La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzó a enviar comunicaciones electrónicas a trabajadores en relación de dependencia por inconsistencias detectadas en las deducciones informadas en el Impuesto a las Ganancias. Las observaciones surgieron del cruce entre las cargas realizadas en el Siradig y las liquidaciones anuales confeccionadas por los empleadores mediante el formulario F.1359, y encendieron alertas entre contribuyentes que ingresaron o evalúan ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias impulsado por el gobierno de Javier Milei.
Las diferencias detectadas abarcan deducciones vinculadas con gastos de indumentaria y equipamiento, aportes previsionales, vehículos utilizados por corredores y viajantes, aportes a Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y cargas de familia. Aunque desde el organismo aclararon que no se trata todavía de intimaciones formales ni de determinaciones de deuda, las comunicaciones abrieron interrogantes sobre el alcance de los controles y el riesgo de perder beneficios fiscales asociados al nuevo esquema.
La preocupación se concentra especialmente en el denominado “tapón fiscal” incluido dentro del Régimen Simplificado de Ganancias, una herramienta promovida por el Ministerio de Economía para incentivar la exteriorización de ahorros no declarados y facilitar la regularización patrimonial. Ese mecanismo limita futuras revisiones sobre incrementos patrimoniales de ejercicios anteriores, pero la normativa prevé que el beneficio puede caerse si ARCA detecta “discrepancias significativas” entre lo declarado por el contribuyente y el impuesto finalmente determinado por el organismo.
Actualmente, una diferencia igual o superior al 15 por ciento podría encuadrarse dentro de esa categoría. Ese umbral es el que comenzó a generar inquietud entre asalariados que utilizaron deducciones para reducir el monto a pagar de Ganancias y ahora reciben avisos preventivos del fisco.
Las notificaciones fueron emitidas a través del Sistema de Acciones de Control Electrónico (Siace), una herramienta utilizada por ARCA para fiscalizaciones digitales. Según explican tributaristas, se trata de una etapa preliminar de revisión que busca que el contribuyente corrija inconsistencias antes de que las liquidaciones queden firmes. Sin embargo, el contexto en el que aparecen esos controles alimentó las dudas.
El Gobierno viene impulsando desde hace meses distintos mecanismos para captar dólares fuera del sistema formal y ampliar la base de contribuyentes adheridos a esquemas de regularización. En ese marco, el Régimen Simplificado de Ganancias fue presentado como una vía para otorgar mayor previsibilidad fiscal a quienes exterioricen fondos o regularicen activos. La posibilidad de que diferencias detectadas en deducciones laborales terminen afectando ese beneficio genera ruido incluso entre especialistas que acompañaron inicialmente la propuesta oficial. Fuentes del sector tributario señalaron que en las últimas semanas hubo reuniones entre funcionarios del Ministerio de Economía y asesores impositivos para analizar cómo serán evaluadas las inconsistencias detectadas por ARCA y si corresponde introducir modificaciones reglamentarias que eviten desalentar adhesiones al régimen.
El trasfondo de la discusión también expone un cambio en la estrategia de fiscalización. Con una estructura estatal reducida y una fuerte apuesta por la digitalización de controles, ARCA profundizó los cruces automáticos de información entre declaraciones juradas, consumos, registros patrimoniales y datos suministrados por terceros. En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, el Siradig se convirtió en una de las principales fuentes para detectar diferencias en deducciones cargadas directamente por los contribuyentes.
En estudios contables y áreas de recursos humanos de empresas comenzaron a multiplicarse las consultas de empleados que recibieron mensajes electrónicos del organismo. Muchos de ellos temen que observaciones sobre deducciones relativamente menores puedan derivar más adelante en reclamos fiscales o afectar su situación frente al régimen simplificado. Los especialistas remarcan que, por ahora, las comunicaciones no implican automáticamente ajustes ni sanciones. Pero advierten que ignorarlas puede derivar en futuras controversias si el organismo considera que existieron deducciones improcedentes o inconsistencias reiteradas.
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