y el Fideicomiso del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura familiar.
Transformaciones
Por otro lado, la Ley Bases permitió que se avanzara en la modificación de organismos de distinto tipo, tales como la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval, la Policía Federal (nuevo estatuto), la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, e incluso la Comisión Nacional para los Refugiados.
También en este caso el avance se realiza sobre regímenes diversos, tales como: la supresión de las funciones de ANSES relativas a otorgamiento de créditos, la modificación de la ley de Argentores, o la eliminación del reconocimiento el derecho al acceso a la vivienda de aquellas personas en situación de calle y familias sin techo.
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Además, se habilitó a transformaciones "atravesadas por una mirada 46 ideológica, en contra de las políticas de Derechos Humanos (como los vinculados al Museo de la Memoria y al Sitio ESMA) y en contra de íconos de la cultura y la historia argentina (Institutos Sanmartinianos, Yrigoyeneano, Eva Perón, Comisión de bibliotecas populares, Instituto de Asuntos Indígenas, entre otros), además de desregulaciones orientadas a eliminar controles y mecanismos de promoción de otros sectores particulares", detalló el CEPA.
Privatizaciones
A su vez, la reglamentación de la Ley Bases estableció los mecanismos para avanzar con la enajenación, ya sea total, parcial o mediante concesiones, de las siguientes firmas: Energía Argentina S.A. (ENARSA); Intercargo; Agua y Saneamientos Argentinos (AySA); Belgrano Cargas; Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE); Corredores Viales; Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) y del Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético operado por Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
Durante el último año de vigencia de la Ley Bases, el Gobierno también impulsó la privatización de otras empresas u organismos, sin lograrlo plenamente pero avanzando en diverso grado. En este plano se encuentran Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación, Correo Argentino, Trenes Argentinos Capital Humano, Casa de la Moneda y las represas de Comahue, entre otras empresas que precisó el CEPA.
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