La ley de glaciares ante el cambio climático y un desvirtuado federalismo concertado

La administración Milei fracasó en su intento de llevar al recinto del Senado los cambios propuestos en la ley de Glaciares que en la práctica significará – de aprobarse- un vaciamiento del objeto original de la norma. La iniciativa del Poder Ejecutivo corre al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA - Conicet) de la definición de lo que se debe cuidar y delega tal decisión en el criterio político (empresarial) de cada provincia.

Se rompe así el principio unificador de los presupuestos mínimos que debe ser establecido por el Estado nacional, tal como lo estableció la Corte Suprema de Justicia en un caso donde avaló la constitucionalidad de la Ley de Glaciares cuestionada por la minera Barrick y la provincia de San Juan.

La modificación obedece, justamente, a las presiones de la Mesa del Cobre, presidida por el gobernador de San Juan (Marcelo Orrego) y la Mesa del Litio, a cargo del gobernador de Catamarca (Raúl Jalil). Las empresas mineras reclamaban que la definición de lo que se llama ambiente periglacial quede sujeto a la decisión de las provincias con las que mantienen diálogo permanente. Se quiebra una definición científica sobre el objeto a cuidar (en definitiva, las cuencas de agua) por uno económico, quizás sin puentes comunicantes entre uno y otro.

Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) denunciaron que “es un proyecto a medida de un puñado de emprendimientos”. “Se altera el objeto de protección para calzar proyectos mineros que hoy no cumplen los requisitos de protección de la ley de glaciares vigentes. En otras palabras, es una ley a medida”, sostuvo Andrés Nápoli, titular de FARN, en diálogo con El Destape.

“En la ley original había un tema con la definición de lo que es periglacial al mismo tiempo en que la minería es una actividad legítima. Pero había que hacerlo bien. Me parece que existe una falta de interés para congeniar la minería con el ambiente. Y lo que se nota es que del lado de las empresas mineras no existe una real preocupación por obtener la mejor ley posible. Este es un proyecto explícitamente regresivo”, sostuvo en diálogo con El Destape Elizabeth Möhle, investigadora de la organización Fundar y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

El lobby privado para modificar la Ley de Glaciares provino de un puñado de empresas mineras, entre ellas McEwen Copper, Río Tinto, con intereses tanto en el litio como en el cobre, la automotriz Stellantis y Glencore conjuntamente con el financiamiento de JP Morgan, el grupo árabe Maser Group junto al Saudi EXIM Bank.

Una definición que lo cambia todo.

Desde la industria minera junto a las gobernaciones de San Juan –en representación de la Mesa del Cobre- y Catamarca por la Mesa del Litio indicaron que los cambios propuestos a la Ley de Glaciares traerían las definiciones que actualmente se encuentran ausentes en el proyecto original.

“Una regulación clara y precisa, que permita identificar con rigor técnico cuando se cumple con las funciones de reserva estratégica de agua y recarga de cuencas, no sólo refuerza la protección ambiental, sino que también mejora la calidad de los procesos de evaluación de impacto ambiental, fortalece el control estatal y contribuye a una gestión hídrica más eficaz, transparente y sustentable”, explicaron desde el Grupo de Empresas Exploradoras de la República Argentina (GEMERA). ¿Será tan así?

“Los que van a determinar cuáles son los glaciares a defender son las provincias y esto altera el sistema establecido por la Constitución Nacional. Las provincias pueden dictar normas complementarias, es un piso hacia arriba. Son ellas las que habilitan los emprendimientos mineros, por lo tanto, no se les vulnera el derecho que poseen sobre los recursos. Pero deben hacerlo sobre el piso de protección que fija Nación. Con esta ley bajan el piso. Es una ley hecha a medida”, argumentó Nápoli.

La ley de Glaciares se construyó durante mucho tiempo. Pasó por un primer veto durante la gestión de CFK hasta conseguir su aprobación en 2010; además, la provincia de San Juan junto a la Barrick quisieron declararla inconstitucional hasta que la Corte Suprema declaró su plena vigencia. Se construyó un amplio consenso democrático alrededor de la norma.

“Se cambia el objeto y la forma de protección. No tiene sentido proteger los glaciares sin el ambiente periglacial. Hay que tener una mirada sistémica y, muchas veces, los que vienen de la economía no lo entienden. No podés cortar algo al medio; cada cuerpo de hielo funciona con sus propias características. Todo lo que se incorporó en el glosario de glaciares fue a partir de criterios científicos”, explicó Pía Marchegiani, abogada (Universidad de Buenos Aires), Magíster en Estudios Globales (Universidad de Friburgo, Alemania y Universidad de Kwazulu-Natal, Sudáfrica) e investigadora de FLACSO.

La modificación es sutil pero no tanto. Se cambia la palabra “ambiente periglacial” por geo formas periglaciales y solo se protegerán aquellos cuerpos que tengan “relevancia hídrica real”. Se quiebra la mirada sistémica. Cada provincia definirá por su cuenta, cuando se sabe que el agua de un glaciar no reconoce fronteras. El Instituto especializado en el estudio de estas cuencas queda prácticamente afuera de la norma.

La Jurisprudencia de la Corte

“Que mejor que las provincias para cuidar sus propios recursos, ellas son las dueñas de los recursos. Y a los ambientalistas les digo, ustedes que quieren poner paneles solares, para eso se necesita cobre”, enfatizó – con tono bastante despectivo- Alfredo Vitaller, directivo de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, durante su exposición en la comisión de ambiente y minería de la Cámara alta. Este empresario fue una pieza clave en el desarrollo de los proyectos Josemaría y Filo del Sol, unificados bajo el nombre de Vicuña Corp, fusión entre Lundin Mining y BHP.

El artículo 124 de la Constitución nacional, que establece el dominio originario de los recursos naturales en las provincias (quizás este sea el principal problema que amerite en un futuro una revisión constitucional) y el artículo 41 sobre el cuidado del ambiente y los presupuestos mínimos van de la mano. A las mineras siempre les interesó que todo el poder de decisión recayera sobre las provincias, sobre las que pueden ejercer, a priori, un lobby más efectivo. ¿Sino cómo se entiende el intento de la Barrick y la provincia de San Juan para declarar como inconstitucional la ley de glaciares?

En 2019, la Corte Suprema de Justicia falló en contra de la provincia de San Juan y la Barrick. Desde entonces, se creó una jurisprudencia que sigue poniendo a la Nación como el armonizador de los bienes a proteger –teniendo en cuenta que un glaciar, por ejemplo, posee incidencia sobre varias provincias- en sintonía con los derechos de las provincias.

“Los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional deben ser interpretados buscando adaptar la gestión de los recursos naturales a las directivas de la cláusula ambiental, para cumplir de la forma más fidedigna posible un mecanismo propio del federalismo concertado que estableció el constituyente reformador de 1994. La tarea de concertación federal es primariamente de las autoridades políticas nacionales y provinciales, que deben conjugar intereses para potenciar el cumplimiento del texto constitucional, sin vaciar de contenido el modelo federal del Estado ni el proyecto ambiental de la Constitución”, puede leerse en la sentencia de 2019 que llevó las firmas de Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.

En otro fallo del Máximo Tribunal vinculado a un conflicto entre Mendoza y La Pampa (2017) se estableció que “la concepción misma de la cuenca hídrica es la de unidad, en la que se comprende al ciclo hidrológico en su conjunto, ligado a un territorio y a un ambiente en particular”. En dicha resolución se resaltaba la interdependencia entre las diversas partes del curso de agua, en particular los usos y efectos de los recursos hídricos y demás recursos naturales, que debían ser usados y conservados en forma integrada.

“El ambiente no reconoce fronteras. Las reservas estratégicas del agua no tienen fronteras y sirven tanto para la agricultura, el vino en el caso de Mendoza, para las personas y para la vida del propio ecosistema. Las empresas mineras decían que necesitaban una mejor definición sobre el alcance de la ley pero tal como quedó formulado en el proyecto, la definición sobre la relevancia hídrica quedó a criterio de cada provincia, sin una mirada que unifique los impactos interjurisdiccionales de esas cuencas”, explicó Marchegiani.

Es una suerte de balcanización de la mirada protectora sobre los recursos hídricos. Y para consumarlo, el proyecto del Ejecutivo busca quitarle toda relevancia al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Conicet).

El cambio climático ya llegó

Argentina es uno de los países con mayor cantidad y diversidad de glaciares en el mundo. De acuerdo a los datos que surgen del Atlas de Glaciares, en Argentina existen 16.968 cuerpos de hielo que ocupan una superficie de 8484 kilómetros cuadrados a lo largo de más de 5000 kilómetros de extensión.

Existen 36 cuencas con presencia de glaciares, agrupados en cinco regiones: Andes desérticos, Andes centrales, Andes del norte de la Patagonia, Andes del sur de la Patagonia y Andes de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Santa Cruz es la provincia con la mayor superficie de glaciares (con el Perito Moreno a la cabeza), mientras que en San Juan y Mendoza se concentran la mayor cantidad de ellos. La ley de glaciares no obtura la actividad minera sino que buscar ordenar las diferentes actividades desarrolladas por las comunidades y el cuidado del ambiente, en un contexto donde el cambio climático es una realidad, por más que a Milei y Donald Trump les cause escozor la sola mención del término.

“En la actualización del inventario de glaciares sobre la región de los Andes Desérticos se observó que entre 2018 y 2023 hubo una reducción del 17 % en la superficie de los glaciares y del 23 % en los manchones de nieve perennes. Esto fue producto del aumento de las temperaturas y una disminución de las precipitaciones. Son las consecuencias del cambio climático”, argumentó Pablo Villagra, director del IANIGLA, durante su participación en el debate del plenario de las comisiones de ambiente y minería.

Al finalizar su exposición, la senadora Alicia Kirchner le preguntó si habían sido consultados por las autoridades nacionales en relación a los cambios introducidos en el proyecto de ley.

“No fuimos consultados sobre los cambios que se proponen en este proyecto. Le quitan toda la autoridad al Instituto, casi que desaparece en su rol de definir qué es un glaciar y un ambiente periglacial”, respondió Villagra.

Los representantes de las empresas mineras son los que hicieron lobby en contra del Instituto. “¿Hay 16.000 glaciares y solamente fueron ver en el territorio seis? Ahora se van a poder hacer estudios específicos. Y que mejor que las provincias cuidando sus propios recursos. Hacia el 2035 se va a duplicar la demanda de cobre. Tenemos una ventana de oportunidad única. Y a los ambientalistas les digo, ustedes que quieren poner paneles solares, para eso se necesita cobre”, lanzó con aire despectivo Vitaller.

Cuando finalizó su intervención, la senadora Kirchner le formuló la misma pregunta que a Villagra. “¿Fueron consultados?”. “No de manera directa pero nosotros hace mucho que tenemos diálogo permanente con las provincias”, respondió el representante de la cámara empresarial.

Si la delimitación de lo que es un ambiente periglacial no siempre es clara, las provincias podrían implementar junto al IANIGLA evaluaciones in situ para llevar adelante las evaluaciones de impacto ambiental. Sería una mejora institucional razonable. Pero el proyecto presentado oficialmente va en un sentido opuesto.

“Están pensando solamente en el desarrollo económico y al mismo tiempo no dejan de actuar como una economía de enclave donde solamente importan las divisas. Para generar desarrollo local, necesitas pedirle a la actividad minera infraestructura, esto debe quedar bien explicitado, desarrollo de proveedores, políticas de responsabilidad corporativas para el desarrollo local. En la agenda del Gobierno no existe nada de todo esto. En el RIGI tampoco. Y lo más fuerte de todo, la presión para desproteger un glaciar que interfiere con un proyecto minero será directa. Se rompe el principio de presupuestos mínimos ambientales”, profundizó Elizabeth Möhle, investigadora de Fundar y la UNSAM.

La voz de las comunidades

“Se altera el objeto de protección para calzar proyectos mineros que hoy no cumplen los requisitos de protección de la ley de glaciares vigentes. En otras palabras, es una ley a medida”, sostuvo el titular de FARN en diálogo con El Destape.

Son un puñado de proyectos y empresas los que están detrás de este cambio normativo. Uno de ellos es Proyecto Los Azules, ya aprobado por el RIGI. Del mismo participa la canadiense McEwen Copper, junto a una subsidiaria de Río Tinto llamada Nuton y la automotriz Stellantis (Países Bajos). Detrás de este proyecto se encuentran los fondos JP Morgan Chase, UBS Group AG, Blackrock Inc, Morgan Stanley, y Vanguard Group Inc.

Las otras iniciativas son Proyecto El Pachón y proyecto MARA, bajo la gestión de Glencore. Los bancos vinculados a esta operación son JP Morgan, Saudi EXIM Bank, y Maser Group. El último es el proyecto Josemaría, bajo la gestión de Vicuña Corp, el joint venture entre Lundin Mining Corp y BHP.

Río Tinto tiene un pie tanto en el cobre como en el litio a través de Arcadium Lithium, el proveedor de Tesla (Elon Musk) en el país.

“La minería no nos va a dejar sin agua. Pero el desarrollo de proyectos de tal envergadura en zonas ambientalmente delicadas exige transparencia, controles estrictos, proyectos bien diseñados y capacidades estatales fuertes”, sostiene Möhle. Pero La Libertad Avanza contra las comunidades, en complicidad con muchos mandatarios provinciales.

Jujuy fue un perfecto laboratorio para la extrema derecha, desde la detención ilegal de Milagro Sala por “el general” Gerardo Morales en adelante. Un denominador común que atravesó administraciones – también la del experimento fallido del Frente de Todos- fue y es la desesperación enorme para traer inversiones. En el medio, las comunidades.

“En Jujuy avanzaron con una reforma constitucional y otros cambios de impacto ambiental; también quieren sacarse de encima la consulta popular a las comunidades que poseen una historia de cientos de años en el territorio, que poseen sus propias actividades económicas, explotan la sal en forma cooperativa, hacen agricultura, artesanías. Todo esto choca con la escasez hídrica, el agua es poca. La protesta social en Jujuy lleva más de 15 años. Las comunidades gritan ´estamos hace más tiempo nosotros, no queremos el litio´”, reflexionó Marchegiani.

¿Habrá otro destino por fuera de ser una economía de enclave?