El Gobierno Nacional dio un nuevo paso en el proceso de privatización del sistema vial argentino, con la preselección de empresas que competirán por la concesión de cuatro nuevos tramos de la Red Vial Nacional bajo el esquema de obra pública por peaje. De este modo, se expande el cobro a los usuarios de las rutas por nuevas regiones del interior del país.
La medida, formalizada por el Ministerio de Economía a través de la Resolución 884/2026, implica un avance concreto en la transferencia de la administración, mantenimiento y explotación de rutas nacionales a operadores privados.
La resolución aprueba lo actuado en la primera etapa de la Licitación Pública Nacional e Internacional correspondiente a los tramos Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte de la denominada “Red Federal de Concesiones - Etapa II-B”, que abarca a parte de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y San Luis.
El proceso incluye la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de esos corredores, además de la prestación de servicios al usuario y la posibilidad de desarrollar explotaciones complementarias para obtener ingresos adicionales.
En términos prácticos, la medida consolida el esquema elegido por el Gobierno para el sistema vial nacional: menos gestión estatal directa y más concesiones privadas financiadas con peajes. Aunque la resolución no detalla nuevos cuadros tarifarios ni valores específicos, sí confirma que los tramos serán explotados bajo el régimen de concesión por peaje, lo que apunta a expandir el cobro sobre rutas nacionales que conectan regiones productivas y logísticas del interior.
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Cómo sigue el proceso de privatización de las rutas nacionales
La decisión se enmarca en la privatización total de Corredores Viales S.A., empresa que la Ley 27.742 declaró “sujeta a privatización”. Luego, el Decreto 97/2025 autorizó que ese proceso se realizara bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje, un esquema que permite al concesionario financiar la operación y las obras mediante el cobro a los usuarios.
Según la documentación oficial, en la licitación participaron 18 firmas, que presentaron 41 ofertas. Tras la evaluación de antecedentes técnicos, legales y económico-financieros, Economía desestimó una serie de propuestas y precalificó a distintos grupos empresarios para competir en la segunda etapa, en la que se abrirán las ofertas económicas.
Entre las firmas que quedaron habilitadas figuran Rovella Carranza-JCR; IEB Construcciones-Trading MRG; CPC; Cartellone-Guigivan; Luciano Construcciones; BASAA-CECOSA; Paolini-Semi-C&E-Constructora Dos Arroyos; Panedile-Supercemento-Eleprint; José J. Chediack-Benito Roggio; y Creditech-Plantel, entre otras. Esta última había sido inicialmente excluida, pero el Ministerio hizo lugar a su impugnación y la incorporó nuevamente al proceso.
La apertura del Sobre N° 2, con las ofertas económicas de las firmas precalificadas, fue fijada para el 6 de julio de 2026 a las 11, a través del portal CONTRAT.AR. Esa instancia será clave para definir qué empresas avanzarán hacia la adjudicación de los corredores.
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